sábado, 18 de marzo de 2017

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (marzo 2017)

AUTOR: MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Magistrado TSJ País Vasco

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (marzo 2017)

MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO

Sala de lo Social del TSJ del País Vasco

1.- STS de 19 de noviembre de 2016 (RCUD 1881/2015).- Sra. Calvo

Doctrina: condena a la Xunta de Galicia a excluir del concurso-oposición abierto, convocado por la Orden de 2 de mayo de 2012, un concreto puesto de trabajo, dado que se venía ocupando con carácter temporal por la demandante desde antes del 1 de enero de 2005 y, por ello, estaba reservado a los procesos de consolidación del empleo, conforme a la disposición transitoria decimocuarta del Decreto legislativo de la CA de Galicia 1/2008, de 13-Mz
2.- STS de 30 de noviembre de 2016 (RCUD 3183/2015).- Sr. Blasco.- Voto particular

            Doctrina: confirma el derecho a la prestación de maternidad del art. 131 bis LGSS, en sustitución de la de paternidad reconocida por el INSS, al padre biológico de un hijo recién nacido en Illinois e inscrito como español en el registro consular de Chicago, en virtud de gestación por sustitución (“madre de alquiler”), que renuncia a la patria potestad, pese a la nulidad de pleno derecho de ese acuerdo de gestación.
            NOTA: la sentencia sigue el criterio de las SSTS de 19-Oc-16 (RCUD 3146/2014 y 3818/2015), de Sala General, recogidas bajo el nº 7 de mi resumen de enero de 2017. Hay un voto particular concurrente del Sr. Castro, que cree que el derecho a la prestación debió fundarse exclusivamente en la condición de padre biológico y la situación fáctica del menor pero no en el contrato de maternidad por subrogación y renuncia de la madre a la patria potestad.
            **El criterio se reitera en otra sentencia de la misma fecha y ponente (RCUD 3219/2015), con similar voto particular, en el siguiente caso: matrimonio de dos varones, siendo cada uno de ellos padre biológico de un hijo, nacidos en un mismo parto mediante reproducción asistida en el Estado de California, constando inscritos registralmente como hijos de ambos, figurando el demandante como madre de los dos y el otro cónyuge como padre de ambos, habiendo reconocido previamente el INSS la prestación de paternidad al que consta registralmente como padre pero ha denegado la prestación de maternidad al que figura como madre
3.- STS de 30 de noviembre de 2016 (RCUD 868/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma la procedencia del despido por causas económicas del art. 52.c) ET efectuado el 13-My-13 en Hearst Magazines SL, al concurrir descenso de la cifra de negocio neta en 2012 respecto a 2011 en un tercio de su importe, aún cuando haya tenido beneficios en ese año
            NOTA: recuerda su sentencia de 28-Jn-16 (RCUD 354/2015) –nº 21 de mi resumen de octubre de 2016-, en el caso de otro trabajador de la misma empresa objeto de despido similar el 1-Jn-12
4.- STS de 2 de diciembre de 2016 (RC 273/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma la validez del acuerdo “sobre reconocimiento visual de trenes” alcanzado el 15-Ab-15 entre el comité general de empresa de ADIF y ésta por el que se atribuye a los ayudantes ferroviarios y capataces de maniobra las nuevas tareas subcontratadas a RENFE, consistentes en el servicio de inspección visual de trenes, tras la realización de un curso de formación, ya que no constituye encomienda de funciones ajenas a su grupo profesional, estando ante un supuesto de movilidad funcional del art. 39 ET alcanzado por acuerdo y amparado también en el art. 22 ET, que no constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 ET
**5.- STS de 9 de diciembre de 2016 (RCUD 1674/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que no hay sucesión de empresa del art. 44 ET por el hecho de que una Administración Pública (en el caso, Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), al finalizar la contrata del servicio de comedor de un centro escolar (en el caso, un IES), asuma directamente ese servicio, sin hacerse cargo del personal, teniendo en cuenta que es una contrata en la que la mano de obra es el elemento significativo.
            NOTA: aunque no suelo hacerlo, me permito calificar esta sentencia como un tanto llamativa y, por ello, habrá que esperar a ver si el criterio se reitera, ya que: 1) en los hechos probados consta que la Administración, al cesar la contrata, recuperó la posesión de las instalaciones de cocina de las que era titular y se habían puesto a disposición de la empresa contratista del servicio; 2) afirma seguir, por razones de seguridad jurídica, el criterio de la STS de 12-Jl-16 (RCUD 349/2015) –nº 53 de mi resumen de octubre de 2016-, pero en ésta la contratista saliente tenía sus propios medios materiales, distintos a los que luego usa la Administración titular del servicio al recuperar su gestión directa y, además, la contrata finalizó a instancias de la contratista
6.- STS de 13 de diciembre de 2016 (RCUD 934/2012).- Sr. Souto

            Doctrina: reconoce que el precio de las horas extraordinarias en empresas de seguridad sujetas al convenio estatal, como en el caso (Prosegur), ha de calcularse sin incluir los pluses de festivo y nocturnidad, salvo que se realicen en esas concretas circunstancias (lo que no era el caso).
            NOTA: reitera una doctrina tradicional de la Sala, para la que sirve de ejemplo la propia sentencia de contraste, de 7-Fb-12 (RCUD 2395/2011)
7.- STS de 14 de diciembre de 2016 (RC 275/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que los trabajadores de Renfe, Fabricación y Mantenimiento, que no forman parte de los llamados Equipos de Asistencia Técnica y eventualmente realizan desplazamientos para realizar, fuera de las Bases de Mantenimiento, Bases de Asistencia Técnica o Centros de Trabajo, funciones de Asistencia Técnica e Intervención en Línea, no tienen derecho a percibir por día efectivamente trabajado en esas circunstancias el complemento por servicios de asistencia en línea (clave 126 de nómina)
**8.- STS de 15 de diciembre de 2016 (RCUD 856/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma que, dada la nueva redacción dada al art. 12.6 ET por la Ley 40/2007 y sin que obste a ello la disposición transitoria 17ª de ésta, el contrato de relevo suscrito a partir del 1 de enero de 2008 para sustituir a quien se jubila parcialmente con reducción de jornada del 85%, ha de ser indefinido, no pudiendo ser temporal, y, por ello, la extinción de ese contrato, al vencimiento de la duración pactada, constituye un despido improcedente
9.- STS de 19 de diciembre de 2016 (RCUD 602/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma el derecho a la prestación de maternidad, dado que el art. 4 del R. Decreto 295/2009, de 6 de marzo, no obsta al carácter asimilado al alta que, conforme al art. 29 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, y art. 36.1.15 del Reglamento aprobado por R. Decreto 84/1996, de 26 de enero, tiene el trabajador autónomo, durante los 90 días siguientes a su baja en el RETA, en orden a causar derecho a prestación por maternidad, dado el principio de especialidad de esta norma, en un caso en el que el trabajador cursó baja provisional en el RETA precisamente por iniciar incapacidad temporal, de la que se cursa el alta con ocasión del parto, solicitando la prestación de maternidad desde ese día.
            NOTA: reitera el criterio de la STS de 10-Jn-14 (RCUD 2546/2013) –nº 18 de mi resumen de octubre de 2014-
**10.- STS de 20 de diciembre de 2016 (RCUD 535/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: la edad del futbolista profesional (en el caso, 30 años) no es razón jurídica, al no existir previsión normativa al efecto, para no reconocerle una incapacidad permanente total para esa profesión por razón de unas secuelas que afectan a su rodilla, derivadas de un accidente de trabajo sufrido cuatro años antes y que no se discute que le impiden ejercerla
11.- STS de 20 de diciembre de 2016 (RCUD 1794/2015).- Sr. Moralo
                 
            Doctrina: reconoce derecho a que se despache ejecución para que se cumpla en sus propios términos la sentencia que declara la existencia de cesión ilegal y, por ello, el derecho de la demandante a integrarse en la empresa cesionaria (en el caso, Corporación RTVE SA) como trabajadora indefinida, aún cuando hubiese sido despedida de la empresa cedente antes de la firmeza de esa resolución por finalización de la contrata con la cesionaria y el litigio por despido esté sub iudice.
            NOTA: sigue el criterio de la STS de 11-Dc-12 (RCUD 271/2012) –nº 9 de mi resumen de marzo de 2013-, citada de contraste, y recuerda también la de 3-Oc-12 (RCUD 4286/2011) –nº 13 de mi resumen de diciembre de 2012-
12.- STS de 20 de diciembre de 2016 (RC 9/2016).- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma los acuerdos de prórroga, hasta el 15-Sp-13, de la ultractividad de los dos convenios colectivos aplicables al personal de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, alcanzados el 2 y 11 de julio de 2013 por la comisión negociadora del convenio
13.- STS de 20 de diciembre de 2016 (RC 19/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que no corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sino a los Juzgados de lo Social de Madrid enjuiciar la demanda de conflicto colectivo cuando éste afecta al personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores que presta servicios en Argentina, dado que su ámbito no es superior al de una Comunidad Autónoma, como exige el art. 8.1 LJS, y lo dispuesto en el último párrafo del art. 10.1 LJS
**14.- STS de 21 de diciembre de 2016 (RCUD 1800/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: el reconocimiento de la deuda –en el caso, indemnización por despido y parte proporcional de paga extra- en escritura pública por el empresario deudor no interrumpe la prescripción respecto a la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en su abono, no pudiendo considerarlo asimilable al reconocimiento de deuda en conciliación preprocesal o procesal, a efectos de lo dispuesto en el art. 23.5 LJS
15.- STS de 21 de diciembre de 2016 (RCUD 451/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce derecho a cobrar el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad del art. 58.14 del VI convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía al demandante en atención al singular modo en que presta sus servicios propios de la categoría de intérprete informador en el espacio natural de Sierra Nevada, asumiendo riesgos que no son inherentes al puesto y, por ello, no está ya retribuidos en el complemento de puesto (genérico) asignado a la categoría de intérprete informador.
            NOTA: recuerda varios precedentes suyos en los que se dirimía el derecho a ese mismo plus, aunque en otras categorías, como por ejemplo en su sentencia de 26-Oc-16 (RCUD 1857/2015) –nº 54 de mi resumen de diciembre de 2016-
**16.- STS de 22 de diciembre de 2016 (RCUD 3982/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma el derecho de la demandante a participar en la convocatoria para la cobertura de vacantes convocada por Orden de 2 de mayo de 2012, aún cuando no reúne un requisito de sus bases (tener la misma categoría de la plaza solicitada), dado que incumple el art. 7 del V convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia que reconoce derecho a que participen cuantos tengan categoría del mismo grupo profesional (como era el caso), sin que obste a ello que no haya impugnado las bases de la convocatoria.
            NOTA: niega que sea un criterio opuesto al aplicado en STS de 19-Dc-06 (RCUD 2659/2005), ya que en ese caso no estaba en juego la legalidad de la convocatoria; sigue expresamente el cambio de criterio adoptado por la Sala 3ª del TS en sus sentencias de 2 de marzo y 22 de mayo de 2009 (recs. 7220/2004 y 2586/2005).
            Se reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 3998/2015)
**17.- STS de 22 de diciembre de 2016 (RCUD 1466/2015).- Sala General.- Sr. De Castro

            Doctrina: puede acogerse a la disposición transitoria decimoctava de la LGSS añadida por la Ley 26/2009 quien, como en el caso, se divorció antes del 1 de enero de 2008, aunque cobrase pensión compensatoria al fallecer el causante, y por ello reconoce que en estos casos la pensión de viudedad no queda limitada por el importe de la pensión compensatoria, al no aplicarse a las pensiones reconocidas con ese amparo el límite del art. 174.2 LGSS, dada la previsión específica contenida en el párrafo segundo de esa disposición transitoria (su cuantía se determina por la normativa anterior a la Ley 40/2007).
            NOTA: la sentencia mantiene el criterio aplicado en sus sentencias de 27-Jn-13 (RCUD 2936/2012), 30-Oc-13 (RCUD 2783/2012) –nº 9 de mi resumen de marzo de 2014- y 15-Oc-14 (RCUD 1648/2013) –nº 4 de mi resumen de febrero de 2015-. Su interés deviene de que es de Sala General, convocada ante el planteamiento que hacía la sentencia del TSJ de Madrid, apartándose del mismo por considerar que no se ajustaba a la finalidad de esa disposición transitoria e implicaba, de hecho, reconocer una opción a la beneficiaria para acogerse al régimen ordinario o al previsto en aquélla
18.- STS de 22 de diciembre de 2016 (RC 201/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que no vulnera el derecho de libertad sindical de la Asociación de Profesores de Religión de Centros Estatales (APRECE) las siguientes conductas: 1) que no se haya sometido a votación una propuesta de ese sindicato que había sido incluida en el orden del día de una reunión del comité de empresa de profesores de religión de centros públicos no universitarios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, en contra de lo dispuesto en el reglamento de funcionamiento de éste; 2) que el acta de una reunión de éste no reproduzca el tenor de una comunicación que le dirigió el sindicato, contraviniendo ese reglamento; 3) que el comité no le haya entregado copias de los contratos de trabajo celebrados en 2013 y 2014; 4) el contenido de un comunicado del comité publicado en una página web de otro sindicato.
            NOTA: la sentencia se cuida de precisar que sólo analiza si esas conductas vulneran ese derecho fundamental y no su legalidad infraconstitucional. Recuerda, en cuanto al punto 1, su precedente de 5-Nv-10 (RC 6/2010)
19.- STS de 22 de diciembre de 2016 (RC 282/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que las dietas y la indemnización por recogida o transporte establecidas en el XVI convenio colectivo para tripulantes de cabina de pasajeros de Iberia LAE tienen naturaleza extrasalarial y, por ello, no quedan afectadas en su cuantía por la reducción establecida en el acuerdo de mediación, de 13 de marzo de 2013, reconociendo el derecho de esos trabajadores a seguir cobrando ambos conceptos en la cuantía fijada en el convenio y a que se les devuelvan las cantidades descontadas desde el 15 de marzo de 2013
20.- STS de 10 de enero de 2017 (RCUD 2684/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: de oficio, anula las actuaciones seguidas desde el auto que denegó la ejecución de la sentencia firme dictada en litigio sobre impugnación de alta médica, al no ser recurrible en suplicación, al no ser susceptible de tal recurso la sentencia que se pretende ejecutar, conforme a lo dispuesto en el art. 191.4.d) LJS, en relación con el inciso final del art. 191.2.g) LJS.
            NOTA: sigue lo resuelto en STS de 25-Fb-16 (RCUD 3721/2014) –nº 53 de mi resumen de abril de 2016-
21.- STS de 10 de enero de 2017 (RCUD 3747/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: anula, de oficio, las actuaciones seguidas en trámites de recurso de suplicación, proclamando la firmeza de la sentencia de instancia, que dirime pretensión de pago de diferencias en la prestación por desempleo que no rebasa los 3.000 euros, derivada de determinar cómo se calcula cuando la empresa (en el caso, Alstom Transporte SA) cotiza todos los meses por 30 días, en función de que se promedie por ese módulo mensual o por el número de días efectivos de cada mes, ya que la litigiosidad acreditada no es masiva y, por ello, no cabe estimar que concurre el requisito de afectación general.
            NOTA: recuerda sus SSTS de 23, 24 y 29-Jn-15 (RCUD 2325/2014, 1470/2014 y 1626/2014) –las dos primeras, junto a alguna otra, recogidas en el nº 4 de mi resumen de noviembre de 2015, referidas a trabajadores de Telefónica-. No cita, sin embargo, su sentencia de 29-Jn-16 (RCUD 245/2015) –nº 23 de mi resumen de octubre de 2016-, referida a pretensión similar de otro ex trabajador de Alstom Transporte SA.
            El criterio se reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 3900/2015), con similar objeto litigioso
22.- STS de 10 de enero de 2017 (RCUD 1670/2014).- Sr. López García de la Serrana.- Voto particular

            Doctrina: reconoce que no hubo cesión ilegal de los dos trabajadores demandantes por su empleador, Dominion Instalaciones y Montajes SL, a Telefónica Soluciones de Outsourcing SA, dado que la primera es una empresa real, que en ejecución de la subcontratación alcanzada entre ellas en relación con el servicio integral de telecomunicaciones Centro de Gestión Personalizado del Gobierno Vasco, aporta medios materiales (el local y su know how), organiza el trabajo sin ingerencias de la segunda y ejerce el poder de dirección sobre sus empleados, sin que obste a ello que Telefónica facilitase a la subcontratista los ordenadores y las aplicaciones informáticas, tuviese un encargado en el local de ésta que controlaba el trabajo aunque sin intervenir en la ejecución de la contrata, el local tuviese una placa con el logotipo de Telefónica y los trabajadores de la subcontratista se identificasen como servidores de Telefónica.
            NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés negaba la existencia de contradicción sobre dicha cuestión
**23.- STS de 10 de enero de 2017 (RCUD 1077/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma la procedencia del despido por causas organizativas ex 52.c) ET de un trabajador basado en la reducción del volumen de la contrata que asume la nueva adjudicataria por imposición del pliego de condiciones y dado que estaba obligada inicialmente a subrogarse en toda la plantilla de la contratista saliente conforme al convenio colectivo de aplicación (en el caso, el del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid), ya que no es preciso que la causa organizativa sea posterior a la asunción de la contrata.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 16-Jl-14 (RCUD 1777/2013) –nº 60 de mi resumen de octubre de 2014-, 17-Sp-14 (RCUD 2689/2013) –nº 39 del resumen de noviembre de 2014-  y 3-Mz-15 (RCUD 1070/2014) –nº 16 del resumen de junio de 2015-, si bien en ninguna de ellas se enjuiciaba el despido ex 52.c) ET amparado en esta causa sino extinciones efectuadas por el contratista saliente ex art. 49.1.c) ET –las dos primeras- o la no subrogación del entrante –la última-. No obstante, el hilo conductor de todas es el mismo, explicitándose aquí el cauce que ha de seguirse para el reajuste de plantilla basado en esa reducción del volumen de la nueva contrata
24.- STS de 10 de enero de 2017 (RC 98/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma: 1) que no se ajusta a derecho la variación unilateral de la jornada de trabajo efectuada por Bridgestone Hispania SA, dado que no puede ampararse en las medidas de flexibilidad interna previstas en el art. 101 del XXIV convenio colectivo de empresa, ya que no ha obtenido la aprobación de su Comisión Paritaria, como al efecto lo exigía ese precepto; 2) que no cabe declarar como horas extraordinarias los excesos de jornada derivados de esa decisión empresarial, ya que no se ha acreditado que con su realización se haya superado automáticamente la jornada ordinaria máxima, sin perjuicio de las reclamaciones individuales que puedan presentar quienes efectivamente la hubieran rebasado.
            NOTA: la sentencia tiene en cuenta, como antecedente, lo resuelto en su sentencia de 11-My-16 (RC 76/2015) –nº 46 de mi resumen de julio de 2016-, en donde se confirmó la validez de ese artículo del convenio
25.- STS de 10 de enero de 2017 (RCUD 503/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una empresa sujeta al mismo (en el caso, Atos Spain SA) reduzca el importe del denominado “complemento de salario” que venía abonando, en igual cuantía con que les incrementa el complemento de promoción profesional y antigüedad por aplicación de lo previsto en el art. 25 de ese convenio, pese a que la naturaleza del complemento absorbido sea la de un complemento de cantidad o calidad, ya que la absorción y compensación también cabe entre conceptos heterogéneos cuando, como es el caso, el propio convenio generador del complemento salarial “absorbente” permite la absorción sin ese límite (en el caso, “con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo”) y el complemento absorbido estaba reconocido expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco se opone el art. 8 del referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos.
            NOTA: reitera el criterio aplicado, en el caso de otras empresas sujetas a ese convenio, en SSTS de 3-Jl-13 (RCUD 279/2011) –nº 3 de mi resumen de noviembre de 2013-, 21-En-14 (RC 99/2013) –nº 25 del relativo a abril de 2014, citada de contraste-, 13-Mz-14 (RC 122/2013) –nº 43 de mi resumen de marzo de 2014-, 8-My-15 (RCUD 1347/2014) –nº 49 de mi resumen de julio de 2015- y 9-Mz-16 (RC 138/2015) –nº 7 de mi resumen de junio de 2016-, que vino a rectificar el criterio de signo opuesto aplicado en sus sentencias de 12-Ab-12 (RC 132/2010) y 20-Jl-12 (RC 43/2011) –recogidas con el nº 20 del resumen de julio de 2012 y nº 43 del correspondiente a noviembre de 2013-
**26.- STS de 11 de enero de 2017 (RCUD 1689/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma que, al tratarse de acción dirigida frente a quien no es la empresa en concurso, corresponde al Juez de lo Social –en el caso, en ejecución de sentencia- (y no al Juez del concurso) dirimir si el adjudicatario del patrimonio de la concursada (que lo adquirió como unidad productiva en funcionamiento) ha de responder solidariamente de la deuda reconocida en ese título ejecutivo a cargo de ésta por reunir la condición de sucesor suyo.
            NOTA: la sentencia recuerda la que dictó el 29-Oc-14 (RCUD 1573/2012) –nº 12 de mi resumen de febrero de 2015-, así como lo resuelto por la Sala de Conflictos de Competencia en sus autos de 9-Dc-15 y 9-Mz-16 (conflictos 25/2015 y 1/2016)
27.- STS de 11 de enero de 2017 (RCUD 1626/2015).- Sr. López García de la Serrana
                               
            Doctrina: reconoce que es recurrible en suplicación la sentencia que dirime litigio sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual por acumularse pretensión de tutela de derechos fundamentales, dado lo dispuesto en el art. 178.2 LJS.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 10-Mz-16 (RCUD 1887/2014) –nº 31 de mi resumen de mayo de 2016- y 22-Jn-16 (RCUD 399/2015) –nº 12 del resumen de octubre de 2016- en casos similares, máxime tras corroborarlo el Tribunal Constitucional en su sentencia 149/2016, de 19-Sp-16
28.- STS de 11 de enero de 2017 (RCUD 2270/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: revoca la nulidad del despido ex art. 52.c) ET efectuado el 28-Jl-12, que el TSJ sustentaba en que se traspasaban los umbrales numéricos propios del despido colectivo, al no darse esta circunstancia, dado que se determina en función del número de los computables ocurridos en los noventa días inmediatamente anteriores a la fecha de efectividad del despido, que en el caso fueron otros dos, aunque la empresa hubiera prescindido de doce de los quince trabajadores que tenía a comienzos del año.
            NOTA: llama la atención que, a la vista de este último dato, la sentencia no analice si, en el caso, se daba el supuesto de despido colectivo previsto en la norma antifraude del último párrafo del art. 51.1 ET, aunque tal vez se deba a que los hechos probados no reflejan las fechas exactas de esas otras extinciones
29.- STS de 11 de enero de 2017 (RC 24/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Stock Uno Grupo de Servicios SL, de ámbito de empresa, por contravenir el art. 87.1 ET, al haberlo negociado representantes de los trabajadores de los cuatro centros que los tienen, que no representan a los de los otros centros de trabajo que carecen de ellos, sin que obste a ello que no estén dados de alta como tal.
            NOTA: recuerda su sentencia de 21-Dc-15 (RC 6/2015) –nº 7 de mi resumen de abril de 2016- y alguna más de las que ahí menciono.
            El criterio se reitera en STS de 25-En-17 (RC 40/2016), en el caso del convenio colectivo de Merchanservis SA (con 1311 trabajadores a la fecha en que se suscribe), negociado únicamente por los representantes de los trabajadores de uno de sus centros, que agrupa a algo menos del 50% de la plantilla, existiendo al menos doce centros con representantes unitarios o capacitados legalmente para tenerlos
30.- STS de 11 de enero de 2017 (RC 11/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma el derecho de los delegados sindicales del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Las Palmas de CGT a que la sociedad estatal Correos y Telégrafos SA les reconozca como tales, así como su derecho a disfrutar del crédito de 40 horas para su actividad sindical, habiendo lesionado el derecho de libertad sindical de ese sindicato esa falta de reconocimiento, condenándola a indemnizarle con 6.000 euros por daños morales; dado que: 1) es adecuado el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para dirimir esas pretensiones y no el de conflicto colectivo; 2) tiene legitimación ese sindicato, al tener 3 de los 21 representantes de los trabajadores en las elecciones celebradas en la Jefatura de Las Palmas de dicha sociedad estatal; 3) no es aplicable, por contravenir el art. 10.1 LOLS, el acuerdo marco sobre relaciones laborales de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos del año 2000 (BOC de 22-Mz-00) en su apartado III.d).4, ya que establece como única unidad de cómputo de los 250 trabajadores el centro de trabajo; 4) a partir de su sentencia de 18-Jl-14 (RC 91/2013), de Sala General -nº 22 de mi resumen de noviembre de 2014-, la nueva doctrina de la Sala interpretando el art. 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece que corresponde al sindicato definir el ámbito de su sección sindical, en ejercicio de su facultad de organización interna, por lo que este precepto ampara su derecho a los dos delegados sindicales en la provincia de Las Palmas, en la que esa empresa tiene 918 trabajadores y un comité de empresa provincial de 21 miembros de los que 3 son de CGT, aún cuando ninguno de sus centros de trabajo alcance los 250 trabajadores; 5) no hay base para estimar irrazonable o arbitraria la indemnización fijada por daño moral.
            NOTA: recuerda su sentencia de 23-Sp-15 (RC 253/2014) –nº 13 de mi resumen de diciembre de 2015-.
31.- STS de 11 de enero de 2017 (RC 111/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma que los TRADE de Bimbo SAU que se afiliaron a UGT a fin de que se les pudiera aplicar el Acuerdo de Interés Profesional, de 20-Jn-13, denominado “canal detalle” y suscrito por parte sindical únicamente por ese sindicato, son computables a efectos de determinar los representantes zonales regulados en el art. 24 del Acuerdo de Interés Profesional, de 29 de julio de 2011, ya que ni éste ni el posterior reglamento de elecciones pactado para ese ámbito contiene norma que permite excluirles de cómputo
32.- STS de 12 de enero de 2017 (RC 48/2016).- Sr. Souto

            Doctrina: confirma que el 15-Jl-15, fecha de interposición de la demanda, no había prescrito la acción para pedir la nulidad del acuerdo, de 27-Sp-10, alcanzado en la sociedad mercantil pública Canaria de Fomento Económico SA por el que se reduce en un 5% los salarios de su personal no directivo, dado que el día inicial de cómputo del plazo de un año del art. 59.1 ET no es el de su firma sino el de publicación en el BOE (13-En-15) de la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2014, de 4 de diciembre, que declaró la nulidad del art. 41.1 de la Ley 11/2010, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo de la cual quedaron sin efecto determinadas compensaciones establecidas en ese acuerdo de 27-Sp-10, constituyendo esa sentencia la causa por la que se pide la nulidad del acuerdo
**33.- STS de 18 de enero de 2017 (RC 108/2016).- Sala General.- Sr. Blasco.- Votos particulares

            Doctrina: 1) reconoce que es procedimiento adecuado el de ejecución de sentencia en los casos de sentencias que declaran nulo un despido colectivo (en el caso, el de COCA-COLA), aún cuando las razones de discrepancia en el cumplimiento de la sentencia sean de índole individual y, por ello, revoca la inadecuación de procedimiento declarada respecto a varios de los trabajadores afectados que discutían la regularidad de su readmisión por cuestiones individuales (salario, antigüedad, circunstancias personales o cuestiones acaecidas después del título ejecutivo); 2) confirma que, en los casos en que la readmisión se produjo en centros distintos y geográficamente alejados del que tenían por estar cerrados éstos, procede la sustitución de la readmisión por la indemnización ordinaria, dada la imposibilidad de aquélla por estar cerrados desde antes de la sentencia y debido a razones ajenas a la huelga que tuvo lugar en respuesta al despido colectivo; 3) confirma que, en tales casos, no cabe la indemnización adicional del art. 281.2.b) LJS, tanto por no haberse pedido como por no haberse acreditado perjuicios específicos derivados de la readmisión irregular; 4) confirma la regularidad de la readmisión de los trabajadores del centro de Fuenlabrada, sin que obste a ello el cambio de funciones derivado del cambio del objeto del centro, ya que es propio del ejercicio de facultades empresariales de movilidad funcional del art. 39 y no implica modificación sustancial de condiciones de trabajo.
            NOTA: existen dos votos particulares: 1) del Sr. Sempere, concurrente, que únicamente discrepa de que pueda ser objeto de examen, en ejecución de la sentencia de despido colectivo, las discrepancias sobre la readmisión de índole individual; 2) del Sr. Agustí, al que se adhiere la Sra. Virolés, defendiendo que en el caso de los trabajadores del bloque 2) se debió dar la indemnización adicional, al no ser exigible petición de parte ni prueba de perjuicios distintos a los derivados de la propia extinción; y en el caso de los trabajadores del bloque 4, considera que el cambio de funciones implica una irregularidad en la readmisión, que debió indemnizarse ex art. 18.2 LOPJ
34.- STS de 19 de enero de 2017 (Rev. 16/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: desestima demanda de revisión de una sentencia firme que declara improcedente el despido de cinco trabajadores del Consorcio UTELD y se pide que se declaren nulos, dado que: 1) su acción revisora estaba caducada, al haber transcurrido más de tres meses desde la STS que se alega como factor que desvela la maquinación fraudulenta de la empresa; 2) el fraude o maquinación del art. 510.4º LEC que permite la revisión se refiere siempre al modo de obtener la sentencia la parte beneficiada por ésta y no al que pudo tener en la propia cuestión litigiosa, por lo que, en el caso, no lo constituye que el TS haya declarado nulos despidos análogos efectuados por el mismo empleador público.
            NOTA: reitera el criterio de sus sentencias de 21-En-16 (rev. 24/2015), dos del 20-Oc-16 (rev. 17 y 26/2015) –nº 37 de mi resumen de diciembre de 2016-
**35.- STS de 23 de enero de 2017 (RC 60/2016).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma que no hay lesión del derecho fundamental de huelga por el hecho de que Telefónica de España SAU no negocie con el comité de huelga de las empresas subcontratistas de su actividad de provisión de servicios finales de telecomunicaciones, dado que aquélla, única demandada en el litigio, no tiene vínculo laboral alguno con los trabajadores en huelga y por ello no le incumben los deberes de negociación del art. 8.2 del RDL 17/1977
36.- STS de 24 de enero de 2017 (RC 97/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma que no constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 ET el cambio introducido por Air Nostrum LAM SA en el modo de actuación de los tripulantes de cabina de pasajeros durante las escalas, exigiéndoles retirar los residuos sólidos que están a la vista una vez desembarcado el pasaje, dado que durante el vuelo ya hacen esa misma función
**37.- STS de 24 de enero de 2017 (RCUD 1902/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de la demandante que durante el período de adaptación de su puesto de trabajo durante parte del embarazo y período de lactancia (en el caso, de médico interno residente de primer año en un Hospital), en el que se eliminó la prestación del servicio de guardias, no se le haya retribuido con lo que hubiera obtenido por tal concepto, sin que quede compensado por el hecho de que, finalizado el período de adaptación, se prorrogara su contrato por el tiempo preciso para realizar el número de guardias no efectuadas, condenando a la empleadora al pago de esas guardias y a indemnizarla con 6.251 euros por daños morales
38.- STS de 24 de enero de 2017 (RC 23/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: 1) confirma la legitimación activa del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid para impugnar el convenio colectivo del sector de protésicos dentales de dicha Comunidad, dado que: a) no cabe cuestionarla en trámite de impugnación del recurso de casación interpuesto por dicho Colegio, teniendo que haberla recurrido con tal finalidad la parte demandada; b) está legitimado, como tercero que es, para impugnarla por lesividad; 2) las funciones que el convenio atribuye a los niveles 2 y 3 del grupo profesional de oficios varios no son propias de los protésicos dentales, sino auxiliares de las de éstos
39.- STS de 24 de enero de 2017 (Rev. 7/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: conforme al art. 510.3º LEC, revisa la sentencia firme dictada por un Juzgado de lo Social que declaró la existencia de un accidente de trabajo al haberse sustentado en la declaración de un testigo que ha sido condenado por falso testimonio con ocasión de la misma, reponiendo las actuaciones a fin de que dicte nueva sentencia que prive de efectos a ese testimonio
40.- STS de 25 de enero de 2017 (Rev. 45/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia firme que declarada caducada la acción de despido ejercitada por la ahora demandante, dado que: 1) está caducada la acción de revisión, ya que no acredita, como era su carga, que obtuvo los documentos que ahora presenta dentro de los tres meses anteriores a la interposición de su demanda revisora, como exige el art. 512.2 LEC; 2) tampoco acredita (ni alega) que estuvo impedida de obtenerlos con anterioridad a la fecha en que afirma haber accedido a ellos, como requiere el art. 510.1.1º LEC; 3) los documentos aportados tampoco son decisivos para estimar ejercitada en plazo la acción de despido
41.- STS de 25 de enero de 2017 (Rev. 29/2015).- Sra. Virolés

            Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia firme de un Juzgado de lo Social, dado que: 1) no se recurrió contra ella; 2) es extemporánea, al interponerse pasados más de cinco años desde su firmeza; 3) basarse en un documento que no es decisivo para alterar su resultado
42.- STS de 25 de enero de 2017 (Rev. 36/2014).- Sra. Virolés

            Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia de un TSJ y auto de inadmisión de RCUD del TS, dado que: 1) no cabe ampararla en la causa del art. 510.1º LEC por caducidad, al haberla interpuesto transcurrido más de tres meses desde que obtuvo un documento que, por lo demás, pudo haber obtenido antes del juicio; 2) tampoco en la causa del nº 4º de ese precepto, ya que no constituye maquinación fraudulenta la actuación empresarial que se alega
43.- STS de 25 de enero de 2017 (RCUD 2198/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: rectificando expresamente el criterio aplicado en la STS de 19-Ab-12 (RCUD 526/2011) –nº 20 de mi resumen de julio de 2012-, citada de contraste, confirma que el nuevo trienio causado al amparo del art. 20 del convenio de oficinas y despachos de Bizkaia puede compensarse reduciendo en igual cuantía el complemento denominado mejora voluntaria que el trabajador tiene reconocido por contrato de trabajo como expresamente compensable y absorbible, tal y como la empresa ha venido aplicando desde el inicio.
            NOTA: llama la atención que manifestando que rectifica el criterio de ese precedente suyo, no sea sentencia de Sala General, aunque quizás se explique por responder a la nueva doctrina ya fijada por la Sala en este campo (véase, por ejemplo, sus cuatro sentencias de 10-En-17, recogidas bajo el nº 52 de mi resumen de febrero de 2017; o la que ahora recojo bajo el nº 25)
44.- STS de 25 de enero de 2017 (RC 47/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma la nulidad de la decisión de Grupo El Árbol Distribución y Supermercados SA de suprimir unilateralmente y sin ampararse en el art. 41 ET, la condición que disfrutaban sus empleados, consistente en poder comprar en los establecimientos de la empresa productos por valor de hasta 600 euros/mes, a crédito durante un mes, ya que entraña una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo que debió implantarse conforme a lo dispuesto en ese precepto
45.- STS de 25 de enero de 2017 (RC 96/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma la validez del acuerdo de modificación del art. 44.3 del XV convenio colectivo de la ONCE, de 24-Jl-13, sobre el modo de pagar las comisiones en vacaciones para su adaptación al art. 7 de la Directiva 2033/88/CE, dado que se acomoda a este precepto
**46.- STS de 26 de enero de 2017 (RCUD 115/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: 1) tanto por falta de contradicción como por el efecto positivo propio de la cosa ya juzgada que deviene de la sentencia firme de conflicto colectivo que anuló la reducción salarial dispuesta por Sistemas Avanzados de Tecnología SA e instrumentada por ésta mediante pactos individuales, confirma la condena al pago de diferencias salariales producidas en aplicación de la misma a uno de sus trabajadores, que dio su conformidad a la misma; 2) tanto por constituir cuestión nueva, no suscitada en suplicación, como por tener naturaleza salarial, confirma que la condena alcanza al importe de las primas de seguros que hubo de abonar el demandante conforme a esas medidas de reducción; 3) revoca por constituir una reformatio in peius, la condena del TSJ al pago del 10% de interés por demora, no pronunciada por el Juzgado, con ocasión de resolver el recurso empresarial que combatía la condena impuesta acogiendo la pretensión principal de la demanda
**47.- STS de 26 de enero de 2017 (RC 73/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que no vulnera el derecho de libertad sindical que no se reconozca derecho a la liberación del trabajo a los miembros del banco social de la comisión negociadora del convenio de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid, dado que el art. 9.2 LOLS únicamente dispone el derecho a los permisos precisos para ejercer su labor como negociador pero no una liberación total del deber de trabajar
48.- STS de 26 de enero de 2017 (RC 54/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: confirma: 1) que los tribunales del orden social son los competentes para enjuiciar una demanda de tutela del derecho fundamental de libertad sindical interpuesta por el sindicato firmante de un acuerdo con PANRICO SAU sobre liberados sindicales y subvenciones al mismo, que se considera vulnerado por los demandantes (ese sindicato y los dos liberados sindicales en ejecución del mismo), dado que es un pacto de naturaleza laboral con mejoras en la acción sindical (y no de naturaleza mercantil), que no infringe el art. 2.f) LJS; 2) que, aunque demanden los dos liberados sindicales, corresponde conocer de ella a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conforme al art. 8.1 LJS (y no a los Juzgados de lo Social), ya que su ámbito de actuación como tales se extiende a todo el territorio nacional; 3) que no supone una acumulación indebida de acciones, dada su conexión (art. 25.3 LJS) y que es el mismo órgano judicial el competente para conocer la acción del sindicato y la de los liberados; 4) que no hay falta de legitimación activa de ninguno de los demandantes ni de representación procesal de los liberados, ya que actúan en su propio nombre; 5) no se ha vulnerado la regla sobre carga de la prueba del art. 181.2 LJS, dado que lo que ha habido es prueba plena de una conducta vulneradora del derecho de libertad sindical, consistente en haber extinguido unilateralmente el acuerdo por no haber dado su conformidad ese sindicato a determinados acuerdos alcanzados con otro y haberlos impugnado judicialmente; 6) tampoco se infringen los arts. 1101 y 1902 CC por haber condenado al resarcimiento de los perjuicios ocasionados al sindicato y a uno de los liberados, incluida una indemnización por daño moral; 7) finalmente, no se ha infringido el art. 28.1 CE por no pronunciarse así en el caso del liberado sindical que había sido despedido varios meses antes de interponerse la demanda, remitiendo la Audiencia Nacional a lo que pueda resolverse en el litigio sobre su despido, ya que en todo caso estos liberados no tienen las protecciones específicas de los representantes de los trabajadores, al no estar previstas en el acuerdo del que dimana su condición de liberado sindical
49.- STS de 27 de enero de 2017 (RCUD 2432/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que, tanto por no fundamentarse la infracción jurídica denunciada en el RCUD como por no ajustarse a derecho, como ejecución de la sentencia que declaró el despido por vulneración de la garantía de indemnidad, pretender que se haga en sus propios términos, cuando concurre la imposibilidad de hacerlo en el centro de la Agencia Gallega de Desenvolvimiento Rural en el que prestaba servicios (que estaba dado de baja) y no consta que haya otros donde pudiera realizarse sin implicar readmisión irregular (como era uno ubicado a más de cien kilómetros del anterior), ajustándose a derecho que se haga mediante extinción indemnizada con la indemnización adicional del art. 281.2.b) LJS.
            NOTA: recuerda su reciente sentencia del día 17 de ese mismo mes (nº 33 de este resumen)
50.- STS de 27 de enero de 2017 (RCUD 430/2013).- Sala General.- Sr. Gullón

            Doctrina: anulada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 147/2016, de 19-Sp, la STS de 13-En-14 dictada en este recurso por estimar que vulneraba el DF a la tutela judicial efectiva de la trabajadora demandante en su vertiente de acceso al recurso, ya que el TS no examinó si podía mantenerse la nulidad del despido que acabó revocando y declarando ajustado a derecho la extinción de su contrato de trabajo por una segunda causa de nulidad que también estimó concurrente el TSJ, procede que ahora se mantenga esa declaración de nulidad del despido por dicha causa, dado que el recurso de suplicación interpuesto en su día por la demandada (Ayuntamiento de Parla) no la atacaba
51.- STS de 31 de enero de 2017 (RCUD 2147/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: reconoce que no procede recurso de suplicación por la vía de afectación general del art. 191.3.b) LJS la sentencia que dirime diferencias en la prestación a cargo de FOGASA como responsable subsidiario, derivadas de tener que calcularse sobre un modulo salarial máximo del doble o del triple del salario mínimo interprofesional en función de cuál sea el criterio determinante de la legislación aplicable, ya que no basta para estimar concurrente esa afectación que el criterio aplicado por FOGASA responda a su criterio generalizado de aplicación, no constando más que una litigiosidad plural mínima sobre dicha cuestión
52.- STS de 31 de enero de 2017 (RCUD 3331/2015).- Sala General.- Sr. López García de la Serrana.- Voto particular

            Doctrina: reconoce la validez de la prueba de la grabación mediante cámaras de videovigilancia que pueden permitir acreditar la realización de la conducta imputada a la trabajadora despedida, sin que con ello se vulneren derechos fundamentales de ésta dado que su instalación estaba justificada por razones de seguridad (control de posibles hechos ilícitos por empleados, clientes y terceros), era idónea a tal fin (controlaba los cobros y la caja), necesaria y proporcional, habiendo informado de su existencia y ubicación a la trabajadora, no siendo relevante que no se la informase del destino de las imágenes ni de que pudieran utilizarse en su contra, por lo que repone el curso del litigio a fin de que se practique dicha prueba.
            NOTA: recuerda la STC 39/2016, de 3-Mz-16, y la STS de 7-Jl-16 (RCUD 3233/2014) –nº 4 de mi resumen de noviembre de 2016-.
            El voto particular de la Sra. Segoviano, al que se adhieren dos magistrados, defendía la confirmación de la improcedencia del despido por falta de contradicción
**53.- STS de 31 de enero de 2017 (RCUD 1153/2015).- Sala General.- Sr. Luelmo.- Voto particular

            Doctrina: confirma que, a efectos de la prestación contributiva por desempleo, no son computables los períodos de trabajo realizados en España por extranjero durante el tiempo en que lo hizo en situación irregular por no disponer de autorización de residencia ni para trabajar, aún cuando inmediatamente después haya regularizado su situación.
            NOTA: recuerda sus precedentes de 18-Mz y 12-Nv-08 (RCUD 800/2007 y 3177/2007). El voto particular de la Sra. Segoviano, al que se adhieren cuatro magistrados más, defiende que son computables.
            El criterio se reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 3345/2015), que aquí es revocatoria de la prestación reconocida y con voto particular de la Sra. Arastey y cuatro magistrados más que defiende la falta de contradicción