viernes, 7 de abril de 2017

STS UD 28.03.2017 (Rec. 1664/2015): REVISANDO CRITERIOS ANTERIORES SE ESTABLECE QUE LA INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE CONTRATOS INDEFINIDOS NO FIJOS POR COBERTURA DE VACANTES ES DE VEINTE DÍAS


En este pronunciamiento el TS viene a modificar su criterio anterior relativo a la indemnización aplicable en el caso de extinción de un contrato indefinido no fijo debido a la cobertura de vacante. 
Hasta la fecha el criterio casacional conllevaba que en esa modalidad contractual la finalización del vínculo laboral por amortización del puesto de trabajo tuviera la indemnización de veinte días por año de antigüedad del art. 53.1 b) ET, mientras que si la extinción obedecía al nombramiento para la plaza de otro empleado público, fuera la de, actualmente, doce días por año del art. 49.1 c) ET (entre otras: SSTS 15.06.2015 -Rec. 2924/2014-, 06.10.2015 -Rec. 2592/2014-, 04.02.2016 -Rec. 2638/2014-, 07.11.2016 -Rec. 755/2015-, etc.).
Esta línea hermenéutica se cambia en el actual pronunciamiento. 
A dichos efectos en su Fundamento Jurídico se justifica el cambio jurisprudencial en base a las siguientes razones:
"Primera. Porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.
Segunda. Porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, se encuentra en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, (art. 15, números 3 y 5, del ET), pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad (artículos 103 de la Constitución y 9-2, 11-2, 55, 70 y demás concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público), no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Tercera. Porque, cual se deriva de lo señalado, la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cual debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del ET, pues, dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo.
Cuarta. Tal como hemos señalado, la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el EBEP se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales –en este caso, el régimen extintivo- obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato".
Cabe reseñar que la sentencia -sin voto particular- no hace mención alguna a la STJUE en el asunto de Diego Porras... aunque su fantasma parece gravitar sobre la misma. 

ACCESO A LA SENTENCIA (PDF)