martes, 14 de febrero de 2017

EFECTOS DE LAS “REPARACIONES” O MODIFICACIONES DE SENTENCIA SOBRE LOS PLAZOS DEL RECURSO

AUTOR: MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ (TSJ de Cataluña)
En ocasiones el cómputo del plazo a efectos de anuncio de resurso de suplicación genera conflictos aplicativos en relación a la incidencia que al respecto puedan tener las solicitudes de parte o las actuaciones de oficio de aclaración, subsanación y complemento de sentencias (arts. 267 LOPJ y 247, 248 y 448.2 LEC). Hecha dicha constatación cabrá hacer una referencia, en primer lugar, al marco aplicativo de esos sistemas de “reparaciones” de errores de las sentencias, para pasar a continuación al análisis de sus efectos sobre el cómputo de plazos en materia de recurso de suplicación.


Es notorio que el derecho a la tutela judicial efectiva integra el denominado principio de intangibilidad de los pronunciamientos judiciales, conexo con la garantía de seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada (entre otras muchas: SSTC 119/1988, de 20 de junio, 231/1991, de 10 de diciembre, 19/1995, de 24 de enero,  23/1996, de 13 de febrero,  48/1999, de 22 de marzo,  218/1999, de 29 de noviembre, 352/1993 de 29 noviembre, 69/2000, de 13 de marzo, 111/2000, de 5 de mayo, 262/2000, de 30 de octubre,  286/2000, de 27 de noviembre,  140/2001, de 18 de junio,  216/2001, de 29 de octubre, 187/2002, de 14 de octubre, 224/2004, de 29 de noviembre,  15/2008, de 31 de enero, etc). Sin embargo, en tanto que el error es inevitable, nuestro marco legal ha venido observando desde antiguo la posibilidad de enmienda por el órgano judicial que ha dictado una resolución en aquellos supuestos en los que concurre fallo o desacierto material. De esta forma, el artículo 363 LEC 1881 preveía (como también ocurría ya en Las Partidas) en forma expresa el impropiamente denominado “recurso de aclaración de las sentencias, cuando existiera “algún concepto oscuro” o para “suplir cualquiera omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio” (de oficio o a instancia de parte, en el día hábil siguiente a la publicación).
Se ha afirmado así por la doctrina constitucional (por todas, STC 286/2006, de 9 de octubre) que esos remedios procesales de modificación de la sentencia o de “reparación” de errores son compatibles con el principio de invariabilidad o inmodificabilidad, en tanto que “no forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva la facultad de beneficiarse de oscuridades, omisiones o errores materiales que con toda certeza pueden deducirse del propio texto de la resolución judicial” (en el mismo sentido y entre otras: SSTC 380/1993, de 20 de diciembre, 23/1996, de 13 de febrero, 111/2000 de 5 mayo, etc.).
Ahora bien, como también se señala por la doctrina constitucional,  “la vía de la aclaración no puede utilizarse como remedio de la falta de fundamentación jurídica, ni tampoco para corregir errores judiciales de calificación jurídica o subvertir las conclusiones probatorias previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de signo contrario, salvo que excepcionalmente el error material consista en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en sus fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial” (STC 187/2002, de 12 de noviembre; en el mismo sentido: SSTC 23/1994, de 27 de enero, 19/1995, de 24 de enero, 82/1995, de 5 de junio, 180/1997, de 28 de noviembre, 48/1999, de 22 de marzo, 218/1999, de 29 de noviembre, 286/2006, de 9 de octubre, y  ATS 17.09.2014 –Rec. 151/2013).
Con todo, no deja de ser significativa para explicar la diferenciación de esos distintos mecanismos reparatorios el análisis de su evolución histórica en los últimos años.
Así, la entrada en vigor de la LOPJ (art. 267) en su redactado inicial mantuvo esencialmente incólume el marco aplicativo del referido artículo 363 LEC 1881, tanto en materia de impulso como respecto a los plazos, aunque añadiendo que “los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento” (en una lógica ya previamente aceptada por algunas Salas del TS).
Sin embargo, el cambio más significativo en cuanto a las reparaciones judiciales se produjo en la LEC 2000. De esta forma se introdujeron las siguientes novedades:
a) En la tipología causante de la aclaración se siguió manteniendo la concurrencia de “conceptos oscuros”, añadiéndose –con el precedente del texto previo de la LOPJ en cuanto a plazos- como motivo adicional la rectificación de “cualquier error material” (art. 214.1).
b) Se amplió el plazo para solicitar –o efectuar de oficio- dicha aclaración de uno a dos días (art. 214.2). Sin embargo, como ya ocurría en el texto inicial de la LOPJ, cuando se trataba de reparar un “error material manifiesto” (añadiéndose también una referencia al “aritmético”) la rectificación podía hacerse en “cualquier momento” (art. 214.3).
c) Se singularizó el supuesto de concurrencia de “omisiones o defectos”  de las resoluciones judiciales, aunque con remisión plena a la tramitación procesal de la aclaración, con la única salvedad de hacer mención al auto como instrumento procesal solutorio (art. 215.1). Del referido precepto, empero, parece diferirse que no nos hallamos ante una “aclaración”, sino ante una “subsanación”.
d) Se introdujo como novedad el denominado “complemento de sentencia”, por tanto, la posibilidad de dictar un auto que enmendara el defecto de “omisión manifiesta” de “pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso” (art. 215.2). A dichos efectos se vino a contemplar un procedimiento específico, manteniendo la dobla activación –de oficio o a instancia de parte o, en su caso, del Ministerio Fiscal-, estableciendo un plazo de cinco días –ya no, de dos- y regulando la audiencia a la otra parte en el caso de que el complemento no se realizara de oficio (apartados 2 y 3 del art. 215).
e) Tanto en el caso de aclaración, subsanación como complemento de sentencias o autos se estableció el principio de irrecurribilidad (arts. 214.4 y 215.4 en el texto inicial, actual art. 215.5 tras la Ley 13/2009).
f) Y, finalmente, se regularon los efectos de las tres figuras (en la Ley 13/2009, no en el texto inicial) en cuanto a los plazos de recurso (art. 215.5), previéndose su interrupción desde el momento de la solicitud y, “en todo caso”, su reinicio “desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara remediarla”. Cabe observar, en todo caso, que ese efecto interruptor del plazo de recurso estaba ya contemplado en el art. 407 LEC 1881 y se reitera en el art. 448.1 LEC  vigente y en el art. 267 LOPJ.
Con posterioridad, la LO 19/2003 vino a modificar el artículo 267 LOPJ introduciendo las novedades establecidas en la LEC 2000.
Por su parte, la actual LRJS (a diferencia del art. 87 LPL 68 y el art. 188 LPL 80) no contempla referencia alguna a la aclaración (como también ocurría en la LPL 90), aunque lógicamente, por el tenor del artículo de la DF 4ª LRJS, la LEC resulta de aplicación supletoria; y, por su parte, la LOPJ es de aplicación directa.
A todo ello cabe añadir que existen otros remedios procesales, sin unos rasgos distintivos nítidos (salvo la firmeza de la sentencia y los distintos plazos concurrentes); es especial, el incidente de nulidad de actuaciones de los artículos 241 LOPJ y 228 LEC.
Con todas esas medidas emerge la constatación que la voluntad del legislador es evitar que los meros errores judiciales comporten una recurribilidad artificial, dotando a los jueces y tribunales del primer grado jurisdiccional de competencias que remedien aquéllos.
Sin embargo, la práctica de los más de tres lustros transcurridos comporta que la indeterminación de las distintas figuras contempladas en el vigente marco jurídico conlleve evidente problemas aplicativos, que no siempre han tenido una respuesta unívoca por la doctrina judicial. De hecho, la Ley no está contemplando tres figuras (aclaración, subsanación y complemento), sino cuatro, en tanto que la aclaración por “error material o aritmético” tiene evidentes singularidades en cuanto al plazo.
Y en relación al error material, se ha indicado por la doctrina constitucional (STC 286/2006, de 9 de octubre) que hay que atender por tal, desde la perspectiva constitucional “sólo «aquellos errores cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse, con toda certeza, del propio texto de la resolución judicial, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones (SSTC 231/1991, de 10 de diciembre, F. 4;  142/1992, de 13 de octubre , F. 2)”; para proseguir: “en suma, «el órgano judicial puede legítima y excepcionalmente proceder a la rectificación «ex» art. 267 LOPJ,  (…) cuando el error material que conduce a dictar una resolución equivocada «sea un error grosero, manifiesto, apreciable desde el texto de la misma sin necesidad de realizar interpretaciones o deducciones valorativas, deducible a simple vista, en definitiva, si su detección no requiere pericia o razonamiento jurídico alguno». Distinto «es que la rectificación, con alteración del sentido del fallo, entrañe una nueva apreciación de valoración, interpretación o apreciación en Derecho, en cuyo caso, de llevarla a efecto, se habría producido un desbordamiento de los estrechos límites del citado precepto legal y se habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (  SSTC 48/1999, de 22 de marzo, F. 3;  218/1999, de 29 de noviembre , F. 3;  69/2000, de 13 de marzo, F. 2;  111/2000, de 5 de mayo , F. 12;  262/2000, de 30 de octubre, F. 3;  140/2001, de 18 de junio, FF. 5, 6 y 7)» [STC 187/2002, F. 6 c)”.
Por el contrario, en el caso de la aclaración de “puntos oscuros de una sentencia” (una eficacia práctica casi nula), conforme a la doctrina casacional “se trata de una facultad para cuyo uso se ha de atender «más que a la semántica, al proceso lógico contenido en la propia sentencia, de tal manera que la aclaración o suplencia de omisión no desorbite lo que podría deducirse de la resolución aclarada». Se trata, en definitiva de que la sentencia sea una unidad, en la que haya coherencia entre todos sus elementos estructurales; también, por lo tanto, entre la fundamentación jurídica y el fallo. Por ello se ha afirmado que no hay mayor oscuridad, precisada de aclaración, que la contradicción entre los propias elementos que configuran y estructuran la resolución judicial -sentencia de esta Sala de 19 de septiembre de 1989-, y que la aclaración es procedente «siempre que la discordancia o contradicción resulte de los propios términos de la sentencia, comparando lo resuelto con sus razonamiento ...» -sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1987-” (SSTS 15.02.1991 –RJ 1991\1491- y 26.12.1990 - RJ 1990\9839-).
Podemos, por tanto, efectuar el siguiente cuadro expositivo de las diversas situaciones contempladas en la Ley:

TIPO DE REPARACIÓN
FINALIDAD
INSTANCIA
PLAZO
TRAMITACIÓN
TIPO DE RESOLUCIÓN
EFECTOS SOBRE RECURSO
ACLARACIÓN ORDINARIA
conceptos oscuros
- De oficio
- Solicitud de parte
2 DÍAS
NO SE ESTABLECE SINGULARI-DAD
- - - -
INTERRUPTIVO DEL PLAZO
ACLARACIÓN EXTRAORDI-NARIA
error material manifiesto y aritmético
EN CUALQUIER MOMENTO
- - - -
SUBSANACIÓN
“omisiones o defectos”
2 DÍAS
AUTO
COMPLEMENTO
omisión manifiesta” de “pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso
5 DÍAS
SI ES A SOLICITUD DE PARTE AUDIENCIA A LA CONTRAPAR-TE
AUTO


Esos diversos mecanismos actualmente vigentes comportan una inevitable pregunta, en relación a si a través de ellos puede afectarse al fallo de la sentencia. Aunque antes de todas esas modificaciones la respuesta judicial era negativa, en la actualidad es ése un resultado posible, como se difiere de la  STC 286/2006, de 9 de octubre. Sin embargo, ello no puede comportar que se modifique “el sentido y espíritu del fallo, toda vez que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras o adicionar lo que falta, debe moverse en el marco interpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado”, como se afirma en las.- SSTC 23/1996, de 13 de febrero, 140/2001, de 18 de junio, 216/2001, de 29 de octubre, 55/2002, de 11 de marzo, etc. Por su parte, la STC 23/1994, de 27 de enero afirma: ““En principio, dado que la vía de aclaración no puede utilizarse como remedio de falta de fundamentación de la resolución judicial aclarada [STC 138/1985], ni para corregir errores indiciales de calificación jurídica [SSTC 119/1988 y 16/1991 o subvertir las conclusiones probatorias anteriormente mantenidas [STC 231/1991, habría que deducir que esta vía es inadecuada para anular y sustituir una sentencia firme por otra de fallo contrario [STC 352/1993]. Sin embargo, tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene admitiendo la operatividad de esta técnica cuando el error material consiste en mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica, entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial. En efecto, no puede descartarse este remedio, aunque comporte revisión del sentido del fallo, si se hace evidente, por deducirse con toda certeza del propio texto de la sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones e interpretaciones, que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo. Esta declaración tiene en cuenta, por lo demás, que la inmodificabilidad de las resoluciones firmes no es -como se dijo en la STC 119/1988- un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la efectividad de la tutela judicial y que no integra el derecho a la tutela judicial beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo”. Véase también la STC 111/2000 de 5 mayo..
Por otra parte, hay que resaltar que en el caso de aclaración “ordinaria”, subsanación y complemento de sentencia concurren plazos muy limitados de tiempo. La doctrina judicial ha venido entendiendo que el incumplimiento de los mismos en relación a la solicitud de aclaración de parte conlleva la ineficacia de dicha solicitud e, incluso, en su caso, la nulidad de actuaciones si el órgano judicial efectuó la aclaración extemporánea (entre otras, SSTS 25.09.1982 -RJ 1982\5275-, 22.02.1984 -RJ\1984\917-, etc.).  
Sin embargo, esa preclusión no opera cuando la aclaración es “extraordinaria” (por denuncia de error material o aritmético), en tanto que aquí la posibilidad de rectificación puede efectuarse “en cualquier momento”, de conformidad con los arts. 267.3 LOPJ y 215.3 LEC (25.04.2011 –Rec. 4/2010, RJ 2011\4494-, en demanda por error judicial). Ahora bien, ello sólo ocurre cuando existe un efectivo error con dicha caracterización y no cuando se pretende, de facto, aunque así no se exprese por la parte, la aplicación de otra medida procesal reparatoria. Se afirma en ese sentido en la STS UD 07.03.1996 –Rec. 1777/1995-: “el atípico recurso de aclaración que interpuso el INSS, además de haber sido presentado fuera del plazo establecido por el artículo 267.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obedecía a la finalidad de aclarar concepto oscuro, corregir error material o suplir omisión en que hubiera incurrido la sentencia sobre el que aquél versaba, sino a la de que se modificase su claro pronunciamiento, sustituyendo lo que establecía -pensión con cargo al Régimen General y en cuantía del setenta y cinco por cien de la base reguladora- por otra condena que imputara tal pensión al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y fijara su cuantía en el cincuenta y cinco por cien de la mencionada base reguladora. A la fecha en que tal escrito fue presentado, dicha sentencia había alcanzado firmeza, por lo cual la única posibilidad impugnatoria que tenía el INSS sería la eventual formulación de un recurso de revisión. El auto del Juzgado de lo Social tampoco podía ser dictado de oficio, dado que mediante el mismo no se actuaba dentro de los límites de la aclaración, sino que, olvidando la seguridad jurídica y el principio de la invariabilidad de la sentencia, modificaba su pronunciamiento en términos incompatibles con su fundamentación jurídica y con la estimación plena del «petitum» que acordaba, en frase, por cierto, que no fue eliminada por la aclaración” (en el mismo sentido: STS UD 23.05.2000 –Rec. 2658/1999)
La casuística posible de los límites de todos esos remedios es apreciable en forma más o menos clara en los diversos pronunciamientos. Así, se ha afirmado que existe “error material” en los que consta certificada como definitiva una sentencia que no es más que un borrador (STC 187/1992, de 16 de noviembre) o por concurrencia de fallo informático que comporta la inclusión de fundamentos jurídicos y fallo de otro pronunciamiento (STC 48/1999, de 22 de marzo) o en relación a un error en la valoración del recurso que confundiendo la base de cotización con la reguladora en materia de prestaciones de la Seguridad Social al régimen de responsabilidades legales (STC 111/2000, de 5 de mayo). A idéntica conclusión se ha llegado respecto a una condena en costas cuando no correspondía (Auto TS 26.02.1992 -Rec. 1294/1990-), o en relación a la determinación del período computable a efectos de cálculo de indemnización por despido en ejecución definitiva (ATS 18.02.2016 –Rec. 1412/2014).
Por el contrario, se ha negado la posibilidad de aclaración por inexistencia de error material, sino sustantivo (incongruencia al margen), en supuestos como la modificación de una sentencia por constatarse que la normativa aplicada estaba derogada (STC 16/1991, de 28 de enero); o por la apreciación indebida de la condición de funcionarios de los trabajadores (STC 142/1992, de 13 de octubre); o por aclaración de los hechos probados en forma tal que esa modificación afecte también al fallo (STC 23/1994, de 27 de enero); o por la mera alegación de concurrencia de un error de transcripción que comporta la modificación de la parte dispositiva (STC 19/1995, de 24 de enero) o de un error informático que, en realidad, obedece a un error conceptual (STC 56/2002, de 11 de marzo); o una rectificación de un pronunciamiento que declaró inicialmente la gran invalidez respecto a lesiones que constituían una incapacidad permanente total (STC 286/2006, de 9 de octubre); o, también respecto a una incapacidad permanente, el cambio fáctico relativo al carácter consolidado o no de unas lesiones (STC 187/2002, de 14 de octubre); o la afectación al régimen de condena del interés legal aplicable por error conceptual de la sentencia (STC 55/2002, de 11 de marzo); o un supuesto en que el tribunal del segundo grado jurisdiccional consideró inicialmente que existía una incongruencia suprapetita respecto a las alegaciones en juicio de la parte actora rebajando la cantidad, acreditándose luego en aclaración que nunca existió dicho rebaje (STC 82/1995, de 5 de junio); o cuando se establece en la sentencia una limitación a los salarios de tramitación en un despido por el período de duración de la incapacidad temporal y posteriormente se dicta aclaración modificando el fallo con integración de los mismos (STS UD 17.06.2016 –Rec. 3406/2014-).
Hay que recordar que el hecho de que una sentencia de un juzgado social incurra en un error sustantivo y no meramente material no determina su irrecurribilidad. Lo podrá ser en suplicación si se está en plazo. Y, en su caso, podrá acudirse al incidente extraordinario de nulidad de actuaciones.
Por otra parte, hay que destacar la singularidad concurrente en materia de procesos de despidos y más en concreto si con la reparación puede modificarse la indemnización inicialmente fijada, caso de improcedencia. La respuesta judicial ha sido afirmativa, al considerarse que el objeto central de la condena no es ese aspecto, que deviene accesorio y ope legis, sino la calificación del acto extintivo. Así, la STS UD 18.04.2016 –Rec. 1921/2014, RJ 2016\2692-, en la que se afirma: “la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, y ello porque, en primer lugar, se trata de un procedimiento por despido en el que lo que se discute es únicamente, como se ha dicho, su calificación, siendo la indemnización una mera consecuencia o añadido al pronunciamiento que se insta del órgano jurisdiccional. En segundo lugar, en la sentencia no hay razonamiento alguno acerca del mencionado cálculo indemnizatorio sobre la base de una específica norma en la materia, sino exclusivamente y, en términos generales, la cita de la del propio despido que ha sido la misma en todo momento, aunque se haya modificado. En tercer y último lugar, en fin, es evidente que el error se ha producido y que consiste tan solo en ese cálculo, cuyo defecto no se niega por la Sala en el auto mencionado, de modo que ha de deducirse que ha errado en la aplicación del texto de la norma a la fecha del despido, al no tener en cuenta ésta y la redacción de la misma en tal momento”. Por su parte, el Auto TS 18.02.2016 –Rec. 1412/2014, RJ 2016\1195- procede a la aclaración de una sentencia en la que se había omitido el período computable a efectos indemnizatorios. Sin embargo, ello no es posible cuando ha existido un error en la determinación de la indemnización, por aplicación incorrecta del tipo de despido practicado (STC 304/1993, de 25 de octubre).



Cabe recordar que –ya desde la doctrina del extinto TCT- la doctrina judicial ha sido unánime entendiendo que las aclaraciones forman parte de la propia sentencia (por todas, STC 32/1996, de 27 de febrero, SSTS UD 05.06.2000 –Rec. 2469/1999-, 24.09.2014 –Rec. 1522/2013,- y las que allí se citan.). De ahí que obviamente cabe considerar que los plazos recursales  se interrumpen por la solicitud en tiempo y forma de aclaración o cualquier otro medio de reparación asimilado y se reinicia a partir del momento en que se dicta el correspondiente auto, estimatorio o desestimatorio (entre otras: STS 29.12.2014 –Rec. 93/2012- y Autos TS 07.01.2000 –Rec. 3692/1999-, 23.04.2001 –Rec. 4305/2000-, etc.). Así se desprende –al margen de los antecedentes históricos- del art. 248.2 LEC (conforme al cual ”los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta”). Por su parte, el artículo 215.5 LEC afirma: “los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla”. Y, por su parte, el artículo 267.9 LOPJ indica que “los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla”. En consecuencia, es evidente que la solicitud de parte de cualquiera de dichos remedios procesales interrumpe el plazo para recurrir. Obsérvese que la Ley no habla de “suspensión”, sino de “interrupción”, lo que comporta que tras dictarse el correspondiente auto, aceptando la modificación o denegándola, vuelva a computar un nuevo plazo de cinco días, Y cabrá tener en cuenta a este respecto la conocida doctrina casacional en relación a la diferencia entre “interrupción” y “suspensión” respecto al art. art. 65.1 LRJS.
Pese a lo expuesto, son destacables algunos pronunciamientos de la doctrina casacional –aunque anteriores a la LEC- en los que se deniega que la aclaración formulada, si es manifiestamente temeraria y se ha efectuado con ánimo dilatorio, tenga efectos interruptivos a efectos de recurso (STS 26.05.1987). Sin embargo, pronunciamientos del TS más cercanos en el tiempo parece optar por una interpretación rigurosa de esa posibilidad, limitándola a supuestos excepcionales y manifiestos. Así, el Auto TS 25.04.2013 –Rec. 43/2002, RJ 2003\7294-: “no es posible imputar a la empresa quejosa que solicitara la aclaración de la sentencia con ánimo dilatorio o defraudatorio de los plazos legales, ni con la intención de reabrir uno ya precluido. Cuando se presentó la solicitud de aclaración, el plazo para preparar el recurso de casación unificadora, sólo acaba de comenzar. Los plazos que, para la solicitud y tramitación de la aclaración, concede el art. 267.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que la empresa cumplió por su parte, son tan breves que es muy difícil imputar ánimo dilatorio fundado sólo en la propia petición de aclaración. Finalmente, la única causa que presume el auto recurrido, la necesidad de ampliar el plazo para preparar el recurso de casación unificadora, con la finalidad de tener más tiempo para obtener los necesarios avales bancarios, se muestra claramente errónea. En el testimonio de particulares remitido por la Sala consta que la sentencia se notificó a la empresa «Naipes Heraclio Fournier SA» el día 24 de mayo y que ésta había ya obtenido los tres avales bancarios, que luego se acompañaron con el escrito de preparación, el 30 de mayo de 2002, dos de ellos y el 31 siguiente el restante. Es decir, mucho antes de que concluyeran los 10 días hábiles con que contaba tanto para preparar el recurso (art. 218 LPL ), como para presentar los avales (art. 228 LPL)”.
En todo caso, la posibilidad de que la solicitud de aclaración no comporte siempre la interrupción de los plazos para recurrir ha sido validada por algún pronunciamiento constitucional –en relación al recurso de amparo-. Así, la STC 186/2014, de 17 de noviembre, considera que el recurrente en amparo ultrapasó el plazo legalmente previsto al efecto, en tanto que previamente instó un recurso de aclaración que pretendía modificar el contenido sustantivo de la sentencia. Se afirma a este respecto:

En el particular caso que nos ocupa, consta en las actuaciones que la  Sentencia de 8 de marzo de 2011  fue objeto de una solicitud de aclaración por la demandante de amparo, si bien en dicho escrito de aclaración se alegaban, antes que conceptos oscuros, omisiones o errores materiales, verdaderas discrepancias de fondo en cuanto a la fundamentación de la Sentencia, que son reiteradas ahora en la demanda de amparo, relativas a la irrazonabilidad de aquélla, a cuyo razonamiento se achacaba haber incurrido en un error en sus premisas. Tal solicitud de aclaración fue rechazada por la Sala al entender que lo que se pretendía era una rectificación tanto de los fundamentos como del fallo de la Sentencia, lo que no es posible por la vía de la aclaración del art. 267 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial  (LOPJ). Pues bien, del propio contenido del escrito de aclaración y de la respuesta al mismo dada por el Tribunal Supremo podemos concluir que su improcedencia se infiere de modo claro, ya que la demandante solicitaba en el suplico de su escrito un contenido imposible como objeto de la aclaración, pues no denunciaba en su solicitud la existencia de conceptos oscuros ni errores materiales o aritméticos, u omisiones, ni tampoco solicitaba el complemento de la resolución a que se refiere al apartado quinto de aquel precepto sino que estaba formulando una pretensión de modificación de la fundamentación y del sentido del fallo de la resolución recurrida, sobre la base de la irrazonabilidad de su argumentación.
Por tanto, con el “escrito o recurso de aclaración” presentado frente a la  Sentencia de 8 de marzo de 2011, que ponía fin a la vía judicial ordinaria, la recurrente prolongó artificialmente la misma, y esa prolongación no puede interrumpir el plazo de treinta días que el art. 44.2 de la  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  (LOTC) concede para promover el recurso de amparo constitucional. En el cómputo del plazo ha de tenerse en cuenta, pues, como fecha inicial, la de la notificación de la Sentencia, esto es, el día 15 de marzo de 2011, y, comoquiera que la demanda de amparo quedó registrada en este Tribunal el 23 de mayo de 2011, en el momento de su presentación ya había expirado aquel plazo, por lo que, de acuerdo con el art. 50.1 a)  LOTC , procede declarar la inadmisibilidad del recurso de amparo por este óbice” (en sentido similar, SSTC 52/1991, de 11 de marzo y 352/1993 de 29 noviembre).

Pese a esa línea hermenéutica cabe indicar que de la STC 60/2009, de 9 de marzo, parece desprenderse (aunque no se afirme en forma expresa y se trate en todo caso del cómputo del plazo para acceder al amparo constitucional) que si ha existido una tramitación de un complemento de sentencia sin que se haya inadmitido de entrada el remedio instado por la parte, se producen los efectos suspensivos oportunos, por lo que no cabe apreciar temeridad o ánimo dilatorio.
Sin embargo, esa interrupción de los plazos sólo se produce en el caso de  solicitud de aclaración de parte si se efectúa dentro del lapso temporal de dos  días (aclaración “ordinaria” o subsanación) o cinco (en el caso de complemento de sentencia); no así, cuando la solicitud es extemporánea, supuesto en el que ya  no cabe el reinicio del plazo (lo que se denomina “efecto Lázaro”), como es de ver en los Autos TS 03.10.2001 –Rec. 1097/2001- y 23.05.2002 –Rec. 1/2002-.
Por tanto, el efecto interruptor del plazo de recurso no es universal, concurriendo dos concretas salvedades: a) cuando la aclaración, subsanación y complemento se solicite en forma extemporánea; y b) excepcionalmente y en supuestos extraordinarios: cuando del contenido del escrito postulando el remedio modificativo se deriva en forma diáfana la existencia de un ánimo dilatorio.
En todo caso, la denegación por dichos motivos del remedio procesal solicitado no es recurrible en reposición (arts. 267.8 LOPJ y 214.4 y 215.5 LEC) y tampoco lo podrá ser, en principio, en suplicación (en tanto que en la práctica cuando se notifique el auto denegatorio ya habrá transcurrido el plazo de cinco días del art. 194 LRJS desde la notificación de la sentencia incólume). Ello no impide, lógicamente, que la parte solicitante presente el correspondiente anuncio y que, en su caso, tras la inadmisión, formule queja.
Pero ocurre que la Ley sólo regula un concreto supuesto entre los distintos escenarios posibles. Así, los preceptos indicados parecen referirse, como luego veremos, a aquellos casos en los que existe solicitud de parte de aclaración, subsanación o complemento de sentencia. Ese limitado redactado comporta, de entrada, una necesaria pregunta: ¿el efecto interruptivo es también invocable por la parte que no ha peticionado esos remedios? Desde mi punto de vista ello no es así cuando quién pretenda beneficiarse del nuevo plazo no sea la misma que haya formulado la pretensión modificativa y ésta haya sido denegada. Así, si quién por ejemplo solicitó una aclaración fue el trabajador, la interrupción del plazo para recurrir sólo a él le afecta, no así a la empresa para quién –en la inmensa mayoría de los casos- el plazo de cinco días habrá transcurrido una vez se le notifique el correspondiente auto denegatorio.
Ahora bien, parece evidente que si el juzgado accede a la modificación postulada podrá abrirse también para la contraparte un nuevo plazo de recurso, siempre que ello le comporte un gravamen efectivo. Por volver a la ejemplarificación: la modificación del salario o de la indemnización de una sentencia de despido reabre el plazo de recurso para la empresa, aunque quién haya solicitado la aclaración o subsanación sea el trabajador. Sin embargo, si existe un mero error de transcripción en la fecha de inicio contractual por mero “baile de cifras” en el relato fáctico, sin efectos en la cuantía indemnizatoria, parece dudosa una conclusión similar.
En todo caso, es del todo evidente que no es simple fijar en esta materia reglas generales, por lo que deberá estarse a la concreta casuística concurrente y a su valoración judicial.
La menguada regulación legal conlleva también un segundo interrogante: ¿opera esa lógica también cuando la aclaración se efectúa de oficio por el juez? Parece claro que, en principio, la respuesta debe ser positiva: aunque los artículos 215.5 LEC y 267.9 LOPJ se refieren en todo momento a supuestos de solicitud de parte (como también implícitamente el art. 248.2 LEC, al remitirse a “la notificación de su aclaración o de la denegación”), el tratamiento legal de ese escenario y la actuación de oficio aconseja dicha conclusión. Ahora bien, esa afirmación ha de ser matizada, de nuevo, en función de la casuística. El “efecto Lázaro” sólo opera cuando la modificación acordada por el juez es trascendente y, como tal, tiene un cierto gravamen sobre una o ambas partes. Verbigracia: si el juez motu proprio aprecia, dentro del plazo legal, que ha dado respuesta denegatoria a la petición de declaración de incapacidad permanente absoluta, pero ha omitido el pronunciamiento respecto a la subsidiaria también contenida en la demanda de incapacidad permanente total, se abre un nuevo plazo para quién ha resultado vencido en relación al complemento- Así, si se inadmite esa petición subsidiaria es claro que el beneficiario puede anunciar el recurso a partir del auto modificativo, en relación a la ambas pretensiones; en el supuesto contrario, por tanto, si se declara la IPT, la entidad gestora podrá recurrir, pero resulta ciertamente problemático reconocer al trabajador idéntico derecho respecto a su pretensión principal (IPA), en tanto que la declaración original al respecto ha resultado incólume. Con todo, es ésta una hermenéutica que –reconozco- resulta ciertamente discutible, en función de la indeterminación que genera nuestro limitado marco legal.
Sigamos planteando interrogantes: cabe ahora preguntarse qué ocurre si el auto declarando de oficio la aclaración “ordinaria”, subsanación o complemento es extemporáneo (por dictarse transcurridos dos o cinco días tras la sentencia). Desde mi punto de vista en estos supuestos –y teniendo siempre presente la necesidad de afectación negativa y la transcendencia de la modificación- cabe siempre suplicación. Lo que ocurre es que el objeto del recurso no versará tanto  sobre los aspectos modificados, sino sobre la infracción de los plazos legalmente fijados para la actuación remedial como tal. A lo que cabrá añadir que, como hemos visto, es éste un aspecto apreciable de oficio por el tribunal “ad quem”. En consecuencia, la parte afectada por el cambio no atacará en suplicación tanto los contenidos jurídicos o fácticos introducidos, sino la plena eficacia de la sentencia inicial, en los términos en que fue en su momento dictada.
Y por fin, respecto a la variada gama de problemas hermenéuticos, resta por analizar qué ocurre en el caso de la denominada “aclaración extraordinaria” (por errores materiales o aritméticos), en tanto que ésta siempre es posible, con independencia del plazo transcurrido. En principio parece que en estos supuestos no cabe nunca suplicación, en tanto que por definición dicho tipo de aclaración no afecta al contenido de la sentencia, sino únicamente a cuestiones incidentales. Sin embargo, no resulta descartable que si una de las partes considera que la medida tiene relevancia no meramente incidental, pueda anunciar recurso y si su tramitación es denegada pueda formular queja.

En todo caso, no concurre interrupción del plazo para el anuncio de recurso en el supuesto de que el litigante inste indebidamente en el plazo de cinco días –puesto que la sentencia no es firme- incidente de nulidad de actuaciones (véase STSJ Islas Canarias -Santa Cruz de Tenerife- 26.04.2007 –Rec. 197/2007).