martes, 25 de abril de 2017

TRABAJO Y CAMBIO TECNOLÓGICO: ¿SÓLO DESCONEXIÓN DIGITAL?

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ
Magistrado especialista TSJ Cataluña

En las últimas semanas han aparecido distintas informaciones sobre la posibilidad de implantación de la denominada desconexión digital en este país; por tanto,  el reconocimiento del derecho de las personas asalariadas a no estar pendiente de comunicaciones laborales fuera de su horario de trabajo. Se trata de un simple mimetismo de la descafeinada normativa francesa al respecto, tras la entrada en vigor de la denominada Loi El Khomri.
De entrada el lector puede tener la sensación de que se trata de una excelente idea, en tanto que esa posibilidad comportaría limitar el ámbito de las obligaciones de prestación de servicio a los concretos límites temporales a los que se circunscribe el horario laboral. Sin embargo, si reflexionamos un poco más sobre la cuestión emergen dudas importantes.

* Un cambio radical en las formas de trabajar

Las nuevas tecnologías están presentes en el mundo de las relaciones laborales desde hace ya más de tres décadas. Y lo están con creciente intensidad, en forma tal que las formas de trabajar actuales tienen escasa vinculación con las anteriores al cambio tecnológico.  
Uno empieza a tener ya cierta edad. Y si intento recordar cómo hacía un recurso de suplicación hace treinta y cinco años (era entonces un aprendiz de abogado) rememoro que me sentaba ante una máquina de escribir, colocaba los variados folios con su correspondiente papel carbón –teniendo a mano  aquél Tipex que te untaba de blanco los dedos- y así había que ir escribiendo poco a poco, meditando previamente cada frase. Pero antes, debía diseñar la “trama” del recurso y haberme provisto de las fotocopias de las sentencias y la normativa aplicables tras una búsqueda –a veces complicada- en los inagotables tomos de jurisprudencia y legislación. Un error en esa operación de confección del recurso devenía fatal, en tanto que obligaba a volver a empezar. El escrito así obtenido debía presentarse en el juzgado al día siguiente (o, entonces, en el juzgado de guardia, antes de las doce de la noche si finía el plazo)
Hoy un abogado que se enfrente a esa situación lo hace en forma radicalmente distinta: empieza a escribir por dónde quiere, rectifica lo que no le parece adecuando en el momento que cree oportuno, readecúa el texto cuándo le viene en gana, incluye –el maldito “corta y pega”- textos de sentencias, de legislación o de doctrina que obtiene fácil e inmediatamente de una base de datos on-line, etc. Y el recurso se presenta en el mismo momento de su finalización a través de LexNet.
Comparemos el resultado de ambos escenarios: mis recursos ocupaban, como mucho, cinco o seis páginas y tenía que dedicarles, con suerte, toda una tarde. El abogado de hoy puede escribir los suyos en menos tiempo con una extensión de muchas decenas de folios (para desesperación del ponente en el tribunal al que corresponda en reparto). Conclusión de esta breve reflexión propia: las formas de trabajar –y de pensar en el trabajo- de un abogado han sufrido un cambio radical por causa de las nuevas tecnologías. Y ello ha ocurrido en un sector en principio tan “artesanal” como el de los juristas…
Estas modificaciones en la forma de trabajar ya no son las microdiscontinuidades que caracterizan –como afirma el maestro ROMAGNOLI- nuestra disciplina: se trata de un cambio sísmico que está afectando a la orografía del iuslaboralismo.

*  Los inexplicables silencios del legislador, las insuficiencias de la negociación colectiva y el papel de los jueces

Pues bien, en esa tesitura no deja de llamar la atención que el legislador siga mirando hacia otra parte y permanezca ajeno a las implicaciones que ese choque en las capas tectónicas está teniendo en el contenido de derechos y obligaciones del contrato de trabajo. Si acudimos a la norma básica en materia de relaciones laborales, el Estatuto de los Trabajadores (ET), podremos comprobar como la mención a la tecnología es prácticamente inexistente. Aparte de la indeterminada referencia a la “técnica” contenida en los artículos 12,4 e), 39.2, 40.1 y 4, 41,1, 45.1 j), 47, 49.1 i), 51.1, 52 b) y 82.3) el ET únicamente  utiliza el término “tecnológico” en la letra b) del artículo 68 –en relación a la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores, como sinónimo de causas técnicas-. Sólo el artículo 19.4 (como el artículo 19.1 LPRL) contiene una previsión normativa al respecto en materia de prevención de riesgos laborales (en un precepto, además, que no es otra cosa que la transposición de la Directiva 89/391/CEE). La conclusión resulta evidente: con la única salvedad de una puntual mención en salud laboral, la norma legal que por mandato constitucional deviene el eje central en la regulación del contrato de trabajo contempla el cambio tecnológico únicamente desde la perspectiva de lo que se conoce como flexibilidad interna o externa, situándolo en el marco de las medidas legales de reestructuración; esto es: el impacto del cambio tecnológico en las necesidades de gestión de mano de obra de la empresa. Ninguna mención a los derechos de los trabajadores ante el nuevo paradigma…
Podría pensarse que esa anomia ha sido cubierta por la negociación colectiva. Pero ocurre que no es así: si acudimos al Anuario de Estadísticas Laborales del 2015 publicado por el MEYSS podremos comprobar como apenas el 3,2 por ciento de los convenios registrados en ese período hacían mención a la regulación de la implantación de nuevas tecnologías (en porcentajes prácticamente inmodificados en los últimos años).
La inexistencia de una normativa reguladora del cambio tecnológico pone en evidencia un grave problema: el marco jurídico de las relaciones laborales está diseñado para un escenario que ya no es actual. Y en tanto que las garantías históricas devienen desfasadas –porque están pensadas sobre un modelo obsoleto- la desigualdad contractual entre las partes comporta que se incrementen en la práctica las potestades decisorias de los empleadores en detrimento de las tutelas las personas asalariadas.
Hace tiempo que he llegado a la conclusión que los silencios de la ley ante los grandes cambios del mercado de trabajo obedecen a una clara voluntad desreguladora. El legislador lleva casi un cuarto de siglo interviniendo, cual  elefante en cacharrería, en el complejo juego de derechos y obligaciones de lo que podríamos denominar “flexibilidad contractual”; pero lo ha hecho sólo en beneficio de una de las partes, negándose a regular el carácter bidireccional de esa flexibilidad (el empleador tiene concretos mecanismos de modificar horarios y condiciones de trabajo, pero esa opción no se contempla para el trabajador, más allá de declaraciones genéricas). Ese parcial intervencionismo se explica por razones de productividad y de adaptación de la producción. Sin embargo, la ley guarda un ominoso silencio ante los numerosos cambios del modelo de relaciones laborales; así ocurre, como se acaba de ver, respecto a los cambios derivados de los nuevos medios de producción. Pero ocurre también ante las nuevas formas de organización de la empresa (grupos de empresa, empresas-red, etc.) y de organización de la producción (externalización). Esas carencias del marco legal sólo son explicables por dos motivos: o una manifiesta ineptitud o, lo que se antoja más probable, una política no expresamente reconocida de potenciar la capacidad decisoria de los empresarios.
La obsolescencia de la ley obliga a jueces y tribunales a intentar adaptar –a martillazos- las antiguas tutelas al nuevo panorama, lo que provoca múltiples incertidumbres a los justiciables. Y a ello cabe añadir una creciente tendencia de la doctrina judicial de sustentar el progresivo deterioro de las garantías de las persona asalariadas, lo que se deriva del horror vacui y, por tanto, la negativa a suplantar el papel del legislador. Como prueba de esta afirmación: baste con observar la evolución de la doctrina casacional en relación con las capacidades empresariales de control del uso extraproductivo de los medios tecnológicos (no es lo mismo lo que se afirma en la STS UD 26.09.2007, Rec. 966/2006, que lo se indica en la STS UD 06.10.2011, Rec. 4053/2010) o respecto a la validez como prueba de los registros videográficos en el centro de trabajo (es suficiente comparar la conclusión de la STS UD 13.05.2014, Rec. 1685/2013, que la de la STS UD 07.07.2016, Rec. 3233/2014).
A ello cabe sumar que el propio Tribunal Constitucional –que sí tiene competencias para forzar la interpretación de la ley supliendo el papel del legislador- ha dejado de jugar en los últimos años el papel de impulsor del ejercicio de derechos fundamentales en las relaciones laborales que históricamente había venido cumpliendo. No está de más recordar cómo en la STC 114/1984, de 29 de noviembre se afirmaba que el secreto de comunicaciones no se limitaba únicamente al contenido de la misiva, extendiéndose asimismo a “otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales”; y que la impenetrabilidad para terceros no se aplicaba únicamente respecto a los poderes públicos, sino que también era postulable en el ámbito interprivatus. A lo que se añadía que “el concepto de secreto en el art.  18.3 tiene un carácter formal, en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado”. Así el derecho constitucional al secreto de comunicaciones sólo podía ser afectado por una resolución judicial suficientemente motivada y con carácter proporcional. Una lógica que también se aplicó en el terreno de las nuevas tecnologías (STC 173/2011, de 7 de noviembre). Sin embargo, cuando años después, el TC tuvo que aplicar su doctrina en el terreno de las relaciones laborales optó por una clara opción propietarista, aceptándose el acceso del empresario a ámbitos de privacidad del trabajador por el mero hecho de ser el titular del mismo (SSTC 241/2012, de 17 de diciembre, 170/2013, de 7 de octubre, etc.). El papel de cuasi legislador histórico –por tanto, de cubrir las carencias de la ley- del TC es claramente denotable en su sentencia 281/2005, reconociendo el derecho de los sindicatos a remitir información a los trabajadores, imponiendo, sin embargo, una serie de condicionantes. Por el contrario, la reciente STC 17/2017, de 2 de febrero, pone en evidencia cómo nuestro órgano de interpretación constitucional se ha negado a declarar contrario al derecho de huelga el esquirolaje tecnológico.

*  ¿Qué hacer?: no es sólo el derecho a la desconexión

Parece evidente que la inercia de potenciación de las competencias del empleador ante el nuevo paradigma tecnológico está afectando sensiblemente al juego tradicional de poderes del contrato de trabajo, rozando situaciones que en la práctica conllevan una limitación casi absoluta del ejercicio de derechos fundamentales por los trabajadores. Y ello sólo tiene una posible alternativa (obviamente, si lo que se pretende en un reequilibrio de fuerzas en el contrato de trabajo): una modificación legislativa. Se trata, pues, de regular por ley la incidencia del cambio tecnológico en las relaciones laborales. Ahí van algunas ideas:
- En primer lugar desde una perspectiva meramente contractual, hay que romper la tendencia propietarista del uso extraproductivo de las nuevas tecnologías en el trabajo. Ciertamente, el ordenador es propiedad del empresario; sin embargo, cuando ese ordenador se conecta a Internet es algo más: es un instrumento de comunicación. Por ello, las limitaciones que pueda imponer el empleador al respecto no son universales (en tanto que esto conlleva negar el ejercicio de un derecho fundamental) sino que deben ser causales, proporcionadas y objetivas. No está de más recordar, en este sentido, que la ONU ha declarado el acceso a Internet como un “derecho humano altamente protegido” (lo que ha empezado a aceptarse en algunos países, como México o Grecia.
- En segundo lugar, deben regularse los límites de las afectaciones de ámbitos de privacidad de la persona asalariada en el trabajo o en relación al mismo. Se trata, por tanto, de establecer las normas compositiva por la colisión del derecho a la libre empresa con los derechos al secreto de comunicaciones (acceso a los contenidos personales en el ordenador de la empresa), a la intimidad (grabaciones videográficas o de voz, instrumentos de seguimiento o reconocimiento, prueba de detectives, etc.), a la libertad informática (aspecto éste que tendrá que ser abordado por la trasposición del Reglamento 2016/79), a la libertad sindical (el tablón de anuncios virtual) y al derecho de huelga (esquirolaje tecnológico).
- En tercer lugar, parece imprescindible un cambio en la normativa procesal que regule plenamente aspectos como la prueba digital y su adaptación al régimen de recursos, así como la ilicitud de la prueba y su prueba.
- Por último, no estaría de más empezar a diseñar marcos legales ante fenómenos emergentes vinculados con la prestación laboral, como el teletrabajo (pese a los cambios experimentados en el art. 13 ET tras el RDL 3/2012 quedan aún múltiples aspectos del Acuerdo Marco por trasladar a nuestro ordenamiento) o la ubereconomia (que me resisto a llamar “economía colaborativa”)
Ni el mero propietarismo, ni el régimen de obligaciones contractuales justifican que el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad enerven el ejercicio de otros derechos constitucionales (en especial cuando éstos tienen la condición de fundamentales). Es ésa una visión basada en la lógica de producción del paradigma fordista que, por tanto, está hoy en claro declive. El fin del fordismo no es únicamente predicable del contenido de la prestación laboral (la flexibilidad contractual), también se extiende a las formas de organización del trabajo y de la producción y al modelo de ejercicio del poder en la empresa. En otro caso, la subordinación autoritaria del anterior sistema deviene, por mor de las nuevas tecnologías, en una situación en la que se agudiza el sometimiento del trabajo a la esfera de poder del empleador.
En esa tesitura, iniciativas como la regulación de la desconexión digital pueden ser positivas… siempre que se acompañen de una efectiva normativización de las nuevas tecnologías en el trabajo. Lo contrario –quedarse ahí- conlleva un evidente mensaje implícito: mientras se está dentro de la empresa no existen derechos fundamentales (como escribió el gran Dante: “lasciate ogne speranza, voi ch'intrate”).

Empezar a regular las nuevas realidades productivas en el trabajo por la desconexión digital es, simplemente, empezar la casa por la ventana. La tendencia legislativa debería ser exactamente la contraria.

sábado, 22 de abril de 2017

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (abril 2017)

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (abril 2017)

MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO

Sala de lo Social del TSJ del País Vasco

1.- STS de 12 de enero de 2017 (RC 26/2016).- Sr. Sempere

Doctrina: confirma la caducidad de la acción ejercitada impugnando una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, con acuerdo (en el caso, de 4 de julio de 2013), ya que si bien el cómputo del plazo de 20 días del art. 138.1 LJS comienza el día siguiente al de notificación formal de la decisión empresarial y ésta, por regla general, no se identifica con el acuerdo, las circunstancias del caso concreto sí permiten esa identificación (hubo previo acuerdo informal, que se sometió a la aprobación de los trabajadores y al aceptarlo éstos, se firmó finalmente el acuerdo impugnado, que se impugna meses después)
2.- STS de 12 de enero de 2017 (RC 74/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que el personal docente que presta sus servicios en empresas de enseñanza privada sostenidas con fondos públicos en Andalucía, acogidas al VI convenio colectivo para ese tipo de empresas, no tiene derecho a percibir mediante pago delegado, en 2015, la totalidad de la retribución del profesorado de la enseñanza pública en los términos pactados en el acuerdo de 2-Jl-08, dada la disposición adicional sexta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de esa Comunidad Autónoma, que limitó el alcance de la equiparación retributiva entre ambos profesorados, establecida por Ley 3/2012, de 21 de septiembre
**3.- STS de 12 de enero de 2017 (RC 50/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que tras la declaración de inconstitucionalidad del art. 41.1 de la Ley 11/2010, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de Canarias para 2011, subsiste la validez de la reducción salarial del 5% aplicada desde el año 2010 al personal laboral de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, dado que: 1) la naturaleza de ésta no es la de una sociedad mercantil pública y, por ello, no le afecta esa declaración; 2) ésta, en todo caso, podría afectar al período posterior a la publicación de esa sentencia en el BOE (13-En-15), ya que el efecto de cosa juzgada, resultante de la sentencia firme que había desestimado anteriormente esa misma pretensión, sólo opera respecto al período anterior a la fecha de esa publicación; 3) la norma de aplicación en 2015 es el art. 35.1 de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de Canarias para 2015, que dispone que las retribuciones del personal laboral público en 2015 no experimentarán incremento alguno respecto a las del año 2014.
            NOTA: aunque la doctrina del punto 1) es suficiente para la confirmación de la desestimación de la demanda, llamo la atención sobre los dos restantes, ya que parecen sentar unos criterios que, de mantenerse en otros casos, tendrán indudable relevancia
**4.- STS de 12 de enero de 2017 (RCUD 3433/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: anula la resolución del SPEE que sancionó con la extinción de la prestación de desempleo y declaró indebido el cobro de la misma durante un período determinado, dado que se impuso sin haberle oído previamente, al no haber quedado debidamente notificado de la propuesta efectuada en tal sentido, tras haber resultado infructuoso el intento de hacerlo por el Servicio de Correos siguiendo lo previsto en el art. 42 del R. Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, pues no se acudió a hacerlo mediante edictos en el BOE, tal y como lo ordena el art. 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, reponiendo el curso del procedimiento administrativo al inicio del mismo para su adecuada notificación
5.- STS de 17 de enero de 2017 (RC 2/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma que no constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo y, por ello, no es aplicable el régimen del art. 41 ET, el cambio resultante de la circular de la directora de RRHH de ENAIRE, de 27-Ab-15, por la que ampliaba la jornada diaria en quince minutos durante cuatro meses al 4% de su plantilla sin sobrepasar la jornada establecida en el convenio y basada en la necesidad de dar formación, dada la naturaleza de la condición afectada, su ámbito subjetivo y temporal y el alcance del cambio
6.- STS de 24 de enero de 2017 (RCUD 38/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que, a efectos del derecho a la reposición de los días de prestación por desempleo contemplado en el art. 3 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, cabe considerar como extinción debidamente autorizada y, por ello, procede la reposición, la que resulta del mismo acuerdo de adecuación laboral aprobado por la autoridad laboral que contenía la inicial suspensión del contrato de trabajo que generó la prestación por desempleo inicialmente consumida y la opción de los trabajadores a acogerse a la baja incentivada si, como en el caso, no aceptaban el traslado contemplado como medida de flexibilidad interna, dado que esa baja es una medida equiparable al despido por causas no inherentes a la persona del trabajador.
            NOTA: sigue y cita su precedente de 18-My-16 (RCUD 2919/2014) –nº 54 de mi resumen de julio de 2016-, relativo a otro trabajador afectado por el mismo acuerdo
7.- STS de 24 de enero de 2017 (RC 32/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que la promoción de la antigüedad para el personal del Banco de Sabadell SA procedente tanto del Banco CAM como del Banco BMN, ha de atender a la que se ostente en el “nivel” y no en la empresa de origen, dada la remisión que se hace al acuerdo de 4-Nv-10 en los respectivos pactos de integración
8.- STS de 30 de enero de 2017 (RC 44/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que el personal de ADIF que percibe los complementos de toma y deje del servicio y de jornada partida no tienen derecho a que la remuneración de sus vacaciones incluya el promedio de lo obtenido por tales conceptos en los tres últimos meses, dado que: 1) ninguno de ellos está contemplado a tal efecto en el art. 245 de la normativa laboral de la empresa; 2) no puede ampararse en la doctrina del TJUE sentada en su sentencia de 22-My-16 (caso Lock), dado que el primero de ellos es un complemento que retribuye un tiempo que excede de la jornada ordinaria de trabajo, en tanto que el segundo tiene naturaleza indemnizatoria conforme al art. 188 de esa normativa laboral
**9.- STS de 31 de enero de 2017 (RC 114/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma la nulidad de la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 19 de mayo de 2015, que acordó tener por desistido a la UGT, por no haber aportado la documentación requerida por ésta (relación de empresas afectadas), de su petición de inicio del procedimiento administrativo previsto en el art. 11 del R. Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, a fin de establecer coeficientes reductores de la edad jubilación para los trabajadores que prestan servicios en trabajos de pocería en el sector de la construcción, dado que no es documentación exigible a los peticionarios para su tramitación
10.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 1067/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce que producido un despido que se declara improcedente antes del 12 de febrero de 2012 (en el caso, por sentencia de 19 de enero de ese año) pero cuyo contrato se extingue en ejecución de sentencia, con posterioridad a la vigencia de la Ley 3/2012 (en el caso, el 13 de febrero de 2013), la indemnización sustitutiva de la readmisión ha de calcularse aplicando las previsiones del apartado 2 de la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012.
            NOTA: aunque dice seguir el criterio aplicado en sus sentencias de 18-Fb-16 (RCUD 3257/2014) –nº 39 de mi resumen de abril de 2016-, 18-Ab-16 (RCUD 1921/2014) y 16-Sp-16 (RCUD 38/2015) –nº 32 del resumen de noviembre de 2016-, en ninguna de ellas se daba esa peculiaridad de régimen transitorio
11.- STS de 1 de febrero de 2017 (RC 38/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: 1) reconoce la validez del acuerdo, de 20-Jn-13, de la comisión paritaria del II convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, dado que su contenido no implica el ejercicio de funciones negociadoras, limitándose a adaptar el régimen de los representantes de los trabajadores al cambio introducido por el art. 10 del RDL 20/2012, de 13-Jl; 2) confirma la validez del art. 40.g).1 de ese convenio por no contravenir el 68.2.e) ET; 3) confirma la falta de acción para impugnar el acuerdo de esa comisión paritaria, de 20 de abril de 2006, sobre “valoración de representantes sindicales”, por estar ya declarado nulo por STS de 16-Dc-08 (RC 124/2007); 4) confirma la validez de varios acuerdos  de esa comisión paritaria, de la comisión negociadora de dicho convenio y de la del III convenio por no haber incurrido en las infracciones legales denunciadas
12.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 3262/2015).- Sala General.- Sr. López García de la Serrana.- Voto particular

            Doctrina: reconoce la validez de la prueba de la grabación mediante cámaras de videovigilancia que pueden permitir acreditar la realización de la conducta imputada a la trabajadora despedida, sin que con ello se vulneren derechos fundamentales de ésta dado que su instalación estaba justificada por razones de seguridad (control de posibles hechos ilícitos por empleados, clientes y terceros), era idónea a tal fin (controlaba los cobros y la caja), necesaria y proporcional, habiendo informado de su existencia y ubicación a la trabajadora, no siendo relevante que no se la informase del destino de las imágenes ni de que pudieran utilizarse en su contra, por lo que repone el curso del litigio a fin de que se practique dicha prueba.
            NOTA: caso análogo al de la STS de 31-En-17 (RCUD 3331/2015) –nº 52 de mi resumen de marzo de 2017- en la misma empresa y, como en ésta, recuerda la STC 39/2016, de 3-Mz-16, y la STS de 7-Jl-16 (RCUD 3233/2014) –nº 4 de mi resumen de noviembre de 2016-, conteniendo también un similar voto particular de la Sra. Segoviano, al que se adhieren dos magistrados, defendiendo la confirmación de la improcedencia del despido por falta de contradicción. El criterio se reitera en STS de 2-Fb-17 (RCUD 554/2016), también de Sala General y similar voto particular, en el caso de un despido disciplinario en otra empresa
13.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 2309/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma la improcedencia de un despido ex art. 52.c) ET por causas productivas y organizativas vinculadas (reajuste de plantilla por reducción de una contrata debido a reducción presupuestaria del titular del servicio), al no haberse acreditado esas reducciones, sin que pueda justificarse el reajuste como mera causa organizativa (reorganización de las horas de trabajo que necesita para acometer el servicio)
14.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 1595/2017).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce la procedencia del despido de dos trabajadores de la empresa contratista del servicio de limpieza del Aeropuerto de Barcelona ex art. 52.c) ET por haberse reducido el número de horas de servicio en el nuevo contrato sin que se haya acreditado que les pudo recolocar en contratas diferentes, ya que el trabajador quien corre con la carga de la prueba de esta última circunstancia.
            NOTA: reitera la doctrina tradicional de la Sala con cita de múltiples sentencias, incluidas las de 30-Jn-15 (2769/2014) –nº 51 de mi resumen de octubre de 2015- y 3-My-16 (RCUD 3040/2014) –nº 23 del resumen de julio de 2016-, ya bajo la vigencia de la reforma laboral de 2012, razonando que no puede ampararse la improcedencia en la doctrina aplicada en su sentencia de 29-Nv-10 (RCUD 3876/2009) –nº 7 del resumen de febrero de 2011-, dado que ahí sí estaba acreditada esa posibilidad de recolocación
15.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 3007/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que no tiene derecho a la pensión a favor de familiares la hija de la causante, con la que convivía desde su separación matrimonial de hecho, dedicada a su cuidado y viviendo a cargo de ésta, al precisarse, ex art. 176.2.b) y 4 LGSS-1994, un estado civil (viuda, divorciada o legalmente separada) que no cumplía, sin que obste a ello que obtuviera la separación legal a los dos meses de la muerte de su madre.
            NOTA: recuerda sus precedentes de 10-Fb-04 (RCUD 1701/2002) –separada de hecho- y 21-Dc-16 (RCUD 2255/2015) –nº 44 de mi resumen de febrero de 2017, en hija con divorcio en trámite, luego concedido-
16.- STS de 1 de febrero de 2017 (RC 4/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que los trabajadores del Banco de Sabadell procedentes del Banco CAM con niveles I al VIII tienen derecho, desde el 1 de enero de 2015, a percibir el primer trienio técnico del convenio estatal de banca (art. 16) y no sólo el común (art. 15), conforme al acuerdo de homologación de 15-Jn-12 por el que se reguló la transición del convenio de cajas de ahorro al de banca
17.- STS de 1 de febrero de 2017 (RC 18/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: estima la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por ello, anula actuaciones desde la presentación de la demanda, a fin de que se permita ampliarla frente a ella, en litigio pretendiendo que se declare contraria a derecho la falta de convocatoria anual de los complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco, dadas las competencias que tiene dicha Administración para establecer esos complementos y sus límites (art. 34 de la Ley del Parlamento Vasco 3/2004), garantizar la suficiencia presupuestaria, la evaluación de méritos y exigencia de dotación presupuestaria específica para su financiación en unos porcentajes determinados (art. 3.1 del Decreto del Gobierno Vasco 64/2011)
**18.- STS de 1 de febrero de 2017 (RC 78/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma la prescripción de la acción de tutela de derechos fundamentales de libertad sindical, huelga e igualdad ejercitada por un sindicato en su propio nombre e interés (en el caso, el de tripulantes de vuelo de líneas aéreas de España) mediante demanda interpuesta el 1-Sp-15, basada en la conducta de una empresa (en el caso, Iberia LAE SAU Operadora) despidiendo a sus catorce representantes en la misma por su participación en una huelga que había convocado su sección sindical, tras declararla ilegal la Audiencia Nacional, porque el plazo no discutido de un año para ejercitarla, ex art. 59 ET: 1) nace el 26-Jn-14, con la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo, de 17-Fb-14, que declaró la legalidad de la huelga, revocando la sentencia de la AN, y no en la fecha de readmisión del último de los despedidos que obtuvo sentencia favorable, en que cesan los efectos de esa conducta ilícita (19-En-15, en el caso de uno; el resto, lo fueron todos antes del 1-Sp-14), ya que la tramitación de esos litigios por despido no era impedimento para el ejercicio de la acción ejercitada por el sindicato, que bien pudo acudir a los medios de interrumpir la prescripción previstos en el art. 1973 CC (por ejemplo, reclamación extrajudicial a la empresa), en tanto los mismos se dirimían y quedaban definitivamente fijados los perjuicios ocasionados; 2) ese plazo no ha quedado interrumpido por el ejercicio de las acciones de despido ejercitadas por los despedidos sustentando su nulidad por vulneración de esos mismos derechos fundamentales, ya que son acciones distintas y efectuadas por sujetos diferentes, no siendo acreedores solidarios de la responsabilidad que se reclama en esta demanda y, por ello, no pudiendo aplicarse el art. 1974 CC
**19.- STS de 1 de febrero de 2017 (RCUD 517/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce que la reposición del derecho a las prestaciones por desempleo previstas en el art. 16.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en su redacción dada por el art. 3.1 del RDL 1/2013, de 25 de enero, para quienes han visto extinguido su contrato de trabajo entre el 12-Fb-12 y el 31-Dc-14 ex arts. 51 y 52 ET o art. 64 de la Ley Concursal (en el caso, el 3 de mayo de 2014 por auto concursal), alcanza a los períodos de prestación consumida a partir del 1 de enero de 2014 con tal de que deriven de suspensiones de contratos de trabajo o reducciones de jornada iniciadas en 2012 y 2013 (en el caso, el 21 de octubre de 2013) y no sólo a los períodos transcurridos hasta el 31-Dc-13
**20.- STS de 1 de febrero de 2017 (RC 119/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que no constituye condición más beneficiosa el disfrute del crédito horario de los representantes unitarios y sindicales de una empresa (en el caso, Sitel Ibérica Teleservices SA) por el mes de vacaciones cuando, como es el caso, se venía disfrutando del mismo en la creencia de que era exigencia legal, que deja de reconocerse tras la publicación de la STS de 23-Mz-15 (RC 49/2014) –nº 28 de mi resumen de junio de 2015- que niega que resulte así del art. 68 ET, en relación con el art. 10.3 LOLS, ya que no obedece a una voluntad empresarial de otorgar una mejora sobre el régimen legal y, por lo demás, tampoco parece posible reconocerlas en el ámbito de las relaciones colectivas.
            NOTA: la sentencia, a mi juicio, tiene interés por el doble fundamento en que se sustenta su decisión, si bien en cuanto al segundo de ellos no lo afirma de forma categórica, lo que aconseja estar a nuevas decisiones que reafirmen o desmientan el criterio que aquí se apunta
21.- STS de 1 de febrero de 2017 (Rev. 36/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: desestima la demanda de revisión de una sentencia recaída en litigio seguido sobre grado de incapacidad permanente y contingencia del mismo por no constituir la causa de maquinación fraudulenta del art. 510.4º LEC que el empresario recurriese en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que le reconoció el grado de incapacidad permanente absoluta pero no que derivase de accidente de trabajo, ya que dicho demandado tenía un interés legítimo para hacerlo puesto que el trabajador también la recurría para que derivase de accidente de trabajo y aquél había sido demandado por éste exigiéndole responsabilidad por el mobbing sufrido
22.- STS de 2 de febrero de 2017 (Rev. 58/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: desestima demanda de revisión por no ser causa de la misma que el Tribunal Supremo haya dictado sentencia con posterioridad a la del TSJ que se quiere revisar, con nueva doctrina de signo contrario a la aplicada en ésta, no teniendo esa sentencia del TS la naturaleza del documento previsto en el art. 510.1º LEC
23.- STS de 2 de febrero de 2017 (RCUD 1325/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: conforme al art. 191.2.g) LJS, no es recurrible en suplicación y, por ello, anula la sentencia del TSJ que resolvió ese recurso, recaída en litigio que dirime diferencias de 79,30 euros/mes en la cuantía de la pensión de jubilación ordinaria, derivadas de no haber contratado su empresario último a un nuevo relevista durante unos meses en que estuvo en jubilación parcial, dada la cuantía del litigio y que, en contra de lo sostenido por el TSJ, no concurre el requisito de afectación general, que no se alegó ni deriva de la mera proyección general del litigio sobre la interpretación de una norma, sino que exige un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate
24.- STS de 2 de febrero de 2017 (RCUD 53/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce como despido improcedente (y no como válida terminación del contrato de un indefinido no fijo de RTV de Andalucía por cobertura reglamentaria de su plaza), dado que no estaban suficientemente identificadas las plazas ofrecidas en el concurso, siendo la demandada quien corría con la carga de probar ese extremo, sin el cual no hay garantías de que el puesto de trabajo que ocupaba era uno de los afectados por el proceso selectivo
**25.- STS de 2 de febrero de 2017 (RC 87/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma que, conforme al art. 15.6 ET, los contratos de interinidad que concierte Altadis SA han de realizarse con la categoría y retribución del trabajador sustituido y no en algunas de las nuevas categorías creadas en el convenio colectivo de la empresa, cuyo art. 12 en modo alguno faculta a hacerlo
26.- STS de 2 de febrero de 2017 (RCUD 2012/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: reconoce que el convenio colectivo aplicable a un trabajador de un Centro Especial de Empleo con relación laboral especial para personas con discapacidad que trabajen en esos Centros, que presta servicios de operario de limpieza en una contrata concertada por ese empleador, es el de Centros y Servicios de Atención a personas con discapacidad y no el sectorial para limpieza de edificios y locales de la provincia (en el caso, Toledo) y, por ello, revoca la condena al pago de diferencias salariales reclamadas en base a este último y fija como salario rector de la improcedencia del despido el que tenía conforme al primero de esos convenios.
            NOTA: sigue sus precedentes de 23-Sp-14 (RC 50/2013) –nº 43 de mi resumen de noviembre de 2014-, 24-Nv-15 (RC 136/2014) –nº 1 de mi resumen de abril de 2016- y 9-Dc-15 (RC 135/2014) –nº 24 del resumen de marzo de 2016-, en doctrina que deja intacta la aplicada respecto al deber de subrogación fijado en el convenio sectorial
27.- STS de 3 de febrero de 2017 (RC 39/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: reconoce que vulnera el derecho de libertad sindical de un sindicato (en el caso, CCOO) que una empresa (en el caso, Andaluza de Instalaciones y Turismo Joven SA –INTURJOVEN-) obstaculice su acción sindical negándole el acceso a determinadas informaciones por no reconocerle derecho a tener un delegado sindical ex art. 10.1 LOLS pese a que la empresa tiene más de 250 trabajadores, aunque no los tenga ninguno de sus centros de trabajo, siendo sindicato más representativo, dado que es facultad del sindicato estructurar su presencia a nivel de empresa (como aquí hizo) o de centro.
            NOTA: sigue la nueva línea de la Sala iniciada en sentencia, de Sala general, de 18-Jl-14 (RC 91/2013) –nº 22 de mi resumen de noviembre de 2014-, con cita de las últimas que la siguen, de 21-Jn-16 (RC 182/2015) –nº 11 del resumen de octubre de 2016- y 27-Oc-16 (RC 281/2015). El criterio se reitera en STS de 7-Mz-17 (RC 101/2016), en donde confirma el derecho de ELA a tener siete delegados sindicales en Kutxabank SA (en lugar de los tres admitidos por ésta), tras cambiar aquél la configuración sindical en la misma, constituyendo secciones sindicales vinculadas a los cinco comités de empresa en lugar de una en cada uno de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
28.- STS de 7 de febrero de 2017 (RCUD 536/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: reconoce que no deriva de accidente de trabajo la muerte de un trabajador en misión, acaecida a media mañana en la habitación del hotel en el que se alojaba y del que no salió para ir a trabajar por estar ya indispuesto, debida a una crisis cardíaca, al no entrar en juego la presunción de laboralidad del art. 115.3 LGSS-1994 por no ocurrir en el lugar de trabajo ni acreditarse ninguna relación causal entre el trabajo y dicha crisis.
            NOTA: recuerda su sentencia, de Sala general, de 6-Mz-07 (RCUD 3415/2015) y la de 11-Fb-14 (RCUD 42/2013) –nº 19 del resumen de mayo de 2014-, citada de contraste
29.- STS de 7 de febrero de 2017 (RC 76/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que se ajusta a derecho la reducción íntegra (y no en 11/12) de la catorceava parte de la retribución anual de 2014 aplicada a los trabajadores de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA ex Ley 1/2014, de 27-En, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, dado que el único motivo del recurso de casación plantea una cuestión nueva en el litigio (la no aplicación del Decreto de la Generalitat 269/2013, de 23 de diciembre, a las sociedades mercantiles participadas por las administraciones públicas)
30.- STS de 8 de febrero de 2017 (RC 29/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que los titulados superiores de HUNOSA que extingan sus contratos de trabajo al amparo del Plan de Empresa 2013/2018 no tienen derecho, como condición más beneficiosa, a la indemnización complementaria que sí recibieron los que lo extinguieron conforme a los cinco Planes de Empresa anteriores, ya que el reconocimiento a éstos deriva de lo previsto en tal sentido en dichos Plantes anteriores, lo que no concurre en el último
31.- STS de 8 de febrero de 2017 (Rev. 11/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: desestima demanda de revisión de la sentencia firme que declaró procedente el despido disciplinario del demandante, basada en la existencia de sentencia penal absolutoria sobre los mismos hechos por falta de acreditación de éstos, dado que no acredita haberla interpuesto dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la sentencia penal (que exige el art. 512.2 LEC) ni es causa de revisión del art. 510 LEC ni la del art. 86.3 LJS la absolución penal por falta de acreditación de los hechos
32.- STS de 8 de febrero de 2017 (RC 66/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: confirma que el personal laboral de la Comunidad de Madrid no tiene derecho a que, a efectos del art. 37 del convenio colectivo para dicho personal con vigencia inicial 2004/2007, se les reconozca los servicios prestados a otras Administraciones Públicas, sin que tal derecho resulte de lo dispuesto en los arts. 21 y 23 del Estatuto Básico del Empleado Público, no pudiendo examinar si constituye discriminación con lo que acontece a sus funcionarios de carrera por defectos del recurso, si bien el estar sujetos a un régimen jurídico justifica la diferencia de trato.
            NOTA: recuerda, no obstante, que subsiste el criterio aplicado en su sentencia de 17-Jl-13 (RC 5/2013) –nº 58 de mi resumen de octubre de 2013-, que sí admitía el cómputo, en el caso de los servicios prestados a Administraciones Públicas que luego se integran en la Comunidad de Madrid
33.- STS de 8 de febrero de 2017 (RC 132/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: el personal de Canal Isabel II Gestión SA subrogado de Canal Isabel II y no sujeto a trabajo a turnos no tiene derecho a disfrutar de dos días sin trabajar en compensación por los dos sábados del año 2015 que coincidieron con festivos oficiales o su compensación económica como horas extras, ya que el art. 37 ET no lo reconoce (sólo para los festivos que caigan en domingo y disponiendo que el Gobierno fije otro día en sustitución) y tampoco se previó en el “compromiso de garantías individuales” suscrito con ocasión de la subrogación (a diferencia de lo sucedido para el caso del 24 y 31 de diciembre, si caían en sábados).
            NOTA: recuerda sus precedentes de 13-My-14 (RC 181/2013) –nº 54 de mi resumen de julio de 2014- y 14-Sp-15 (RCUD 368/2014) –nº 40 del resumen de noviembre de 2015-.  En igual sentido, la de 14-My-14 (RC 180/2013) que mencionaba en mi nota a la primera de ellas
34.- STS de 9 de febrero de 2017 (RCUD 1456/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma que la fecha inicial de efectos económicos de la pensión de viudedad solicitada al amparo de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, por quien había pedido sin éxito la prestación al amparo de la normativa precedente, es desde tres meses antes a esa nueva solicitud, conforme al art. 43.1 LGSS, y no desde la fecha de la primera
35.- STS de 9 de febrero de 2017 (RCUD 2718/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una empresa sujeta al mismo (en el caso, Atos Spain SA) reduzca el importe del denominado “complemento personal convenido” que venía abonando, en igual cuantía con que les incrementa el complemento de promoción profesional y antigüedad por aplicación de lo previsto en el art. 25 de ese convenio, pese a que la naturaleza del complemento absorbido sea la de un complemento de cantidad o calidad, ya que la absorción y compensación también cabe entre conceptos heterogéneos cuando, como es el caso, el propio convenio generador del complemento salarial “absorbente” permite la absorción sin ese límite (en el caso, “con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo”) y el complemento absorbido estaba reconocido expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco se opone el art. 8 del referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos.
            NOTA: reitera el criterio de su sentencia de 10-En-17 (RCUD 503/2016) –nº 25 de mi resumen de marzo de 2017-, referida a otro trabajador de la misma empresa, y de las que ahí se citan
**36.- STS de 10 de febrero de 2017 (RCUD 1082/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que no cabe reconocer derecho a pensión de viudedad, al amparo de la disposición transitoria 18ª LGSS-1994, a quien: 1) no reúne los requisitos para hacerlo al amparo de su párrafo primero por haber transcurrido más de diez años entre su divorcio del causante y la muerte de éste; y 2) no se le puede aplicar el párrafo segundo pese a que tenía más de 65 años a la muerte de su ex cónyuge y el matrimonio duró más de quince años, dado que éste entró en vigor el 1 de enero de 2013 ex disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que lo introdujo y la muerte del causante se produjo con anterioridad a esa fecha (en el caso, el 18 de agosto de 2012)
37.- STS de 14 de febrero de 2017 (RCUD 838/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: reconoce que es accidente de trabajo in itinere del art. 115.2.a) LGSS-1994 la muerte en accidente de tráfico sufrida por un trabajador con su coche, regresando el viernes a su casa por trayecto habitual que incluía pequeño desvío a otra localidad intermedia para dejar en sus domicilios a dos compañeros, sufriendo el accidente tras dejarlos, sin que desparezca el nexo cronológico por el hecho de que acaeciera en torno a la hora de la salida del trabajo cuando ese trayecto en coche podía no rebasar la media hora.
            NOTA: sigue la nueva línea de la Sala sobre el accidente in itinere, que inició su sentencia, de Sala general, de 26-Dc-13 (RCUD 2315/2012) –nº 47 de mi resumen de marzo de 2014-
38.- STS de 14 de febrero de 2017 (RC 45/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que, conforme al art. 7.1 del convenio 132 de la OIT, los trabajadores de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del I convenio colectivo de Abertis, Autopistas de España, tienen derecho a que la retribución de sus vacaciones incluya los pluses festivo, nocturno, pista y centro operaciones-control, calculados en función del promedio obtenido en el último año, por ser conceptos salariales, de naturaleza similar a complementos variables devengados en jornada ordinaria de trabajo
39.- STS de 14 de febrero de 2017 (RC 43/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que los trabajadores que han ingresado en Canal Isabel II Gestión SA no procedentes de Canal Isabel II SA y a los que, por ello, no se les aplicó el XVIII convenio colectivo de ésta ni les afecta el acuerdo de garantías para los trabajadores a los que se le aplicaba éste, no tienen derecho a cobrar el plus de factor ambiental que perciben estos últimos, al amparo de ese acuerdo, al ser una diferencia de trato de causa justificada que no vulnera el principio de igualdad y prohibición de discriminación del art. 14 CE
40.- STS de 14 de febrero de 2017 (RC 104/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma: 1) que en empresa, como Servinform SA, de más de 250 trabajadores y sujeta a un convenio colectivo de ámbito superior al de empresa (en el caso, el estatal de contact center), conforme al art. 85.2 ET y art. 87.3 de ese convenio colectivo, ha de constituirse por acuerdo entre empresa y los representantes legales de los trabajadores una comisión negociadora del plan de igualdad, en sustitución del plan 2011/2013 que había negociado la empresa con una comisión ad hoc de trabajadores cuando éstos no tenían representación legal; 2) que CGT no está legitimada para pedir que el banco social de esa comisión negociadora se integre por sindicatos y con su presencia, sin que obste a ello que haya formado parte del banco social que negoció el referido convenio o disponga de más del 10% de los representantes unitarios en el sector
**41.- STS de 15 de febrero de 2017 (RCUD 2921/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce que se ajustó a derecho el archivo de un expediente de solicitud de subsidio de desempleo por responsabilidades familiares debido a no haber atendido el peticionario la documentación requerida destinada a determinar el cumplimiento del requisito de tener responsabilidades familiares (en el caso, las nóminas de la madre de su hija, con las que aquél convive, a fin de conocer su capacidad para prestar alimentos a la hija), con independencia de la relevancia que esa documentación hubiera podido tener para acreditarlo
**42.- STS de 15 de febrero de 2017 (RCUD 1810/2015).- Sr. Sempere.- Voto particular

            Doctrina: reconoce que la reanudación del subsidio de desempleo (en el caso, para mayores de 52 años), previamente suspendido (en el caso, contrato de duración indefinida, como empleado de hogar familiar, concertado en noviembre de 2011), conforme al art. 212.3.b) LGSS en su redacción vigente en esa fecha y por remisión del art. 219.1 LGSS, no es automática ni incondicionada, requiriendo que concurra una nueva situación legal de desempleo, no siéndolo el desistimiento del contrato de trabajo por el trabajador en período de prueba el primer día de trabajo y por razones particulares.
            NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende la confirmación del derecho a la reanudación, aunque no cita al efecto la norma que, a mi juicio, sí lo ampara, como es el segundo párrafo del art. 219.2 LGSS, en donde se contempla expresamente el supuesto y se limita, a exigir, para la reanudación, que se acredite el requisito de carencia de rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares, sin mención alguna a que deba concurrir nueva situación legal de desempleo, que sin embargo sí requiere específicamente en el párrafo siguiente para el caso de obtención de rentas o ausencia de responsabilidades familiares por tiempo superior a doce meses
43.- STS de 15 de febrero de 2017 (RC 75/2016).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Mantrol Servicios SL por ser cuestión nueva la suscitada en el recurso de casación (omisión de la intervención de la comisión mixta de dicho convenio, prevista en su art. 46), no ser exigible ese trámite preprocesal en litigios de impugnación de convenios colectivos y resultar contradictorio que el recurso no cuestione la nulidad total del convenio y se alegue únicamente que no se ha cumplido con uno de sus preceptos
44.- STS de 15 de febrero de 2017 (RC 168/2016).- Sala General.- Sr. Arastey

            Doctrina: confirma que no se ajusta a derecho el despido colectivo de ocho de los nueve trabajadores de Irschmer SAE, iniciado el 18 de noviembre de 2015 por causas económicas y cese de actividad, finalizado sin acuerdo, por integrar esa empresa un grupo laboral con las otras dos sociedades demandadas del grupo mercantil Irschmer, dada la confusión de plantillas y falta de autonomía decisoria respecto a la demandada sociedad alemana cabecera del grupo
45.- STS de 15 de febrero de 2017 (RCUD 1991/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce la procedencia del despido ex art. 52.c) ET por causas económicas, revocando su improcedencia, ya que está acreditada la falta de liquidez para la puesta a disposición de la indemnización a los dos trabajadores despedidos, debidamente alegada en la carta, al constar los saldos negativos de una cuenta corriente y de una cuenta de crédito por valor conjunto superior a 50.000 euros y el saldo positivo de 128 euros en otra cuenta corriente, sin que pueda presumirse que concurra fraude por no haber aportado más datos sobre su estado de tesorería.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 25-En-05 (RCUD 6290/2003) y 17-Jl-07 (RCUD 2929/2007) sobre la carga de la prueba en esta materia
46.- STS de 16 de febrero de 2017 (RCUD 2535 /2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que la sentencia que declara una situación de incapacidad permanente total a un trabajador autónomo mayor de 55 años no puede reconocerle la pensión en un porcentaje del 75%, sino sólo en un 55%, si no consta, como en el caso sucede, que cumpla el resto de requisitos exigidos en el art. 38.1 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, en redacción dada por R. Decreto 463/2003, de 25 de abril, y concretamente que ya no mantiene la titularidad del establecimiento por el que estaba de alta como trabajador autónomo.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 15-Jl-15 (RCUD 2204/2014) y 5-Jl-16 (RCUD 379/2015) –nº 2 de mi resumen de noviembre de 2016-
47.- STS de 16 de febrero de 2017 (RCUD 2481/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: aún no concurriendo contradicción, reconoce que cabe recurso de suplicación, ex art. 191.3.c) LJS, contra la sentencia de un JS que dirime litigio sobre complemento de mínimos (en el caso, en pensión por incapacidad permanente total), dado que debe entenderse que su objeto es el derecho a una prestación autónoma de seguridad social.
            NOTA: recuerda sus precedentes de 13-Dc-11 (RCUD 702/2011) –nº 11 de mi resumen de marzo de 2012- y 22-Nv-16 (RCUD 2561/2015) –nº 32 del resumen de enero de 2017-
**48.- STS de 16 de febrero de 2017 (RC 90/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: reconoce que, declarada la vulneración de un derecho fundamental (en el caso, el de libertad sindical) y aún no producido daños, conforme al art. 183 LJS es obligado fijar indemnización de daños y perjuicios como prevención de conductas lesivas del derecho fundamental vulnerado
49.- STS de 16 de febrero de 2017 (RC 1/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma: a) la desestimación de la pretensión de nulidad de la conciliación judicial alcanzada en litigio de conflicto colectivo promovido por Iberia LAE sobre el salario regulador de las indemnizaciones derivadas de un despido colectivo de 3.807 trabajadores finalizado con acuerdo de 13-Mz-13, dado que: 1) no cabe estimar que fue inadecuado el procedimiento de conflicto colectivo porque no se planteó en ese litigio, se suscita en éste novedosamente en fase de recurso y, en todo caso, era el adecuado para dirimir un problema interpretativo del acuerdo de mediación; 2) no lesiona el derecho el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores afectados por el hecho de que se dirima una cuestión que les afecta directamente sin haber intervenido, ya que sus intereses han estado representados por los sindicatos intervinientes; 3) no vulnera la prohibición de irretroactividad del art. 9.3 CE y art. 2.3 CC, dado que la conciliación no introduce cambio alguno en lo pactado previamente sino que lo interpreta por quienes lo alcanzaron; b) la falta de legitimación de los prejubilados y jubilados afectados por ese despido, ya que no fueron parte en el litigio de conflicto colectivo y no eran terceros ajenos a lo convenido sino sujetos también representados por quienes alcanzaron el acuerdo conciliatorio
50.- STS de 17 de febrero de 2017 (RC 112/2016).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma que el personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Barcelona no tiene derecho a que, en materia de días de ausencia por enfermedad, se mantengan los términos pactados con sus representantes legales antes de la entrada en vigor de la Instrucción 5/2004 de la Gerencia, dado que ésta no los ha alterado sino la disposición adicional 38 de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que esa Instrucción aplica
**51.- STS de 21 de febrero de 2017 (RCUD 2859/2015).- Sala General.- Sra. Arastey

            Doctrina: 1) reconoce que la carta de despido de un trabajador afectado por el despido colectivo adoptado por una empresa (en el caso, Alimerka SA), con acuerdo, es suficiente por expresar las causas del mismo (en el caso, las pérdidas de las cuatro tiendas que se seleccionaron para su cierre, entre ellas la de la demandante) y referenciar el acuerdo alcanzado; 2) sin embargo, confirma la improcedencia del despido, ya que el TSJ también lo confirmó por negar que concurriera causa y sobre esta cuestión no se ha planteado en el RCUD sentencia contradictoria
            NOTA: el criterio se reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 2860/2015), referida a otro trabajador de la misma empresa y con similar RCUD
52.- STS de 21 de febrero de 2017 (RCUD 2720/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce el derecho de un trabajador objeto de cesión ilegal a Radiotelevisión de Galicia SA a percibir, durante un período en esa situación de cesión en la que junto a las funciones propias de su categoría de redactor hacía las de presentador televisivo, el plus de pantalla previsto en el art. 72 del convenio colectivo de la Televisión de Galicia, dado que esa función de presentador no era inherente a la de su categoría
53.- STS de 21 de febrero de 2017 (RCUD 621/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento personal de antigüedad por llevar veinte años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del X convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando irrelevante que lleven veinte años en la categoría.
            NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y 5-My-16 (RCUD 1431/2015) –recogidas en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016-, 15-Jl-16 (RCUD 595/2015) –nº 66 del resumen de octubre de 2016- y 20-Sp-16 (RCUD 6/2015) –nº 36 del resumen de noviembre de 2016-
54.- STS de 21 de febrero de 2017 (RC 125/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma el derecho de los trabajadores de una empresa sujeta al convenio colectivo de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid (en el caso, Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia SA) a que, dado el alcance del art. 19 del mismo, las exigencias de buena fe e información que resultan del art. 1258 CC y art. 4.1.g) ET y evitar su indefensión, en los partes de trabajo que les entrega se incluya dentro del cómputo de la jornada el tiempo de desplazamiento estimado entre los domicilios de los usuarios computándolo como tiempo de trabajo efectivo, así como las incidencias que repercutan en el cómputo de la jornada y, al menos trimestralmente, el cómputo de las jornadas realizadas en el trimestre.
            NOTA: ver la nº 76 de este resumen
55.- STS de 22 de febrero de 2017 (RC 120/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: de oficio, por afectar al derecho de acceso a la jurisdicción, declara la falta de acción de conflicto colectivo para pedir una determinada interpretación del art. 8 del convenio colectivo de Altadis SA, sobre cuyo alcance discrepan las partes, al no venir vinculada por los sindicatos demandantes a ninguna situación de conflicto real que se quiera resolver y tratarse, por ello, de una petición de consulta
56.- STS de 22 de febrero de 2017 (RC 138/2016).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma que los controladores aéreos de ENAIRE que, por haber cotizado a más de un régimen de Seguridad Social, optan por no totalizarlos para el acceso a la pensión de jubilación y acceder, así, a dos pensiones, no tienen derecho, dado lo dispuesto en el art. 175 del II convenio colectivo para ese colectivo, a que su edad de jubilación forzosa en ENAIRE se prorrogue más allá de los 65 años si a esa fecha no pueden acceder aún a la pensión de jubilación en el régimen general por esa falta de totalización.
            NOTA: se trata de un problema específico que afecta a los controladores aéreos que en su día fueron funcionarios públicos y como tales prestaron servicios al Estado, generadores de derecho a pensión de jubilación de clases pasivas, que causan sin totalización en ejercicio de esa opción legal, pero que luego les impide causar derecho a la pensión de jubilación de régimen general al cumplir los 65 años por no reunir en éste el período de cotización para poder hacerlo a esa fecha, que sólo podrán percibir al cabo de unos meses, quedando en el ínterin sin derecho a pensión y sin salario por razón de la jubilación forzosa en ENAIRE, que impone ese precepto del convenio. Razona el TS, en esencia, que ese perjuicio es fruto de una opción suya, que nadie les impone
57.- STS de 22 de febrero de 2017 (RCUD 999/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: reconoce que, apreciada la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, la consecuencia que debe extraerse, ex art. 81.1 LJS, es reponer el curso del litigio a la presentación de la demanda a fin de que se amplíe frente a quienes también debieron ser demandados (en el caso, quienes obtuvieron los puestos cuya asignación se impugna por el comité de empresa).
            NOTA: recuerda su precedente de 14-En-16 (RC 23/2015), con cita de otras muchas
58.- STS de 22 de febrero de 2017 (RCUD 1563/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce derecho a pensión de orfandad por estimar cumplido el requisito de situación de alta o asimilada del art. 124.1 LGSS en el causante, en interpretación flexible del mismo, dado que su falta de inscripción como demandante de empleo tras su última situación de alta, en la que cesó treinta y dos meses antes de su muerte, está justificada por su enfermedad (cirrosis hepática debida a su alcoholismo crónico, que mantenía).
            NOTA: recuerda precedentes suyos en otros casos de grave enfermedad derivada de alcoholismo crónico (sentencias de 19-Dc-96, RCUD 1159/1996, 19-Nv-97, RCUD 1194/1997, y 27-My-98, RCUD 2460/1997)
59.- STS de 23 de febrero de 2017 (RCUD 2120/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce derecho a pensión de incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral por cumplir el requisito de alta o situación asimilada del art. 124.1 LGSS, en interpretación flexible del mismo, a quien sufre el accidente días después de cesar voluntariamente en una empresa y antes del inicio previsto del nuevo empleo, ya que no revela voluntad de apartarse del mercado de trabajo.
            NOTA: sigue el criterio de sus sentencias de 19-En-10 (RCUD 4014/2008) –nº 13 de mi resumen de marzo de 2010, citada de contraste- y 20-En-15 (RCUD 507/2014) –nº 18 del resumen de abril de 2015-
**60.- STS de 23 de febrero de 2017 (RCUD 2759/2015).- Sala General.- Sr. Moralo.- Voto particular

            Doctrina: reconoce la incompatibilidad entre la pensión de viudedad reconocida al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, y la de incapacidad permanente total que surge, al reconocerle ésta a la beneficiaria de aquélla, ya que el requisito de la misma consistente en no tener derecho a prestación contributiva de la Seguridad Social previsto en la letra c) de esa disposición adicional es exigible no sólo al causarla sino durante su disfrute.
            NOTA: el voto particular del Sr. Agustí, al que se adhieren dos magistradas, defiende la compatibilidad por considerar que el requisito en cuestión sólo es exigible al momento de causar la pensión de viudedad
61.- STS de 23 de febrero de 2017 (RCUD 2066/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: reconoce que no procede reducir del 50% al 40% el recargo por falta de medidas de seguridad impuesta a una empresa (en el caso, Uralita SA) por enfermedad profesional derivada de exposición al amianto, con resultado de incapacidad permanente total, cuando el trabajador ha estado expuesto al contacto con sus fibras en suspensión ambiental por razón de su trabajo durante diez años en la empresa, sin medidas preventivas respecto a ese riesgo.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 17-Mz-15 (RCUD 2045/2014) –nº 25 de mi resumen de junio de 2015- y 26-Ab-16 (RCUD 149/2015) –nº 14 del resumen de julio de 2015-
**62.- STS de 23 de febrero de 2017 (RC 146/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que no cabe declarar la nulidad total del convenio colectivo de Adaptalia Especialidades de Externalización SL por el hecho de que lo negociara el delegado de personal del centro de trabajo de Madrid y su ámbito incluyera a ese centro y a todos los trabajadores formalmente contratados en Madrid, cualquiera que sea el centro en el que vayan a prestar servicios, sino únicamente la nulidad de ese ámbito en cuanto excede del centro de Madrid, como subsidiariamente se pide, y ello por aplicación del principio de conservación del negocio jurídico y por la masiva adhesión al convenio efectuada por los trabajadores posteriormente contratados y por los representantes de los restantes centros.
            NOTA: ver la nº 73 de este resumen, aunque en ese caso no se formuló esa petición subsidiaria ni concurrían esas circunstancias adhesivas
63.- STS de 24 de febrero de 2017 (RCUD 1296/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que estuvo bien apreciada la inadecuación del procedimiento ordinario seguido por el trabajador demandante reclamando el pago de diferencias en la indemnización propia del despido colectivo de que había sido objeto, derivadas de haberla calculado la empresa con un salario inferior al que se considera aplicable, dado que debieron reclamarse por el cauce del proceso de despido.
            NOTA: sigue el criterio aplicado, en caso similar, en sentencia de 22-Dc-16 (RCUD 3458/2015), que a su vez seguía el sentado en sentencia, de Sala general, de 23-Nv-16 (RCUD 431/2014) –nº 24 de mi resumen de febrero de 2017-
**64.- STS de 28 de febrero de 2017 (RC 103/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que no se ha vulnerado el derecho fundamental al honor de la empresa demandante por el hecho de que un sindicato exhibiera pancartas atribuyendo “terrorismo empresarial” a una supuesta cesión ilegal de trabajadores por parte de aquélla, pues aunque sea expresión ilegítima y disponer también de ese derecho las personas jurídicas, no alcanza a vulnerarlo porque la valoración de su intromisión no puede hacerse en términos semejantes al de las personas físicas, la expresión citada no se utiliza en su significado literal sino en el habitual del lenguaje político/sindical y con ánimo de defensa de los trabajadores, sin que haya generado perjuicio alguno.
            NOTA: la sentencia aplica cánones jurisprudenciales de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, con abundante cita de sentencias de ésta
65.- STS de 28 de febrero de 2017 (RCUD 1366/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma la válida extinción ex art. 49.1.c) ET, por terminación del servicio objeto de su contratación, de los contratos de trabajo por obra o servicio determinado concertados por dos trabajadores con una empresa (en el caso, Tecnologías y Servicios Agrarios SA -TRAGSATEC-), cuyo objeto se vinculaba a una determinada contrata (en el caso, la asistencia técnica en el asesoramiento, control y seguimiento de concesiones y expedientes administrativos en Alicante por encargo del Ministerio de Medio Ambiente), al ser objeto válido de un contrato de esa naturaleza, estar debidamente identificado en el contrato y haberse extinguido al finalizar ese encargo.
            NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes en caso de extinciones similares en sendos casos de la empresa TRAGSA referidos a contratas del servicio de incendios (sentencias de 6-Jn-09, RCUD 5117/2006, y 11-Mz-10, RCUD 4084/2008)
66.- STS de 1 de marzo de 2017 (RCUD 3519/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que la Tesorería General de la Seguridad Social está legitimada para iniciar el procedimiento de oficio previsto en el art. 148.d) LJS a fin de determinar el carácter laboral o no de una prestación de servicios (en el caso, mantenida por mujeres que los prestaban en clubs de alterne), en el marco de expedientes administrativos sancionadores tras  actas de infracción por falta de afiliación o alta, dado que aquélla tiene la condición de autoridad laboral con potestad sancionadora, según resulta del art. 4.1.a).1º del Reglamento aprobado por R. Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación con los arts. 22.2, 23.1.b y 48 de la LISOS y expresamente reconoce el art. 19 de ese Reglamento.
            NOTA: el criterio se reitera en sentencias de 3, 7 -2- y 9-Mz-17 (RCUD 364/2016, 3675/2015, 3476/2015 y 2958/2015)
**67.- STS de 1 de marzo de 2017 (RCUD 2128/2015).- Sr. Gullón

            Doctrina: reconoce que la denuncia de incongruencia omisiva, en trámite de recurso (en el caso, el de suplicación), no exige para su éxito que previamente se haya solicitado el complemento de sentencia, por no derivar tal requisito de lo dispuesto en los arts. 215.2 LEC y 267.5 LOPJ ni existir, en nuestra ley procesal laboral, preceptos análogos al art. 469.2 LEC o el art. 89.2.c) de la LJCA ex disposición final 3.1 de la LO 7/2015, de 21-Jl.
68.- STS de 1 de marzo de 2017 (RCUD 2021/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: anula, de oficio, las actuaciones seguidas en trámites de recurso de suplicación, proclamando la firmeza de la sentencia de instancia, que dirime pretensión de pago de diferencias en la prestación por desempleo que no rebasan los 3.000 euros, derivada de determinar cómo se calcula cuando la empresa (en el caso, Alstom Transporte SA) cotiza todos los meses por 30 días, en función de que se promedie por ese módulo mensual o por el número de días efectivos de cada mes, ya que la litigiosidad acreditada no es masiva y, por ello, no cabe estimar que concurre el requisito de afectación general que permite el acceso al recurso ex art. 191.3.b) LJS en un asunto que por su cuantía no lo tiene, a tenor del art. 191.2.g) LJS.
            NOTA: recuerda, entre otras, sus SSTS de 23, 24 y 29-Jn-15 (RCUD 2325/2014, 1470/2014 y 1626/2014) –las dos primeras, junto a alguna otra, recogidas en el nº 4 de mi resumen de noviembre de 2015, referidas a trabajadores de Telefónica-. No cita, sin embargo, sus sentencias de 29-Jn-16 (RCUD 245/2015) –nº 23 de mi resumen de octubre de 2016- y dos del 10-En-17 (RCUD 3747/2015 y 3900/2015) –nº 21 del resumen de marzo de 2017-, referidas a pretensión similar de otros ex trabajadores de Alstom Transporte SA.
            La reiteración del criterio me lleva a no volver a incluir sentencias similares, salvo que contengan elementos diferenciales relevantes
69.- STS de 2 de marzo de 2017 (RC 82/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que el procedimiento de conflicto colectivo no es el adecuado para conocer de una pretensión que, en el fondo, se sustenta en negar la eficacia aplicativa de un acuerdo colectivo con valor de convenio por colisionar con un precepto de otro convenio colectivo (en el caso, el acuerdo que alcanzaron el 10-Oc-14 quienes negociaron el VI convenio colectivo del personal de administración y servicios de las Universidades de Cataluña, con vigencia 2010/2015, para modificar el alcance de su art. 41 por su posible contravención con las leyes de presupuestos, puesta de manifiesto por la autoridad laboral con carácter previo a su publicación oficial), sino el de impugnación de convenios colectivos regulado en los arts. 163 a 166 LJS, dado que: 1) el recurso es defectuoso por no articularse al amparo del art. 207.c) LJS sino al amparo de lo dispuesto en su letra e); 2) el verdadero sentido de la pretensión se sustenta en impugnar la eficacia normativa del acuerdo; 3) el alcance de la modalidad procesal de impugnación de convenios prevista en esos preceptos no se limita a los convenios estatutarios; 4) la remisión que hace el art. 163 LJS a los trámites del proceso de conflicto colectivo no afecta a la determinación de las partes, requisitos de la demanda, acto del juicio y la propia sentencia que se contemplan en esos preceptos.
            NOTA: tiene interés destacar: 1) que no intervino el Ministerio Fiscal; 2) que la Audiencia Nacional intentó encauzarlo por esa vía  pero los demandantes se negaron a ello.
            El criterio se reitera en sentencia de 7-Mz-17 (RC 89/2016) que resuelve litigio con el mismo objeto, aunque promovido por más sindicatos que en el caso anterior
70.- STS de 2 de marzo de 2017 (RCUD 2452/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma: 1) que no ha prescrito la acción para reclamar el premio de antigüedad establecido en el V convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos por el hecho de no solicitar su abono a la Junta de Andalucía dentro de los dos meses previstos en la resolución de de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dado que no es un plazo de prescripción ni podría alterar el año del art. 59 ET, habiéndolo solicitado la demandante dentro del año en que cumplió los 25 años de antigüedad que dan derecho al mismo; 2) que tal circunstancia tampoco eximía a la Junta de Andalucía de su obligación de pago, conforme a lo que acordó con las patronales y sindicatos del sector.
            NOTA: reitera el criterio de su sentencia de 1-Ab-16 (RCUD 3392/2014) –nº 46 de mi resumen de mayo de 2016-
71.- STS de 2 de marzo de 2017 (RC 151/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que se ajusta al art. 14.5.A del IV convenio colectivo para pilotos de Air Nostrum LAM SA la decisión de esta empresa de no permitir disfrutar los períodos quincenales de vacaciones en los meses de julio y agosto de 2016, dado que se ha acreditado que concurren necesidades del servicio que lo impiden
72.- STS de 2 de marzo de 2017 (RC 107/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que el personal de Cremonini Rail Ibérica SA sujeto a su IV convenio colectivo que por trabajar a turnos disfruta de una quincena de descanso en compensación de los festivos anuales, conforme al art. 61 de dicho convenio, no tiene derecho a que, si durante el disfrute de ese período se superpone una situación de incapacidad temporal, disponga de nuevos días de vacaciones en sustitución de los superpuestos, dado que esa previsión está prevista en dicho precepto únicamente para los días de vacaciones en estricto sentido y no para ese período de descanso en compensación por los festivos trabajados
**73.- STS de 7 de marzo de 2017 (RC 58/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Citius Outsourcing Enterprise SL porque fija su ámbito de aplicación a todos los trabajadores de la empresa cuando sólo han negociado los delegados de personal de los tres centros existentes al inicio de la negociación, ya que no podían fijar un ámbito superior al de sus propios centros, cuando luego hay nuevos centros.
            NOTA: la sentencia invoca, como precedente, su sentencia de 10-Jn-15 (RC 175/2014) –nº 21 de mi resumen de octubre de 2015-, no despejando la duda que ésta me generó, pues en ninguna de las dos se concreta si concurren ya al tiempo de firmarse el convenio esos nuevos centros o trabajadores no representados en ese momento, aunque cabe entenderlo implícito, pues de no ser así, equivaldría a negar la posibilidad de que los representantes unitarios concierten convenios colectivos fijando como ámbito el de la empresa, en contra de lo que, a mi juicio, resulta del art. 87.1 ET
74.- STS de 7 de marzo de 2017 (RCUD 2893/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que, conforme al art. 235.1 LJS, no cabe condena en costas al recurrente cuyo recurso se estima en parte.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 10-Fb-95 (RCUD 2187/1994), citada de contraste
75.- STS de 8 de marzo de 2017 (RCUD 2686/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: reconoce que cumple con el requisito de alta del art. 124.1 LGSS-1994 en interpretación flexible y, por ello, tiene derecho a percibir pensión por la situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual propia de sus secuelas quien estaba en alta cuando inicia el proceso patológico que desemboca en la situación invalidante, siendo razonable que haya descuidado el cumplimiento de los resortes legales para seguir formalmente en situación de alta o asimilada (aquí, al hecho causante llevaba dos meses sin estar inscrito como demandante de empleo).
            NOTA: recuerda sus precedentes de 26-En-98 (RCUD 1385/1997), 25-Jl-00 (RCUD 4436/1999) y 3-Jn-14 (RCUD 2588/2013) –nº 10 de mi resumen de octubre de 2014-
**76.- STS de 23 de marzo de 2017 (RC 81/2016).- Sala general.- Sr. López García de la Serrana.- Votos particulares

            Doctrina: reconoce que el art. 35.5 ET no impone a las empresas (en el caso, a Bankia) el deber de registrar la jornada diaria de toda su plantilla a fin de comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horario de aplicación sino únicamente el de registrar las horas extraordinarias que realicen sus trabajadores.
            NOTA: hay tres votos particulares (de la Sra. Arastey, al que se adhiere la Sra. Segoviano; del Sr. Sempere; y del Sr. Agustí, al que se adhieren la Sra. Virolés), coincidiendo todos ellos en que las empresas sí tienen ese deber de registro de la jornada diaria pretendido en la demanda, que en el caso del primero y del tercero coinciden en fundarlo en una distinta interpretación del art. 35.5 ET, mientras que el segundo niega que tenga ese amparo, que proviene en cambio del deber empresarial de fiscalizar y controlar la actividad de los trabajadores que deriva de la exigencia de conocer si han superado la jornada ordinaria, cumplir con medidas preventivas y con el deber de remunerarlo en cuanto fijado sobre el tiempo de trabajo
**77.- STS de 28 de marzo de 2017 (RCUD 1664/2015).- Sala general.- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: rectificando expresamente la doctrina anterior de la Sala, confirma que la extinción del contrato de trabajo del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba genera derecho a la indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET y no a la establecida en el art. 49.1.c) ET.
            NOTA: doctrina previa de la Sala, ahora rectificada, expresada en sus sentencias de 15-Jn-15 (RCUD 2924/2014), 6-Oc-15 (RCUD 2592/2014) –nº 18 de mi resumen de diciembre de 2015-, 4-Fb-16 (RCUD 2638/2014) –nº 24 del resumen de abril de 2016- y 7-Nv-16 (RCUD 755/2015) –nº 58 del resumen de diciembre de 2016-