martes, 11 de abril de 2017

PENSIÓN DE VIUDEDAD EN EL CASO DE PAREJA DE HECHO NO FORMALIZADA: PROCEDENTE. LA APLICACIÓN DE LA STC 140/2014 NO TIENE EFECTOS CONSTITUTIVOS HASTA EL DECURSO DE LOS DOS AÑOS POSTERIORES. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO (SJS núm. 33 de Barcelona de 6 de abril de 2017)

RAONAMENTS JURÍDICS


I.- Elements de convicció en la determinació dels fets provats.
La relació de fets que es declaren provats s'ha deduït de la valoració conjunta de la prova aportada, d'acord amb els principis de la sana i imparcial crítica.   Els fets reflectits resulten de la documental aportada (que, per major claredat, s’especifica a cada fet provat al que donen suport) i de l’interrogatori de la demandant. No és de senyalar cap discrepància fàctica rellevant.
En tot cas, no ha estat controvertit per cap de les codemandades, ni a les resolucions denegatòries ni a l’acte del judici,  que la demandant i el causant constituïssin una parella de fet “con análoga relación de afectividad a la conjugal”, convivència que –d’altra banda- ha quedat manifestament acreditada per l’abundant documentació aportada.

II.-  L’objecte de debat.
Demanada la pensió de viduïtat per la demandant en base a la convivència marital amb el causant, ha estat denegada per la mútua demandada en raonar, que “en la actualidad, a los efectos de la pensión de viudedad de la Seguridad Social, la acreditación de constituir pareja de hecho solo puede realizarse “mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las CCAA o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. “
La defensa lletrada de la demandant ha defensat a l’acte del judici que, en base al principi de seguretat jurídica, no es podia exigir el compliment d’aquest requisit “ad solemnitatem”  -dos anys d’inscripció en un Registre oficial  o, alternativament,  la seva constitució per mitjà de document públic- fins que no haguessin passat dos anys des de la publicació oficial de la STC 40/14 (en el BOE de 10 d’abril de 2014), ja que  fins aquell moment  -10.4.16-  el compliment d’aquest nou requisit (a Catalunya), esdevenia impossible.
Les defenses lletrades de l’INSS i de la Mútua demandada s’han oposat a la pretensió de la demandant al.legant el caràcter “ad solemnitatem” d’aquell requisit, exigible des del mateix moment de ser dictada la STC 40/14, així com la jurisprudència del TSJ de Catalunya a la que es farà referència. L’empresa demandada s’ha limitat ha invocar la seva manca de legitimació passiva.

III.-  L’anul.lació del paràgraf cinquè de l’art. 174.3 LGSS:  las STC 40/14 i les posteriors STC 44 i 45/14.
1.- Escau començar recordant que, fins el moment de fer-se pública la STC 40/14, els integrants de parelles que, segons el Codi Civil de Catalunya, tenien la consideració legal de parella de fet i acreditaven una convivència marital no interrompuda de cinc anys, podien accedir a la pensió de viduïtat en raó del que es disposava en aquell precepte, sense necessitat d’inscripció en registre municipal o autonòmic,  o de constitució davant de notari. Així, entre d’altres, la   sentencia del TSJ de Catalunya  de 9 de octubre de 2.012, recurs 4848/2011, raonava:
“Ahora bien, no se discute en el presente recurso que el requisito general de estar constituida la pareja de hecho mediante inscripción en registro autonómico o municipal (o escritura pública), no se exige en el presente caso por la remisión de la LGSS a la normativa autonómica con derecho civil propio, ya que el articulo 1 de la Ley catalana 10/1998, de 15 de julio, al regular la unión estable heterosexual, viene a establecer que las disposiciones de su capítulo primero se aplicarán "a la unión estable de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que, sin impedimento para contraer matrimonio entre sí, hayan convivido maritalmente, como mínimo, un período ininterrumpido de dos años ...", y su art. 2 establece que la acreditación de las uniones estables no formalizadas en escritura pública y el transcurso de los dos años de referencia se puede hacer por cualquier medio de prueba admisible y suficiente.”
En efecte, la legislació específica de Catalunya , l’art. 234.1 del Codi Civil, defineix la parella de fet com a  “dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable” pel sol fet de conviure més de dos anys, si tenen un fill comú o si  -alternativament, però no preceptivament-  formalitzen la relació en escriptura pública. Per tant, ni s’exigia el requisit d’inscripció en un registre específic de parelles de fet (inexistent a nivell autonòmic), ni la formalització en escriptura pública.
2.- El Tribunal Constitucional, per mitjà de la seva sentència núm. 40/14 de de 11.3.14,  va estimar la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la Sala Social del Tribunal Suprem i anul·là el paràgraf cinquè de l’art. 174.3 LGSS,  que disposava que “en las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de conviviencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que estableza su legislación específica”.
El fonament essencial d’aquesta decisió s’explica als fonaments jurídic Vé i VIé de la sentència en els següents termes:
“…Ahora bien, atendiendo a su contenido, es claro que el precepto cuestionado no tiene por objeto la regulación de las parejas de hecho, ni guarda tampoco relación con las competencias autonómicas en materia de Derecho civil, porque no se trata de modificar, conservar o desarrollar el Derecho civil foral, lo que derivaría en diferencias consecuencia de la coexistencia de distintos derechos civiles en el ordenamiento español. En realidad se trata de una norma de Seguridad Social que, por referencia a otras normas, regula, exclusivamente, la forma de acreditar los requisitos para el acceso a una prestación de la Seguridad Social, la pensión de viudedad en el caso de parejas de hecho estables. Esto es, la finalidad de la norma es concretar los requisitos para acreditar la existencia de una unión de hecho a efectos de reconocer al superviviente el derecho a percibir una pensión de viudedad. Por tanto, como el Auto del Tribunal Supremo apunta, el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS no constituye una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE, sino una norma de Seguridad Social que, en principio y salvo justificación suficiente que no concurre en este caso, debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de igualdad, tal como ya hemos dejado sentado. Lo contrario conduce al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del art. 14 CE en relación con el art. 149.1.17 CE. Con el precepto que enjuiciamos, el legislador introduce, siquiera por vía de remisión, un factor de diversidad determinante de la desigualdad de trato en el régimen jurídico de la pensión de viudedad, trato desigual que ya hemos considerado carente de justificación. Incluso, en cuanto la norma estatal remite a las legislaciones autonómicas, podría entenderse que el Estado, con dicha remisión, está obviando las atribuciones que le confiere el art. 149.1.17 CE, ignorando que, como hemos declarado reiteradamente, las competencias tienen carácter irrenunciable [STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 6 j) y las allí citadas].
En efecto, el art. 174 LGSS, tras la redacción dada a este precepto por la Ley 40/2007, ha establecido como posibles vías de acceso del miembro supérstite de la pareja a la pensión de viudedad, dos tipos de vínculo jurídico previo entre ambos: el matrimonio, o la pareja de hecho debidamente legalizada. Como señala la exposición de motivos de la Ley 40/2007, la ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación. Y eso es precisamente lo que hace el art. 174.3 LGSS: establecer la forma de acreditar los requisitos para el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad, materia caracterizada por constituir «un régimen legal que tiene como límites, entre otros, el respeto al principio de igualdad» y «la prohibición de arbitrariedad» (STC 134/1987, de 21 de julio, FJ 4).
Por último, debemos señalar que, además de carecer de justificación suficiente, la aplicación del párrafo cuestionado puede conducir además a un resultado desproporcionado, pues dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá tener o no acceso al cobro de la correspondiente pensión.
En consecuencia, debemos llegar a la conclusión de que no es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho.
6. Con el objeto de eliminar la desigualdad que se deriva del párrafo quinto del art. 174.3 LGSS, en lo que a la forma de acreditación de la pareja de hecho se refiere, en relación con el párrafo cuarto, la Sala proponente de esta cuestión de inconstitucionalidad plantea como alternativa entender que la remisión del párrafo quinto a la legislación específica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio debe entenderse hecha a las leyes de parejas de hecho de las Comunidades Autónomas, tengan o no las mismas Derecho civil propio. Sin embargo, de aceptarse esta solución persistiría la desigualdad dimanante de la propia diversidad de esas leyes autonómicas de parejas de hecho, porque el problema de fondo que el precepto cuestionado plantea no es la limitación de la remisión a las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, sino la remisión a la legislación autonómica en sí misma cuando se trata de determinar los requisitos de acceso a una prestación de la Seguridad Social. En consecuencia, las conclusiones alcanzadas en el examen de constitucionalidad del inciso del precepto cuestionado (acreditación de la pareja de hecho), deben extenderse por vía de conexión o consecuencia, en virtud del art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a todo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS.
Por todo lo señalado, debemos estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada, y declarar inconstitucional y nulo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE.”
3.- A la posterior STC 44/14, de 7 d’abril, el Tribunal Constitucional proclama el caràcter formal, “ad solemnitatem”,  de la forma d’acreditació de l’existència de les parelles de fet, en raonar el següent:
“...a los efectos de la Ley, no son parejas estables que queden amparadas por su regulación las que no reúnan esos precisos requisitos para su existencia, al margen de que el derecho a la pensión exija, además, la acreditación de la realidad de la pareja de hecho a través de un requisito formal, ad solemnitatem , consistente en la verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de análoga relación de afectividad a la conyugal, con dos años de antelación al hecho causante ( STC 40/2014, de 11 de marzo , FJ 3). Y tales presupuestos suponen una opción libremente adoptada por el legislador a la hora de acotar el supuesto de hecho regulado que no resulta prima facie arbitraria o irracional. Téngase en cuenta que, como reconocimos en la STC 93/2013, de 23 de abril (RTC 2013, 93) , FJ 7, el legislador puede establecer regímenes de convivencia more uxorio con un reconocimiento jurídico diferenciado al del matrimonio, estableciendo ciertas condiciones para su efectivo reconocimiento y atribuyéndole determinadas consecuencias, regulación que encuentra sus límites en la propia esencia de la unión de hecho ( STC 93/2013 , FJ 8), lo que no quiere decir que el legislador deba otorgar igual tratamiento a todas las posibles situaciones de parejas de hecho >>.
4.- En la mateixa data, la STC 45/14 aclareix, diferencia i valida la constitucionalitat de les dues exigències de l’art. 174.3 LGSS, la “material” i la “formal” (ad solemnitatem):
“...el art. 174.3LGSS se refiere a dos exigencias diferentes: la material, referida a la convivencia como pareja de hecho estable durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento del causante; y la formal, ad solemnitatem , es decir, la verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de análoga relación de afectividad a la conyugal, con dos años de antelación al hecho causante ( STC 40/2014, de 11 de marzo , FJ 3). Y todo ello presidido por un presupuesto previo de carácter subjetivo: que los sujetos no se hallen impedidos para contraer matrimonio y que no tengan un vínculo matrimonial subsistente con otra persona .... Quiere ello decir que, a los efectos de la Ley, no son parejas estables que queden amparadas por su regulación las que no reúnan todos esos precisos requisitos, lo que supone una opción adoptada por el legislador a la hora de acotar el supuesto de hecho regulado que no resulta prima facie arbitraria o irracional .....; concluyendo que ... la exigencia de la constitución formal, ad solemnitatem, de la pareja de hecho con una antelación mínima a la fecha del fallecimiento del causante de la pensión exigida en el párrafo cuarto del art. 174.3LGSS ... no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, en tanto que atiende a constatar, a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de necesidad merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social”.
5.- Resulta clar, per tant, que les STC 40/14, 44/14 y 45/14  han capgirat la situació prèvia al moment de ser dictades, i han  provocat l’efecte, a Catalunya, de restringir l’accés a les pensions de viduïtat només a les parelles de fet que, en el moment del fet causant, acreditessin no només la realitat de la seva convivència marital anàloga a la conjugal en els termes exigits a l’art. 174 LGSS, sinó el compliment del requisit “ad solemnitatem” d’acreditar dos anys d’inscripció en un Registre oficial  -municipal o autonòmic-  de parelles de fet o, alternativament,  de la seva constitució per mitjà de document públic.

IV.-  La qüestió determinant: la data d’efectes de l’anul.lació  del paràgraf cinquè de l’art. 174.3 LGSS.
1.-  A la llum de l’exposada doctrina constitucional, atesos  els termes del fonament de la demanda, escau fixar la qüestió clau per la resolució del present plet: en quin moment s’ha de considerar que guanya eficàcia l’anul.lació,  si en forma immediata, des de la mateixa  publicació de la STC 40/14 -com invoquen les demandades (INSS i Mútua Asepeyo)-  o només passats dos anys des de la mateixa, com al.lega la demandant, a fi possibilitar el compliment de la nova –a Catalunya- exigència “formal” d’acreditar dos anys d’inscripció registral o de la constitució notarial de la parella de fet.
La STC 40/14, en el seu paràgraf  final, modula l’abast temporal del seu pronunciament en els següents termes:
“ Llegados a este punto resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida –entre otras muchas– en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes, de suerte que esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme.”
La qüestió clau, per resoldre el present plet, és com s’hagi d’interpretar l’expressió “que esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos”.
2.- La Sala Social del TSJ de Catalunya ha abordat aquesta qüestió en, entre altres, les seves sentències de 17.3.15 (recurs 7386/2014), 12.5.16 (recurs 1735/2016) i 22.9.16 (3379/2016), arribant  -en totes elles- a la conclusió dels efectes “ex nunc” de la STC 40/14. Es reprodueix parcialment la primera de les esmentades sentències:
“En esencia, pues, la disputa queda limitada a cuestión de derecho intertemporal y jurídico y, concretamente, cuales han de ser los efectos temporales del pronunciamiento de inconstitucionalidad que, por esencia es de nulidad y sólo puede tener efectos "ex nunc".
Efecto "ex nunc" que debería servir, y sin mas reflexión, para concluir la incorrección de la conclusión de la sentencia recurrida pero que además abunda la propia sentencia cuando, teniendo cura de establecer el impacto que la expulsión de la regulación pueda tener sobre situaciones ya consolidadas dice, en su último fundamento:
"Llegados a este punto resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida -entre otras muchas- en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero ( RTC 1989, 45 ) , FJ 11 ; 180/2000, de 29 de junio ( RTC 2000, 180 ) , FJ 7 ; 365/2006, de 21 de diciembre ( RTC 2006, 365 ) , FJ 8 , y 161/2012, de 20 de septiembre ( RTC 2012, 161 ) , FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada ( art. 40.1 LOTC ( RCL 1979, 2383 ) ), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ( RCL 1978, 2836 ) ), se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes, de suerte que esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme".
El caso que nos ocupa no es un supuesto en el que, aplicando el inciso expulsado de la legalidad constitucional, haya recaído una resolución firme en procedimiento administrativo o proceso judicial que haya creado estado que, en aras la seguridad jurídica, pueda y deba respetarse como consolidado.
Declarado inconstitucional y nulo el párrafo quinto del art. 174.3LGSS por vulneración del art. 14 CE , en relación con el art. 149.1.17 CE , recobra vigencia la regulación general de los requisitos para el lucro de la pensión de viudedad y como estos no se completan en integridad y no estamos ante supuesto de derecho consolidado en resolución administrativa o judicial firme es correcto el tenor de la resolución administrativa que denegó el derecho e incorrecta la conclusión de la sentencia recurrida que, con acogimiento del recurso y por contener doctrina inadecuada, debe revocarse.”
3.- El Tribunal Suprem, a criteri d’aquest magistrat,  no s’ha pronunciat sobre aquesta –en paraules del TSJ de Catalunya- “cuestión de derecho intertemporal”. A la STS de 20.7.16, certament, recull la ja exposada doctrina constitucional, coincident amb la seva pròpia doctrina, per concloure –en termes molt clarificadors- que, després de la STC 40/14, "la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho". Però no entra a considerar l’esmentada qüestió d’eficàcia temporal, si més no en els termes que es formulen a la demanda. 
4.- Tot i tenir molt present l’esmentada jurisprudència del TSJ de Catalunya respecte dels efectes “ex nunc” de la STC 40/14, considera aquest magistrat que –en el cas present- la confluència d’una específica situació fàctica i el fonament de la pretensió  -no invocat en els procediments que originaren aquelles sentències-  aboquen a una interpretació diferent respecte  als efectes temporals de la declaració de nul.litat de la STC 40/14. Se exposen a continuació.

V.- El principi constitucional de seguretat jurídica consagrat a l’art. 9.3 CE.
Com ja s’ha dit,  des del 1.1.08, data de l’entrada en vigor de la Llei 40/07 (que possibilità el seu accés la pensió de viduïtat), les “genuïnes parelles de fet”  (en afortunada accepció de la STS de 20.7.16, ja citada) que, a més del requisit general de convivència de cinc anys “con anàloga relación de afectividad a la conjugal” (segons disposava el paràgraf 5é del  nou art. 174.3 LGSS), podien acreditar “la consideración de pareja de hecho” segons el Dret Civil propi de la seva Comunitat Autònoma, tenien la seguretat jurídica de que, cas de morir un dels seus integrants i complir la resta de requisits (inexistència de vincle conjugal anterior i dependència econòmica respecte del causant), podien accedir a la pensió de viduïtat, sense necessitat dels requisits formals (inscripció registral o constitució notarial durant dos anys)  exigits –amb caràcter general- a les parelles de fet d’altres CCAA sense Dret Civil propi que les regulés. Així es recull, entre d’altres, a la STSJ de Catalunya de 9 de octubre de 2.012, recurs 4848/2011, abans parcialment reproduïda.
En tot cas, el criteri interpretatiu aplicat pel  TSJ de Catalunya –l’aplicació immediata “ex nunc” d’aquella exigència formal, des del 12.14.14-  determina, com a lògica conseqüència, la impossibilitat material, estrictament cronològica, de que –com a mínim durant els dos anys posteriors a la publicació de la STC 40/14- els integrants d’aquelles “genuinas parejas de hecho"  no poguèssin esdevenir, a efectes de la regulació de la pensió de viduïtat, en “parejas de derecho”, ni –per tant- accedir a la pensió de viduïtat.
Per tant, a criteri d’aquest magistrat, aquesta exigència  -ja des del 12.4.14 i no fins dos anys més tard-  d’un requisit formal d’impossible compliment  atempta al principi de seguretat jurídica consagrat a l’art. 9.3 CE, en relació als drets de protecció social, econòmica i jurídica de la família (art. 39.1 CE) i de Seguretat Social (art. 41 CE).  

VI.- El principi d’igualtat davant la llei  (art. 14 CE).
Raona la STC 40/14, al seu 4rt FJ, en relació a la pensió de viduïtat, que “la finalidad de la prestación que en el caso de las parejas de hecho, según hemos señalado en la STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 4, no es otra que la atender un estado real de necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares, otorgando a tal efecto una pensión que depende en su cuantía de las cotizaciones efectuadas por el causante al régimen de Seguridad Social correspondiente”, afegint a continuació “ que el art. 174.3 LGSS regula los requisitos de acceso de las parejas de hecho a una prestación contributiva de la Seguridad Social y los requisitos de acceso a la prestación deben ser iguales para todos los que actualicen la contingencia correspondiente.”
I, més endavant, recorda que el règim públic de la Seguretat Social s’ha de regir pel principi d’igualtat:
 “El régimen público de la Seguridad Social se configura como una función de Estado destinada a garantizar la asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad y al hacerlo debe asegurar la uniformidad de las pensiones en todo el territorio nacional. Como señala el art. 2.1 LGSS, «el Sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad». Y siguiendo estos principios hemos afirmado que las diferentes prestaciones «de la materia "Seguridad Social" conforman un entramado dirigido a la cobertura de riesgos y a la atención de otras situaciones de necesidad que presentan una tendencia de unidad y estabilidad en el tiempo y en el conjunto del territorio nacional» (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 8). El régimen público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos (art. 41 CE), y garantizar al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3), siendo ambos aspectos responsabilidad del Estado, en los términos el art. 149.1.17 CE. En consecuencia, la determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado ex art. 149.1.17 CE y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger”.
Considera aquest magistrat que, paradoxalment, el criteri interpretatiu aplicat pel  TSJ de Catalunya –l’aplicació immediata “ex nunc” d’aquelles exigències formals- pot provocar –en casos com l’analitzat a les presents actuacions- una nova vulneració del principi d’igualtat, en sentit contrari a la que aquella sentència corregí.
En efecte, exigir a partir del 10.4.14 (data de publicació en el BOE de la STC 40/14) un requisit formal “ad solemnitatem”, que no es podrà acreditar fins al cap de dos anys (carència mínima del temps d’inscripció registral o constitució notarial), comporta –a la pràctica- privar a les parelles de fet durant aquests dos anys del dret a l’accés a la pensió de viduïtat.
Es podrà aduir –en sentit contrari- que ningú els impedia, abans de l’esmentada sentència, d’haver-se registrat o  constituït notarialment com a parella. Però el fet diferencial rellevant és que, mentre les parelles de fet de CCAA sense Dret Civil propi que les regules sí sabien, desde la promulgació de la Llei 40/07, que havien de complir amb la “exigència formal” (inscripció registral o constitució notarial) per accedir a la pensió de viduïtat, les parelles de fet de CCAA com la catalana a les que sí hi havia aquella regulació autonòmica, estaven en la lògica i legítima confiança jurídica (generada per la mateixa llei) de que això no era necessari (amb la remissió al dret civil autonòmic posteriorment anul.lada per la STC 40/14).
Aquesta realitat es tan evident que, fins a data molt recent, a la immensa majoria d’ajuntaments de Catalunya no existien registres de parelles de fet, atesa la seva innecessarietat en ordre a la consideració legal com a tals. En motiu  de la STC 40/14,  el Govern de la Generalitat va promulgar el Decret Llei 3/2015, en data 6.10.15,  relatiu a la creació de Registres de parelles estables (pràcticament inexistents, fins aquell moment, a Catalunya, atesa la seva innecessàrietat.  Al seu preàmbul es justificà la necessitat del mateix  “amb la finalitat de facilitar, entre d’altres, el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat”. El cert és, però, que el Registre únic de parelles de fet de la Generalitat de Catalunya no ha entrat en funcionament fins, el dia 3.4.17, dos dies abans de ser dictada aquesta sentència.
D’altra banda, és un fet rellevant –a més de públic i notori (en tot cas, també acreditat documentalment, per l’informe de la Subdirección General de Gestión de prestaciones de l’INSS, aportada a les actuacions)-   que, en motiu de ser dictada la STC 40/14, ni  l’INSS ni el Ministeri de Treball del que depèn informaren a la societat en general, o els/les beneficiaris/ies de la seguretat social en particular, de les conseqüències de l’esmentada sentència en ordre a l’accés a la pensió de viduïtat (la necessitat d’inscripició en registre municipal o autonòmic,  o de constitució davant de notari, de la relació de parella de fet). Tampoc no consta que aquesta informació es facilités, en el cas de Catalunya,  des del Govern de la Generalitat.
Semblaria lògic esperar d’un servei públic, com és l’Administració central que gestiona i atorga les prestacions de Seguretat Social, o del govern autonòmic (que ha de promoure i vetllar pel benestar social) que –davant d’una sentència del Tribunal Constitucional que,  a la pràctica, obliga a las parelles de fet a formalitzar-se com a “parelles de dret” (en afortunada expressió de la STS de 22.7.16) per tal d’accedir a la pensió de viduïtat-  s’hagués informat de manera immediata al conjunt de la societat amb caràcter general i als beneficiaris de la Seguretat Social en particular.
Aquest magistrat no té cap dubte que parelles de fet amb el compromís de vida en comú que s’ha evidenciat en el cas present sí haguessin complert aquell requisit  si la norma legal, l’art. 174.3 LGSS, ho hagués exigit (com ho estan fent ara mateix, a rel d’informar-se públicament de la seva necessitat).  Però fins a ser dictada aquella sentència,  la remissió al Dret Civil autonòmic del mateix precepte, l’art. 174.3 LGSS, feia absolutament innecessària aquella inscripció, fins el punt que van desaparèixer els registres de parella de fet. I un cop dictada la sentència, ni una ni altra administració, la central i l’autonòmica, han donat la necessària informació als potencials beneficiaris/ies de la nova situació.
Per tant, i expressant-ho en altres paraules: l’exigència del requisit formal de l’inscripció registral o de constitució notarial com a “parella de fet”, amb dos anys d’antelació, ja des del 12.4.14 (i no dos anys més tard), en el context normatiu i desinformatiu -si se’ns permet l’expressió-  existent a Catalunya, molt diferent al de les CCAA sense Dret Civil propi regulador de les parelles de fet (on els potencials beneficiaris/es de la pensió de viduïtat sí eren coneixedor d’aquella exigència de l’any 2008), genera una manifesta situació de desigualtat, contrària a l’art. 14 CE, en relació als drets de protecció social, econòmica i jurídica de la família (art. 39.1 CE) i de Seguretat Social (art. 41 CE).  .

VI.- L’impacte negatiu de gènere: discriminació indirecta per raó de sexe.
Segons dades estadístiques oficials, recollides en el relat fàctic, les beneficiàries del  92% de les pensions de viduïtat del Sistema de Seguretat Social són dones, i només el 8%, homes,  dada estadística que només s’explica per la pervivència de la perpetuació de rols per raó de gènere que segueix molt present a la nostra societat. Tot fa pensar, a més, que aquesta diferència estadística s’incrementi en el cas de les parelles de fet  -en raó del requisit de dependència econòmica exigit a l’art. 174.3 LGSS, inexistent en la pensió “conjugal”-  atesa l’atàvica i immutable discriminació ocupacional i salarial per raó de sexe que perviu a la nostra societat.
Aquesta realitat   -el caràcter de gènere de la pensió de viduïtat-  és tan evident,  que portà al legislador, en el nostre principal instrument jurídic per a la promoció de l’igualtat efectiva d’homes i dones, la Llei Orgànica 3/2007, en el seu apartat IIon de l’exposició de motius, a identificar com una de les manifestacions de la situació de desigualtat real –juntament a la violència de gènere, la discriminació salarial, la major taxa d’atur i l’escassa representació en llocs de responsabilitat- la discriminació a les pensions de viduïtat”.
Establert aquest caràcter “de gènere” de la pensió de viduïtat, escau recordar, a continuació, el concepte de discriminació indirecta per raó de sexe recollit a l’art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en congruencia con la doctrinal constitucional previa a su promulgación: se considerará discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición , ….aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetiva en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesariamente adecuados”.
La mateixa llei, al seu article 4rt i sota el títol, “integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas”, disposa que “la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”, mandat que es concret   a l’article 15, al definir el el principi de transversalitat de gènere en la següent forma: “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Aquest principi de transversalitat de gènere, que obliga també als òrgans judicials en la interpretació de les normes, abona també una interpretació del paràgraf final de la STC 40/14 en forma que no agreugi  l’inquestionable impacte negatiu de gènere que ja de per sí ha comportat l’esmentada sentència (en restringir  l’accés a una pensió “feminitzada” com és la de viduïtat),  i possibiliti un període mínim de dos anys d’inscripció registral o constitució davant de notari de la parella de fet, a fi que els/les seves potencials beneficiàries (dones en la seva immensa majoria) pugin seguir accedint a la pensió de viduïtat. 
I és que  -en paraules de la catedràtica Maria Amparo Ballester al seu treball “Reformas en materia de protección social e impacto de género” - “el impacto de género no constituye, pues, una perspectiva de análisis jurídico de naturaleza estrictamente teórica sino, más adecuadamente, la única perspectiva coherente con el marco de principios antidiscriminatorios por razón de género establecidos tanto en la normativa de la Unión Europea como en la normativa española”, afegint, en relació a la pensión de viduïtat, que “cualquier reforma que anticipe su regresión protectora cuando las circunstancias de base no se alteren puede causar impacto de género negativo.”
Per tant, l’exigència del requisit formal de l’inscripció registral o de constitució notarial com a “parella de fet”, amb dos anys d’antelació, ja des del 12.4.14 (i no dos anys més tard) comporta, també, una discriminació indirecta per raó de sexe en raó de l’impacte de gènere que provoca en el sexe femení (art. 14), en relació als drets de protecció social, econòmica i jurídica de la família (art. 39.1 CE) i de Seguretat Social (art. 41 CE).  

VII.- La doctrina del TEDH: sentències de 13.12.16 (cas Belane Nagy c. Hungría) i de 7.3.17 (cas Baczúr c. Hungría).
Finalment, no està de més recordar  -amb tota la cautela i salvant les diferències respecte a la situació analitzada a les presents actuacions-  les recents sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans de 13.12.16 (cas Belane Nagy c. Hungría) i de 7.3.17 (cas Baczúr c. Hungría), que consideren que el dret d’un pensionista a cobrar una pensió del Sistema de Seguretat Social integra el dret de propietat proclamat a l’art. 1 a l’art. 1er del protocol 1er del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH), i que, per tant, la supressió del dret a una pensió o una reducció de la mateixa en un context de “racionalització” del sistema de Seguretat Social, que es valori com desproporcionada i no justificada per part de l’Estat,  pot lesionar l’esmentat dret.
El TEDH considera que "el hecho de que una persona haya entrado a formar parte del Sistema de Seguridad social( incluso si es obligatorio, como ocurre en el presente caso), no implica necesariamente que ese sistema no pueda sufrir cambios, incluso en las condiciones de elegibilidad de pago o en la cantidad de las rentas o pensiones” ja que l’Estat  disposa d’un ampli marge de racionalització del seu Sistema de Seguretat Social. Això no obstant, les mesures de racionalització han de ser “proporcionals”, sense que puguin comportar un sacrifici individual excessiu, atès que el Sistema de Seguretat Social no deixa de ser “la expresión de la solidaridad de la sociedad con sus miembros más vulnerables  (see Béláné Nagy, , § 116).” 
Valoren ambdues sentències  “si el derecho del demandante a obtener beneficios del sistema de seguridad social en cuestión, ha sido infringido de modo que se haya afectado al contenido esencial de sus derechos de pensión”.  I en ambdós casos, aprecien que no hubo una ponderación justa de los intereses en juego, incluso si la legislación tenía por objeto la protección del interés público racionalizand”.
Certament, ambdós casos es refereixen a situacions en la que la pensió ja estaba causada i, per tant, consolidada, mentre en el cas present la demandant tenia –abans de la STC 40/14- una expectativa prestacional. Però no es descartable que, en la hipòtesi interpretativa de la que es discrepa,  la supressió de l’accés a la pensió de viduïtat als integrants de parelles de fet, a partir de 10.4.14 (data de publicació en el BOE d’aquella sentència), sense possibilitat material de complimentar els requisits formals exigits a la mateixa, no pogués ser entesa com una “despossessió” a la demandant d’un dret prestacional prèviament reconegut (encara que no consolidat).

VIII.- Conclusió.
Com s’ha exposat fins el moment, la interpretació de la que es dicrepa de la eficàcia temporal de la STC 40/14 podria lesionar el principi de seguretat jurídica consagrat a l’art. 9.3 CE, el principi d’igualtat davant la llei i, a l’hora, provocar una discriminació indirecte per raó de sexe, expressament prohibida a l’art. 14 CE, en relació als drets de protecció social, econòmica i jurídica de la família (art. 39.1 CE) i de Seguretat Social (art. 41 CE). 
Considera aquest magistrat que sota cap concepte es pot entendre ni que aquesta fos la intenció de la STC 40/14 ni pot ser-ne l’efecte,  quan –en el darrer paràgraf de la seva fonamentació jurídica- es pronuncià  acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad”, i raonà “que, siguiendo en este punto la doctrina recogida –entre otras muchas– en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes, de suerte que esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme.”
Per tant, aquesta referència a la eficàcia pro futuroi als “nuevos supuestoss’ha de cohonestar amb el principi de seguretat jurídica i la prohibició de discriminació, i aboca a la conclusió –com a única interpretació possible amb aquest principi constitucional-   que la nova exigència formal de la inscripció registral o constitució davant de notari, amb dos anys d’antelació al fet causant, només podia ser exigida a Catalunya a partir del 10.4.16, en complir-se dos anys des de la publicació al BOE de la STC 40/14, que anul.là la norma que els exonerava d’aquella exigència formal.  Només a partir d’aquesta data de 10.4.16 poden existir “nuevos supuestos” en els que s’acreditin el compliment de la nova exigència de formalització amb una antelació de dos anys al fet causant, inexigible fins que no fou dictada la STC 40/14.
I en el interregne d’aquests dos primers anys immediatament posteriors a la STC 40/14, en situacions com l’analitzada a les presents actuacions, a la que ha quedat plenament acreditada en seu judicial no només una convivència marital continuada de deu anys de durada, sinó –a més- un compromís de vida en comú (compra de vivenda, préstec hipotecari i filla en comú),   s’hagi de reconèixer l’accés a la pensió de viduïtat reclamada, en tant que el fet causant es va produir en una data, 24.3.15, quan encara era cronològicament impossible acreditar el nou requisit (a Catalunya) d’inscripció registral o constitució notarial de la parella amb una antelació de dos anys.
Escau, per tant, estimar íntegrament la demanda i reconèixer el dret de la demandant a la pensió de viduïtat reclamada