lunes, 19 de junio de 2017

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (JUNIO 2017)

AUTOR: MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Magistrado TSJ País Vasco
1.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 524/2016).- Sr. López García de la Serrana

Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una empresa sujeta al mismo (en el caso, Atos Spain SA) reduzca el importe del denominado “complemento personal convenido” que venía abonando, en igual cuantía con que les incrementa el complemento de promoción profesional y antigüedad por aplicación de lo previsto en el art. 25 de ese convenio, pese a que la naturaleza del complemento absorbido sea la de un complemento de cantidad o calidad, ya que la absorción y compensación también cabe entre conceptos heterogéneos cuando, como es el caso, el propio convenio generador del complemento salarial “absorbente” permite la absorción sin ese límite (en el caso, “con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo”) y el complemento absorbido estaba reconocido expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco se opone el art. 8 del referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos.
            NOTA: reitera el criterio de sus sentencias de 10-En-17 -5- (RCUD 3199/2015, 4255/2015, 327/2016, 518/2016 y 503/2016) –esta última, recogida con el nº 25 de mi resumen de marzo de 2017; las otras, con el nº 52 del resumen de febrero de 2017- y 9-Fb-17 (RCUD 2718/2015) –nº 35 del resumen de abril de 2017-, referidas a otros trabajadores de la misma empresa. En igual sentido, otra sentencia de la misma fecha (RCUD 622/2016)
2.-STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 376/2016).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma la nulidad del acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo alcanzado en Ombuds, Cia. de Seguridad SA el 16-Jn-14 con sus propios representantes de los trabajadores al mes de asumir a los trabajadores de la contratista saliente de un determinado servicio de seguridad, cuyo objeto es modificar determinadas condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio subrogados, cuyos representantes no intervinieron en esa negociación.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 14-My-14 -2- (RCUD 2232/2013 y 2143/2013) –recogidas en el nº 58 de mi resumen de julio de 2014- y 11-Fb-15 (RCUD 2613/2013) –nº 47 del resumen de abril de 2015-, aunque éstas se referían a un acuerdo anterior en la misma empresa, en relación a otro proceso de cambio de contratista en junio de 2012, que considera sustancialmente similar; cita también las de 15 y dos del 21-Dc-16 (RCUD 4177/2015, 3245/2015 y 4010/2015), que sí van referidas al mismo acuerdo que en el caso actual. Se reitera en otra de la misma fecha (RCUD 1592/2016)
**3.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 1066/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce que la absoluta incompatibilidad de las prestaciones por desempleo (en el caso, subsidio para mayores de 52 años) con el trabajo por cuenta propia dispuesto en el art. 221.1 LGSS-1994 no alcanza a la puntual realización de una actividad marginal (en el caso, de mediación comercial) generador de un rendimiento neto de ínfima cuantía (en el caso, 64,35 euros) y, por ello, deja sin efecto la resolución del SPEE que revisó el reconocimiento del subsidio y le exigió el reintegro de lo percibido.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 27-Ab-15 (RCUD 1881/2014), 12 y 14-My-15 (RCUD 2683/2014 y 1588/2014) –la primera y la tercera recogidas bajo el nº 28 de mi resumen de julio de 2015-, pero he de destacar que en estas tres, la doctrina en cuestión resultaba implícita al descartar la existencia de contradicción, lo que da especial relieve a la que ahora comento por dos cosas: es la primera que propiamente puede decirse que fija doctrina unificada, pero también muestra que para la propia Sala se puede fijar doctrina en el mero descarte de la contradicción. La sentencia, sin embargo, hace ver que la resolución del SPEE impugnada no fue adoptada como sanción ex LISOS, lo que deja en el aire saber si habría resuelto igual en tal caso
4.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 1219/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce que el alcance del art. 71.4 LJS y de la jurisprudencia precedente sobre la mera caducidad de la instancia en el caso de interposición tardía de una reclamación previa no se extiende a las resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal que declaran extinguido el derecho a la prestación por estancia no autorizada en el extranjero, ya que se limita al reconocimiento/denegación/modificación de las prestaciones.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 21-Mz-17 (RCUD 3810/2015) –nº 24 de mi resumen de mayo de 2017-
5.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 2772/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma que la correcta valoración de la enucleación de un ojo, conservando íntegra la visión del otro, conforme a las reglas del capítulo 12 del R. Decreto 1971/1999 es aplicando el valor por pérdida del 100% de agudeza visual, sin que a ello se le pueda sumar, en contra de lo pretendido, el valor por pérdida de campo visual
6.- STS de 5 de abril de 2017  (RC 28/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que los bomberos conductores y auxiliares especialistas de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias sólo tienen derecho a percibir el complemento de mando del art. 32 del convenio colectivo de empresa cuando sustituyen al titular del puesto de jefe de turno en sus ausencias completas (vacaciones, licencias, bajas, falta de cobertura del puesto, etc) pero no cuando, estando en activo el titular, han de sustituirles en alguna incidencia, dado que el complemento citado está previsto para quienes hagan todas las funciones de mando ahí previstas y no para el desempeño ocasional de alguna de ellas
7.- STS de 6 de abril de 2017 (RCUD 1869/2017).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma que el convenio colectivo aplicable a la relación laboral mantenida, en Barcelona, entre una promotora de Vexter Outsourcing SA y esta empresa mediante contrato de obra o servicio vinculado al contrato de prestación de servicios concertado entre esa empresa y una de telefonía, es el de comercio del metal de Barcelona por quedar encuadrada esa actividad en su ámbito funcional (y no el interprovincial para empresas de promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras, de 4-My-88)
8.- STS de 6 de abril de 2017 (RCUD 3566/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: 1) reconoce como despido nulo, por no haberse tramitado como colectivo, el de una trabajadora de Fundosa Control de Datos y Servicios SA, pues aunque el número de extinciones computables en función del ámbito de empresa no llega a los umbrales del 51.1 ET (veinte extinciones en plantilla de más de trescientos trabajadores), la unidad de cómputo es el centro en el que se produjeron esas veinte extinciones, dado que su plantilla excede de veinte trabajadores (en el caso, treinta y ocho), por lo que concurre el supuesto del art. 51.1 ET reinterpretado a la luz de la Directiva 98/59; 2) no es contrario al principio de seguridad jurídica la aplicación de jurisprudencia inexistente al tiempo del despido y efectuado éste conforme a la que se aplicaba entonces.
            NOTA: 1) en el punto 1 sigue la doctrina de su sentencia de 17-Oc-16 (RC 36/2016, de Sala general) –nº 53 de mi resumen de noviembre de 2016-; 2) funda el punto 2 en sentencias del TEDH de 18 de diciembre de 2008 (caso Unedic contra Francis, & 74), y 14 de enero de 2010 (caso Atanasovski contra la ex República Yugoslava de Macedonia, & 38), de nuestro Tribunal Constitucional 72/2015, de 14 de abril, y del TJUE, de 21-Dc-16 (asuntos C-154/15 y acumulados, Gran Sala)
9.- STS de 6 de abril de 2017 (RC 251/2016).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que el último inciso del art. 40 del convenio colectivo de transporte sanitario de Cataluña no es nulo sólo si se interpreta en el sentido de que la obligación del trabajador de realizar la limpieza de la ropa de trabajo es “salvo la presencia de fluidos biológicos en la ropa o salvo la imposibilidad por parte de la evaluación de riesgos de excluir la presencia de agentes biológicos peligrosos, conforme a los grupos 3 y 4 de clasificación, en la ropa del trabajador susceptibles de provocar contagio de enfermedades graves”
10.- STS de 7 de abril de 2017 (RCUD 1323/2015).- Sra. Calvo

            Doctrina: confirma que el personal laboral de la Comunidad de Madrid no tiene derecho a que, a efectos del art. 37 del convenio colectivo para dicho personal con vigencia inicial 2004/2007, se les reconozca los servicios prestados a otras Administraciones Públicas, si como en el caso sucede, ha habido una interrupción superior a tres meses, por expresa previsión del precepto.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 28-Nv-08 (RCUD 3966/2007), 16-Jn-09 (RCUD 1894/2008), 17-Jl-13 (RC 5/2013) –nº 58 de mi resumen de octubre de 2013- y 8-Fb-17 (RC 66/2016) –nº 32 del resumen de abril de 2017-
11.- STS de 7 de abril de 2017 (RCUD 982/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que no se aplica la subrogación prevista en el art. 24.7 del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid (BOCM 10-Mz-14) si, como en el caso, el cambio de ubicación de las oficinas del cliente (Siemens Rail Automotion SAU) que la trabajadora limpiaba por cuenta de una empresa (en el caso, Integra CEE) se produce a otro lugar, donde están las oficinas centrales del grupo de empresas de ese cliente, cuyo titular (Siemens SA) decide ampliar la contrata que tenía con otra (Eulen CEE), puesto que el cliente de su empresario no ha sido quien ha adjudicado la contrata a otra empresa, confirmando que la responsabilidad del despido improcedente es de la contratista saliente (Integra CEE) y no de la que limpia las dependencias donde ahora se ubica el cliente (Eulen CEE).
            NOTA: se reitera en sentencia de 26-Ab-17 (RCUD 1018/2016) en trabajador de la misma contrata
12.- STS de 18 de abril de 2017 (RCUD 2771/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: es despido nulo (y no improcedente), al amparo del art. 55.5.b) ET, la extinción de un contrato de trabajo contraria a derecho en el caso de trabajadora que está disfrutando de jornada reducida por conciliación de la vida familiar (en el caso, cuidado de un familiar), aunque la extinción sea ajena a esta situación, al tratarse de un supuesto legal de nulidad objetivada, desligado del móvil empresarial.
            NOTA: sigue la doctrina de la STS de 25-Nv-14 (RCUD 2344/2012), citada como contradictoria, y las de 25-En-13 (RCUD 1144/2012) -nº 13 de mi resumen de abril de 2013- y 20-En-15 (RCUD 2415/2013) –nº 71 del resumen de marzo de 2015-
13.- STS de 18 de abril de 2017 (RCUD 3997/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma el derecho de la demandante a participar en la convocatoria para la cobertura de vacantes convocada por Orden de 2 de mayo de 2012, aún cuando no reúne un requisito de sus bases (tener la misma categoría de la plaza solicitada), dado que éste incumple el art. 7 del V convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia que reconoce derecho a que participen cuantos tengan categoría del mismo grupo profesional (como era el caso), sin que obste a ello que no haya impugnado las bases de la convocatoria.
            NOTA: reitera el criterio de dos sentencias de 22-Dc-16 (RCUD 3982/2015 y 3998/2015) –recogidas en el nº 16 de mi resumen de marzo de 2017-.
14.- STS de 18 de abril de 2017 (RC 154/2016).- Sr. Moralo

            Doctrina: confirma la nulidad total del convenio colectivo de Lloyd Outsourcing SL por falta de legitimidad de quien lo negoció en representación de los trabajadores (un único delegado de personal) ex art. 87.1 ET, dado que su ámbito funcional era el de la empresa y ésta disponía entonces de tres centros de trabajo con más de veinte trabajadores cada uno, sin que pueda estimarse subsanado porque, más de dos años después y una vez celebradas elecciones en cuatro de sus centros de trabajo pero no en otros dos, se haya alcanzado un acuerdo por una comisión negociadora integrada por los elegidos para modificar varios artículos y ratificar el resto, sin que pueda reconducirse el ámbito del convenio al de los cuatro centros cuyos representantes negociaron la modificación.
            NOTA: recuerda sus precedentes de 11 y 25-En-17 (RC 24/2016 y 40/2016) –recogidas bajo el nº 29 de mi resumen de marzo de 2017-, y, respecto a la imposibilidad de reconducción del ámbito, las de 7-Mz-12 (RC 37/2011) y 9-Jn-15 (RC 194/2014) –nº 18 de mi resumen de octubre de 2015-, sin que haga mención a la de 23-Fb-17 (RC 146/2016) –nº 62 de mi resumen de abril de 2017-, en que sí se admitió, aunque por concurrir unas circunstancias excepcionales, que aquí no se dan
15.- STS de 20 de abril de 2017 (Error 6/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: 1) intentado corregir el error que se imputa a una sentencia mediante aclaración de ésta primero y promoviendo incidente de nulidad de actuaciones después, el plazo de tres meses para interponer la demanda previsto en el art. 293.1.a) LOPJ se inicia tras la notificación del auto que resuelve este último; 2) estima la demanda de error, al ser manifiesto el mismo, al limitar la condena del SPEE al pago de una de las dos mensualidades reclamadas por uno de los dos demandantes sin explicación alguna
16.- STS de 20 de abril de 2017 (RCUD 1826/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma que la empresa sucesora (en el caso, Navantia) responde solidariamente con la sucedida (en el caso, Izar Construcciones Navales SA) en el pago de la indemnización de daños y perjuicios derivados de contingencias profesionales (en el caso, enfermedad profesional por asbestosis) causadas por incumplimientos preventivos.
            NOTA: la sentencia lo funda en la aplicación analógica de lo ya sentado en materia de recargo de prestaciones -ver las sentencias recogidas bajo el nº 57 de mi resumen de julio de 2016-, como ya lo hizo en su sentencia de 8-Jn-16 (RCUD 1103/2015 –nº 76 de ese resumen-
17.- STS de 20 de abril de 2017 (RCUD 812/2015).- Sr. Agustí

            Doctrina: reconoce que no es exigible el requisito de puesta a disposición de la indemnización simultáneamente a la entrega de la carta de despido que contempla el art. 53.1.b) ET en los casos de despido colectivo con acuerdo que mejora la indemnización legal y establece su pago fraccionado en términos no abusivos, aún cuando con la entrega de la carta no se abone el mínimo legal, como en el caso (despido colectivo en Steria Ibérica SAU, con efectos del 28-Fb-13), y, por ello, revoca la declaración de improcedencia del despido basada en el incumplimiento de ese requisito.
            NOTA: menciona sus precedentes de 22-Jl-15 (RCUD 2161/2014, 2358/2014 y 2127/2014) –nº 27 de mi resumen de noviembre de 2015-, y 10-My-16 (RCUD 2878/2014) –nº 37 del resumen de julio de 2016-, que salvo en el caso de la tercera se refieren a trabajadores objeto del mismo despido colectivo. No menciona la de 12-My-16 (RCUD 3082/2014) –recogida en mi nota a la de 10 de mayo-, también referida a otro trabajador afectado por ese despido colectivo
18.- STS de 20 de abril de 2017 (RC 116/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: reconoce que el art. 35.5 ET no impone a las empresas (en el caso, a Abanca, Corporación Bancaria SA) el deber de registrar la jornada diaria de toda su plantilla a fin de comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horario de aplicación sino únicamente el de registrar las horas extraordinarias que realicen sus trabajadores.
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia, de Sala general, de 23-Mz-17 (RC 81/2016), en el caso de Bankia
19.- STS de 20 de abril de 2017 (RCUD 1480/2011).- Sr. Luelmo.- Votos particulares

            Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho el importe de la pensión (en el caso, de incapacidad permanente absoluta), determinado en función de una base reguladora calculada completando las lagunas de cotización en función del coeficiente de parcialidad del empleo inmediatamente anterior a cada laguna (y no como trabajador a tiempo completo), aún cuando la vida laboral del trabajador haya sido masivamente a tiempo completo (en el caso, sólo estuvo dos meses a tiempo parcial, inmediatamente anterior a una laguna de tres años), dado que el apartado b) de la regla 3ª del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la LGSS en su texto vigente al hecho causante así lo dispone y no han merecido el reproche del Tribunal Constitucional (sentencia 156/2014, de 25 de septiembre) ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 14-Ab-15, asunto C-527/2013).
            NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 16-Mz-17 (RCUD 1871/2013) –recogida con el nº 19 de mi resumen de mayo de 2017-. Existen dos votos particulares, de las magistradas Sras. Calvo y Virolés, defendiendo la confirmación de la sentencia por las especiales circunstancias del caso que debieron conducir a una interpretación flexible de la norma
**20.- STS de 20 de abril de 2017 (RC 67/2016).- Sra. Arastey

            Doctrina: reconoce que el acuerdo alcanzado en mediación previa de un conflicto colectivo por la empresa y sindicatos con legitimación suficiente para darle eficacia de un convenio colectivo, todos ellos demandados en otro planteado previamente por un sindicato minoritario (en el caso, UGT) que no se sumó a aquél, no priva a éste de su acción por pérdida sobrevenida de objeto, pues su previa interposición produjo el efecto de litis pendencia que impide plantear otros con idéntico contenido (art. 410 LEC) y, por ello, el acuerdo alcanzado es estéril para resolver la cuestión litigiosa doblemente planteada, con lo que está mal apreciada la excepción de falta de acción, debiendo devolverse las actuaciones a la Sala de instancia para que enjuicie la demanda de conflicto colectivo.
            NOTA: recuerda su sentencia de 20-Jn-11 (RC 99/2010) –nº 15 de mi resumen de octubre de ese año-, en que llegó a la misma solución en un caso en el que la “transacción” se alcanzó entre los demandados en el propio conflicto colectivo promovido por el sindicato minoritario
21.- STS de 20 de abril de 2017 (RC 192/2016).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que los vendedores de Unilever España SA no tienen derecho al bonus variable por consecución de objetivos contemplado en el art. 20 del convenio colectivo de la empresa por no tener la naturaleza de incremento retributivo del convenio siendo un complemento retributivo que viene de antiguo
22.- STS de 20 de abril de 2017 (Rev. 2/2016).- Sr. Luelmo

            Doctrina: no cabe revisar una sentencia que estima parcialmente el recurso de suplicación del trabajador y no impone, por ello, condena en costas en este último extremo por el hecho de que se haya condenado por falso testimonio al testigo presentado por la empresa, pues ese testimonio suyo no fue relevante para la resolución del citado recurso y, además, porque  no se ha justificado la interposición en plazo, al no aportar acreditación de la fecha en que se notificó la sentencia de la Audiencia Penal firme, lo que era carga suya
23.- STS de 20 de abril de 2017 (RC 145/2016).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma la nulidad del último párrafo del art. 25 del convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos por no venir justificado que los trabajadores ingresados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 no generen derecho al premio de vinculación a la empresa al cumplir 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de antigüedad en la misma, infringiendo el principio constitucional de igualdad ante la ley
24.- STS de 20 de abril de 2017 (RC 55/2016).- Sr. Luelmo

            Doctrina: confirma que el sistema de retribución variable establecido en el acuerdo de regularización de condiciones para el personal proveniente del Banco CAM que se ha integrado en el Banco de Sabadello SA, suscrito el 15 de junio de 2012, tiene vigencia indefinida desde el momento de su firma (condicionado a la subsistencia de las condiciones determinantes del mismo), al no ser inadecuado el procedimiento de conflicto colectivo, no prosperar las revisiones de hechos probados y no ser incongruente la sentencia dictada
**25.- STS de 20 de abril de 2017 (RCUD 701/2016).- Sala general.- Sr. Blasco.- Voto particular

            Doctrina: confirma que, de acuerdo con el art. 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992, la demora del FOGASA por más de tres meses en resolver una petición (en el caso, de salarios por insolvencia empresarial), ha de considerarse como estimada por silencio positivo y, por ello, carente de eficacia jurídica la dictada de forma expresa, con posterioridad, denegatoria de la solicitud, incluso aunque con ello puedan reconocerse prestaciones contrarias a la ley, sin perjuicio de que dicho Organismo interese la revisión de ese acto administrativo.
            NOTA; sigue la doctrina de la sentencia de 16-Mz-15 (RCUD 802/2014) –nº 34 de mi resumen de mayo de 2015-, ampliándola en el sentido del último inciso. El voto particular del Sr. De Castro, al que se adhieren cuatro magistrados, defiende que el silencio positivo no puede tener un efecto que suponga la transgresión de la legalidad. El criterio se reitera en otra sentencia, de la misma fecha y también de Sala general y similar voto particular (RCUD 669/2016)
26.- STS de 21 de abril de 2017 (RC 149/2016).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, de carácter colectivo y temporal, que efectuó el Instituto Nacional de Estadística el 2-Dc-15 tanto por no entregar la memoria explicativa de sus causas, exigida en el art. 20 del convenio colectivo único del personal laboral de la Administración del Estado, como por no haberse dado una negociación real, habiéndose limitado a intercambiarse correos electrónicos sin reunión presencial
27.- STS de 21 de abril de 2017 (RC 258/2016).- Sala general.- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma el ajuste a derecho del despido colectivo de 236 trabajadores de Ferrovial Servicios SA y de la reducción salarial del 5,25% en los salarios de 2014 y 2015 de su plantilla, inaplicando el convenio colectivo, en procedimiento iniciado el 7-Mz-14 y finalizado con acuerdo, por concurrir causas organizativas y productivas que lo justifican (reducción de la contrata por parte de RENFE Operadora) y resultar medidas proporcionadas.
            NOTA: reitera el criterio aplicado en su sentencia de 10-En-17 (RCUD 1077/2015) –recogida con el nº 23 de mi resumen de marzo de 2017- y las que en ésta se citan -expuestas en mi nota a la anterior-
**28.- STS de 21 de abril de 2017 (RC 84/2016).- Sala general.- Sra. Virolés.- Votos particulares

            Doctrina: 1) confirma la nulidad de las decisiones empresariales adoptadas por Panrico SAU a partir del acuerdo que alcanzó con UGT regulando el plan de reorganización de su Servicio de Logística, obtenido en el marco de la negociación del I convenio colectivo de la empresa, por constituir modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo adoptadas sin seguirse el cauce del art. 41 ET; 2) revoca la vulneración del derecho de libertad sindical de CCOO, en su vertiente de derecho a la negociación, por haberse excluido voluntariamente de la negociación de ese acuerdo.
            NOTA: existe un voto particular concurrente de la Sra. Arastey, discrepando únicamente de extremos de su fundamentación. Y hay otro voto, del Sr. Blasco, al que se adhieren cuatro magistrados, defendiendo la validez de las medidas porque el cauce seguido para su implantación cumple, en lo esencial, con las exigencias del art. 41 ET
29.- STS de 25 de abril de 2017 (RCUD 848/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que es cláusula delimitadora del riesgo (y no limitativa ni lesiva) y, por ello, válida, la que establece que el seguro de responsabilidad civil del empresario sólo alcanza a los siniestros que se comuniquen en un determinado plazo (en el caso, dentro de los dos años siguientes a la extinción de la póliza), con lo que no responde la aseguradora por la responsabilidad contractual del empresario derivada de un accidente de trabajo que se ha comunicado después de ese plazo.
            NOTA: recuerda su precedente de 18-Fb-16 (RCUD 3136/2014) –nº 40 de mi resumen de abril de 2016-
30.- STS de 25 de abril de 2017 (RCUD 4084/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: reconoce que, conforme al art. 235.1 LJS, no cabe imponer condena en las costas del recurso de suplicación desestimado al Servicio Madrileño de la Salud por disfrutar del beneficio de justicia gratuita.
            NOTA: cita un gran número de precedentes suyos, cuya mejor exposición se contiene en la de 23-Mz-17 (RCUD 1268/2015) –nº 32 de mi resumen de mayo de 2017-, razón por la que no volveré a citar más sentencias en igual sentido. Se reitera en otra de 3-My-17 (RCUD 2606/2015)
31.- STS de 25 de abril de 2017 (Rev. 19/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: desestima demanda de revisión basada en dos documentos que, en el caso de uno, pudo aportarse con el recurso de suplicación y, en el del otro, ya fue valorado en la sentencia que se quiere revisar, por lo que no concurre la causa del art. 510.1 LEC
32.- STS de 25 de abril de 2017 (RCUD 2570/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: el RCUD no es cauce para plantear por vez primera en el litigio la nulidad de un despido por fraude de ley, dado que no es esa su función, revela que no hay contradicción sobre la cuestión que plantea, ya que no la trató la sentencia de suplicación, sin que estemos ante una cuestión que proceda examinar de oficio.
            NOTA: sobre esto último cita su sentencia, de Sala general, de 19-Oc-15 (RC 99/2015) –nº 11 de mi resumen de febrero de 2016- en supuesto muy parecido; sobre el resto, su sentencia de 13-My-13 (RC 239/2011)
33.- STS de 25 de abril de 2017 (RC 198/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma la validez del acuerdo, de 13-Dc-10, alcanzado entre Cartográficas Canarias SA y la representación legal de sus trabajadores aplicando la reducción salarial del 5% prevista en la Ley autonómica canaria 7/2010, dado que ésta no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, a diferencia de la Ley autonómica 11/2010 (STC 196/2014, de 4-Dc, que anula su art. 41.1).
            NOTA: llamo la atención de esta sentencia, no por lo que resuelve sino por el resumen que hace el CENDOJ de la misma (no confirma la estimación de la demanda sino su desestimación; y no entra en juego la Ley 11/2010 sino la 7/2010) y algún extremo de su fundamentación jurídica (la mención a su sentencia de 12-En-17, RC 48/2016 –nº 32 de mi resumen de marzo de 2013-, cuando dice que es un supuesto análogo al de autos, puesto que lo que analiza es únicamente la cuestión relativa a la prescripción en un caso en el que la Ley en juego era la 11/2010 y, por ello, sí incidía la anulación de su art. 41.1), que resultan, a mi entender, manifiestamente erróneos
34.- STS de 25 de abril de 2017 (RC 147/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: confirma que los mandos intermedios y cuadros de la entidad pública Renfe Operadora, Renfe Fabricación y Mantenimiento SA, Renfe Viajeros SA, Renfe Mercancías SA y Renfe Alquiler de Material SA no tienen derecho a cobrar el complemento variable en el importe mínimo fijado para cada banda de referencia en función de la que esté encuadrado si no se cumplen los objetivos fijados por corresponder a una recta interpretación de la cláusula IV del XII convenio colectivo de Renfe  y la 18ª del XIV convenio
**35.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 379/2016).- Sala general.- Sr. Sempere.- Votos particulares

            Doctrina: confirma que la indemnización por despido colectivo a que tienen derecho los trabajadores de Ediciones El País SA afectados por el despido colectivo de noviembre de 2012 es la pactada en el acuerdo transaccional del litigio seguido por dicho despido colectivo, alcanzado el 14-En-13 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y no la superior garantizada en el acuerdo de fin de huelga en el grupo PRISA, en la primavera de 2011, puesto que éste permitía su alteración mediante pactos posteriores alcanzados a nivel de empresa.
            NOTA: la sentencia tiene dos votos particulares: 1) de la Sra. Segoviano, al que se adhieren cuatro magistrados, que defiende el derecho a la diferencia indemnizatoria reclamada en el litigio; 2) de la Sra. Calvo, que comparte el pronunciamiento pero discrepa de parte de su fundamento, considerando que el acuerdo de fin de huelga no admitía pactos posteriores con menor indemnización pero el acuerdo transaccional podía disponer de ese derecho. El criterio se reitera en dos sentencias de 27-Ab-17 (RCUD 279 y 280/2016) y otra del 28 (RCUD 490/2016), aunque se anuncia una más, deliberadas en la misma fecha (RCUD 286/2016), que no incluiré cuando se publique en el CENDOJ
**36.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 3050/2015).- Sala general.- Sr. De Castro.- Voto particular

            Doctrina: confirma que la fecha inicial de cobro de la pensión de incapacidad permanente total para profesión que dispone de un régimen jurídico con segunda actividad (en el caso, policía municipal de la Comunidad Valenciana) es desde el cese completo en la profesión, sin que pueda compatibilizarla con la situación de segunda actividad al amparo del art. 141 LGSS-1994, ni siquiera tras la reforma dada por Ley 27/2011 y pese a la exposición de motivos de ésta.
            NOTA: la sentencia hace un historial de sus resoluciones sobre la segunda actividad y las incapacidades permanentes profesionales. El voto particular del Sr. Agustí, al que se adhieren dos magistradas, defiende la compatibilidad de lesa clase de pensión con la situación de segunda actividad
37.- STS de 26 de abril de 2017 (RC 173/2016).- Sra. Segoviano

            Doctrina: confirma que no contraviene la disposición adicional decimoctava del RDL 20/2012, de 13 de julio, que a los controladores de tránsito aéreo de ENAIRE (ex AENA) que hayan iniciado situación de incapacidad temporal a partir del 15-Oc-12 se les complemente la prestación de seguridad social conforme a las previsiones del art. 138 del II convenio colectivo profesional entre esa entidad y el colectivo de controladores de tránsito aéreo, dado que no se ha acreditado que los derechos reconocidos en éste sean de menor cuantía que los previstos en esa norma legal.
            NOTA: reitera el criterio de su sentencia de 23-Sp-15 (RC 106/2014)
38.- STS de 26 de abril de 2017 (RC 195/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: confirma la validez de los acuerdos de adaptación en materia de créditos y permisos sindicales, y de derechos sindicales ADIF Alta Velocidad, suscritos el 29-En-15 por el comité general intercentros y ADIF, sin que vulnere el derecho de libertad sindical y a la negociación colectiva de CGT porque su alcance es adaptar los arts. 577 a 585 de la normativa laboral incorporadas al I convenio colectivo de ADIF a las limitaciones establecidas en el art. 10 del RDL 20/2012 con efectos del 1-Oc-12, habiendo intervenido el sindicato en su negociación
**39.- STS de 26 de abril de 2017 (RC 243/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: confirma que se aplica el efecto “virtual” de la cosa juzgada contemplado en el art. 400.2 LEC si, como en el caso, se impugna la validez de la modificación del convenio colectivo de Telefónica 2011/2013 en materia de Planes de Pensiones y Prestación de Supervivencia, efectuada en acuerdos de 26-Mz-13 (BOE 13-My-13), dado que ya se juzgó su nulidad en litigio resuelto en STS de 14-Sp-15 (RC 204/2014) –número 39 de mi resumen de noviembre de 2015- en base a argumentos parecidos pero que, en todo caso, pudieron plantearse en ese pleito previo
40.- STS de 26 de abril de 2017 (Rev. 9/2016).- Sr. Sempere

            Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia revocatoria de un TSJ, que declara procedente un despido disciplinario por distinta valoración jurídica de los mismos hechos que llevaron al Juzgado a declararlo improcedente, dado que esa circunstancia revela que no se ha obtenido mediante la maquinación fraudulenta prevista en el art. 510.1.4ª LEC invocada como causa de revisión
41.- STS de 27 de abril de 2017 (RCUD 1903/2014).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: de oficio, anula la sentencia del TSJ por no ser susceptible de recurso de suplicación la del Juzgado de lo Social recaída en litigio en que se reclaman 2.227,14 euros como diferencias salariales en el plus de convenio durante trece meses, por absorber en el mismo el incremento de convenio, con las posteriores que se produzcan hasta sentencia, pues aunque con éstas se rebasara la cifra de 3.000 euros, la cuantía del litigio se determina por las diferencias en un año, conforme al art. 192.3 LJS
42.- STS de 27 de abril de 2017 (RC 95/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la consolidación de la reducción de jornada y salario adoptada en su día en un ERTE, firme, que afectó a los trabajadores de CCOO de Andalucía, con opción a la extinción de los contratos de trabajo, dado que: 1) se ha acreditado que concurre la circunstancia prevista entonces para esa consolidación; 2) no constituye grupo laboral con la Confederación Estatal ni con las Federaciones Estatales de CCOO, al no constar situación de confusión de plantillas o patrimonios
**43.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 3452/2015).- Sra. Arastey

            Doctrina: confirma la condena de la aseguradora de la responsabilidad civil de un empresario al pago de los intereses moratorios del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro generados desde la fecha del accidente de trabajo (y no desde la fecha de la sentencia que reconoce y fija la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios derivados del mismo), al no ser causa que, conforme al apartado 8 de ese precepto, exonere de esos intereses la mera falta de determinación líquida de la indemnización, máxime cuando ni tan siquiera ofreció una cuantificación.
            NOTA: la sentencia recopila casos en los que sí ha estimado improcedente el devengo de esos concretos intereses, pero descarta que estemos en supuesto análogo
**44.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 385/2015).- Sr. De Castro

            Doctrina: confirma que las primas de seguro de vida y médico, así como de un plan de jubilación, tienen naturaleza salarial ex art. 26.1 ET y, por ello, son computables como tal salario en la determinación de la indemnización por despido.
            NOTA: en cuanto al seguro de vida, recuerda su precedente de 2-Oc-13 (RCUD 1297/2012)
45.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 2238/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: revoca el ajuste a derecho de la extinción del contrato de trabajo de trabajador de Telefónica por jubilación forzosa al cumplir 65 años, efectuado por ésta al amparo del art. 11.2 del convenio colectivo de empresa 2011/2013, dado que dicha medida no estaba vinculada con la creación o el fomento del empleo, siendo revelador que entre 2012 y 2013 se han producido 6.000 bajas más que altas en la empresa.
            NOTA: recuerda sus sentencias de 11-My-16 (RCUD 2530/2014) y 28-Ab-16 (RCUD 3062/2014) –recogidas con los números 40 y 19 de mi resumen de julio de 2016- y las citadas en mi nota a esta última. Dado que en el caso el Juzgado de lo Social había declarado la extinción como despido improcedente y únicamente recurrió en suplicación la empresa ante el TSJ, lo que hace el TS al estimar el RCUD es desestimar el recurso empresarial y, con ello, dejar firme el del Juzgado de lo Social, sin entrar a analizar si tal era la calificación que procedía o la de nulidad del despido
46.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 1068/2015).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce que, conforme al art. 2.a) LJS, corresponde a los tribunales laborales (y no a los civiles) enjuiciar demanda de una empresa frente a ex trabajadores suyos y las sociedades constituidas por éstos vigente la relación laboral, reclamándoles indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal
47.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 2096/2015).- Sr. Gilolmo

            Doctrina: reconoce que constituye un despido nulo, por no haber seguido los trámites propios del despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo de indefinidos no fijos en el Ayuntamiento de Los Barrios por amortización de plazas en su RPT en número que supera los umbrales propios del mismo, siendo irrelevante que la extinción contractual fuese anterior a la vigencia del RDL 3/2012 (concretamente, el 31 de enero de 2012), aplicando el cambio de doctrina iniciado en STS de 24-Jn-14 (RCUD 217/2013), sin que con ello se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento ni el principio de seguridad jurídica y sin que sea preciso plantear cuestión prejudicial al TJUE, dado que no se sustenta en la aplicación de la Directiva 98/59 (que, además, no afecta a las Administraciones Públicas).
            NOTA: reitera el criterio de la STS de 30-Mz-17 (RCUD 961/2015), de Sala general –nº 46 de mi resumen de mayo de 2017-, incluido el rechazo a plantear cuestión prejudicial. Se reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 1050/2015)
48.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 3209/2015).- Sr. Luelmo

            Doctrina: reconoce que procede recurso de suplicación, y sin que sea preciso examinar el requisito de contradicción, contra la sentencia que dirime impugnación de sanción de extinción de prestación por desempleo, al amparo del art. 191.3.g) LJS, dado para determinar si la cuantía del litigio excede de 18.000 euros, el criterio preferente, conforme al art. 192.4 LJS, no es el importe anual de la prestación sino el contenido económico del acto que, en el caso, ha de determinarse por el importe de la prestación dejada de percibir por la extinción, que en el caso rebasa dicha cifra.
            NOTA: cita como precedentes suyos las sentencias de 23-Jn-15 (RCUD 1940/2014) –nº 42 de mi resumen de octubre de 2015- y 5-My-04 (RCUD 3871/2002), aunque en el caso de la primera se sustentaba en que era sanción por falta muy grave
49.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 3850/2015).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma el derecho a pensión de viudedad como pareja de hecho del causante por estimar cumplido el requisito de constitución formal como tal pareja por la inscripción efectuada en el registro de parejas de hecho local (en el caso, Vigo), aunque no lo estuviera en el autonómico (Galicia), conforme a lo previsto en el art. 174.3 LGSS-1994 en su párrafo cuarto, al haberse declarado la inconstitucionalidad de su párrafo quinto por STC 40/2014, de 11 de marzo
50.- STS de 9 de mayo de 2017 (RC 115/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, ex art. 84.2 ET, no se extiende a los convenios colectivos de ámbito inferior al de una empresa y, por ello, confirma la nulidad de los artículos 10 a 20 del convenio de Mansegur Seguridad Privada SA para los trabajadores de la Comunidad de Madrid, ya que contienen regulación incompatible con la del convenio colectivo estatal para empresas de seguridad en términos que el propio recurso empresarial no discute, siendo una empresa extendida por todo el territorio nacional y con otro convenio colectivo de ámbito nacional.
            NOTA: recuerda lo resuelto en su sentencia de 22-Sp-16 (RC 248/2015) –recogida con el nº 41 de mi resumen de noviembre de 2016-, en un caso similar de otra empresa de seguridad
**51.- STS de 9 de mayo de 2017 (RCUD 1806/2015).- Sr. Moralo

            Doctrina: reconoce que la extinción del contrato de trabajo del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba la demandante genera derecho a la indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET y no a ninguna (como lo resolvió el TSJ), sin que obste a ello que haya sido en el propio RCUD cuando por vez primera se pide la indemnización por la extinción del contrato de trabajo y, concretamente, la prevista en el art. 49.1.c) ET.
            NOTA: aplica expresamente el cambio de criterio del TS expresado en su sentencia, de Sala general, de 28-Mz-17 (RCUD 1664/2015) –número 77 de mi resumen de abril de 2017-, pero si destaco esta sentencia no es por ello sino porque sostenga la existencia de contradicción y niegue que sea incongruente reconocer la indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET y no la pedida
**52.- STS de 9 de mayo de 2017 (RC 85/2016).- Sr. López García de la Serrana

            Doctrina: confirma: 1) que el comité de empresa de uno de los centros de trabajo de ésta (en el caso, el del centro de Sevilla de Ayesa Advanced Technologies SA), aún cuando represente a la mayor parte de los trabajadores de la empresa, no está legitimado para demandar por conflicto colectivo la impugnación del Plan de Igualdad de toda la empresa, ya que su ámbito de representación es inferior al del conflicto; 2) la nulidad de ese Plan de Igualdad por haberlo impuesto la empresa unilateralmente (lo que no cabe, ex art. 45.3 de la LO 3/2007, de 22 de marzo), máxime tras fracasar una negociación que no se sujetó, como debía, a lo dispuesto en los arts. 88 y 89 ET.
            NOTA: en cuanto al punto 1), recuerda sus precedentes de 2-Jl-12 (RCUD 2086/2011) –recogida con el número 36 de mi resumen de octubre de 2012-, 24-Fb-16 (RC 268/2013) –número 51 del resumen de abril de 2016- y 30-Jn-16 (RC 231/2015) –número 33 del resumen de octubre de 2016-, aunque esta última no trata exactamente esa cuestión. Sin embargo, a mi juicio, su mayor interés radica en el punto 2
**53.- STS de 10 de mayo de 2017 (RCUD 1246/2016).- Sr. Blasco

            Doctrina: reconoce la nulidad del despido de un trabajador fijo discontinuo no llamado por su empresario por un acuerdo de fin de huelga en el que se pactó que los trabajadores afectados por la falta de llamamiento demandarían por despido y la empresa lo conciliaría reconociendo la improcedencia con indemnización de 25 días de salario por año de servicio, superando el número de afectados los umbrales del art. 51 ET y todo ello debido a un sustrato de causas económicas y productivas, dado que las extinciones debieron encauzarse como despido colectivo por imperativo del art. 51 por cumplirse los requisitos numérico, temporal y causal del mismo, sin que los acuerdos de fin de huelga pueden enervar esa exigencia legal.
            NOTA: sigue la doctrina de su sentencia de 8-Jl-12 (RCUD 2341/2011), citada de contraste, y recuerda las más recientes de 17-My-16 (RCUD 3037/2014) –número 51 de mi resumen de julio de 2016- y 14-Mz-17 (RCUD 2019/2015) –número 13 del resumen de mayo de 2017-, aunque lo novedoso del caso radica en la irrelevancia que asigna al acuerdo de fin de huelga. El CENDOJ anuncia dos sentencias más (RCUD 1623/2016 y 1247/2016) deliberadas en la misma fecha
54.- STS de 11 de mayo de 2017 (RC 5/2016).- Sra. Virolés

            Doctrina: 1) confirma la validez del art. 21.B) del III convenio colectivo de empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia para la CA de Castilla-La Mancha, sobre dispositivos de localización, por no contravenir los preceptos que se aduce (art. 34 ET y arts. 8, 9 y 10.4 y 5 del R. Decreto 1561/1995), teniendo en cuenta que las guardias de localización no son tiempo de trabajo; 2) reconoce la nulidad de su apartado 8, en cuanto asigna a la comisión paritaria del convenio una función que es negociadora, contraviniendo el art. 91 ET
55.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 3130/2015).- Sra. Segoviano

            Doctrina: reconoce que el acceso a la jubilación parcial con 60 años al amparo de la disposición transitoria segunda del RDL 8/2010, de 20 de mayo, no procede si, como en el caso, se pide con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 (aquí, el 15 de abril de 2013, teniendo la edad de 60 años), aún con acuerdo colectivo anterior a su vigencia y comunicado al INSS, dado que ese requisito no se ha modificado por la normativa posterior.
            NOTA: recuerda su sentencia de 14-Sp-16 (RCUD 2176/2015) y las que en ella se citan –véase la recogida con el número 18 de mi resumen de noviembre de 2016, en cuya nota las cito-
56.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 1495/2015).- Sr. Sempere

            Doctrina: confirma, por falta de contradicción, la sentencia del TSJ que confirmó la desestimación de una demanda de tutela de derechos fundamentales (acoso) por falta de acción, derivada del finiquito firmado en conciliación alcanzada en litigio previo por despido, al no concurrir la similitud exigida para ello tanto en su redacción como en su contexto, de necesaria toma en consideración a efectos de determinar su validez como acuerdo transaccional.
            NOTA: la sentencia, además, recopila criterios de la Sala en materia de finiquitos
57.- STS de 12 de mayo de 2017 (RC 210/2015).- Sala general.- Sr. Agustí

            Doctrina: confirma al ajuste a derecho del despido colectivo, sin acuerdo, en Santa Bárbara Sistemas SA iniciado el 1-Mz-13, de seiscientos trabajadores, dado que: 1) las deficiencias formales en su tramitación no han impedido que el período de consultas cumpliera con su finalidad, garantizando una adecuada negociación, aunque no se haya logrado acuerdo; 2) concurren causas económicas y de producción que lo justifican (en 2012, pérdidas de 47,2 millones de euros en la empresa y de 332 millones en el grupo; disminución de un 29,11% en los ingresos por ventas en ese año, tras haber disminuido en 88 millones de euros desde 2008 a 2011), siendo proporcional la medida adoptada en relación a dichas causas (máxime, al reducirse en noventa y tres el número de trabajadores afectados y asumirse el criterio de voluntariedad, al que se acogió el 77,4% de ellos y se complementó la indemnización sobre la mínima legal); 3) se plantean en fase de recurso cuestiones nuevas, de imposible examen
58.- STS de 16 de mayo de 2017 (RC 129/2016).- Sr. Gullón

            Doctrina: confirma que CGT no tiene derecho a integrar el banco social del XXIII convenio colectivo de Banca Privada, dado que no supera el 10% de representantes unitarios en el sector, exigido en el art. 87.2 ET