sábado, 12 de agosto de 2017

STS 12/07/2017 (Rec. 32/2017): LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTRO DE DISOLVER UNA SOCIEDAD ESTATAL CONLLEVA LA EXISTENCIA DE JUSTIFICACIÓN PARA PROCEDER A UN DESPIDO COLECTIVO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE APRUEBA LA DISOLUCIÓN. VOTO PARTICULAR


PONENTE: BLASCO PELLICER
Despido Colectivo en Sociedad Estatal RUMASA, S.A. que afecta a la totalidad de la plantilla (8 trabajadores). Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la extinción de la sociedad. Junta General Extraordinaria en la que se acuerda la disolución de la sociedad y el nombramiento de un liquidador social único. Concurrencia de causa de disolución y de causa productiva. La sentencia de instancia declaró el despido no ajustado a derecho porque no se había probado el cese total y efectivo de la actividad. Se estima el recurso por cuanto que, concurrente causa legal de disolución de la sociedad y, además, causa productiva, la única actividad subsistente en la fecha del despido colectivo era la de liquidación que no se llevaba a cabo por la empresa sino por la entidad liquidadora. Voto particular
ID CENDOJ STS 3123/2017



ACCESO A LA SENTENCIA (CENDOJ)

* LA DOCTRINA CASACIONAL EN MATERIA DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES Y LA VÍA DEL DESPIDO COLECTIVO PARA EXTINGIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO:
No es simple determinar la vía de finalización de los contratos de trabajo en el supuesto de disolución acordada por los órganos societarios o, en el caso de entes o sociedades públicas, por decisión administrativa o normativa de la correspondiente Administración pública. Dicho supuesto está expresamente contemplado –aunque en forma ciertamente parca-en el último párrafo de la letra g) del apartado 1 del artículo 49 TRLET, remitiendo sin mayores consideraciones a los “trámites” del artículo 51 del mismo cuerpo legal; previsión que se completa con el genérico redactado del art. 30 RD 1483/2012, conforme al cual este supuesto “se regirá por el procedimiento establecido en el capítulo I del Título I de este Reglamento incluidas las disposiciones relativas a las medidas sociales de acompañamiento y al plan de recolocación externa
En estos casos surge la duda de si ese régimen de remisiones al procedimiento ordinario de despido colectivo es íntegro o debe ser interpretada en forma flexible. Una flexibilidad que podría entenderse deriva de la innecesariedad de que la empresa justifique los motivos de fondo, siendo los efectos de esa remisión de mera tramitación.
La STS 26.06.2014 –Rec. 219/2013.-optó por la plena aplicación de las obligaciones de documentación del artículo 51 TRLET, negando la eficacia a una memoria genérica en la que se hacía mención a la tramitación legislativa de un proyecto de ley por el que se extinguía la personalidad jurídica de una agencia autonómica. Sin embargo, esa lógica hermenéutica fue posteriormente matizada por la STS 03.12.2014 – Rec. 201/2013, con voto concurrente y con el antecedente de la STS 23.09.2014, Rec. 52/2014 con voto particular al respecto-, limitando la plena aplicación del artículo 51 TRLET a la disolución de las sociedades acordada por la Junta General de Accionistas por mera y exclusiva voluntad societaria del artículo 368 TRLSC y a la denuncia del contrato en sociedades personalistas del art. 224 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, pero no así en los casos de extinción de la personalidad de otras realidades, en especial de personas jurídicas no societarias (en el caso analizado en dicha sentencia, una Fundación del sector público), al considerar que el tipo extintivo del artículo 49.1 g) TRLET constituye una realidad autónoma, siendo los efectos de remisión al artículo 51 de mera tramitación formal.
Pero al margen de dichos supuestos, la liquidación de una sociedad puede ser acordada –ciertamente con carácter excepcional-por decisión administrativa (especialmente, en el sector financiero y de seguros, así como en las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social) o judicial –al margen del procedimiento de concurso-. Precisamente por el mentado carácter excepcional es éste un aspecto prácticamente inédito en la doctrina judicial, salvo alguna reflexión puntual en relación a si en estos casos es o no aplicable la obligación contemplada en el artículo 51.9 ET (véase la SAN 04.11.2013 –núm. actuaciones 388/2013-, confirmada por la STS 07.07.2015 –Rec. 184/2014-). Sin embargo, surgen las evidentes dudas relativas a si dichos supuestos son equiparables a fuerza mayor impropia, por “factum principis”. Aunque en principio así podría entenderse, cabe no obviar el contenido de la STJUE 03.03.2011 (asuntos acumulados C-235/10 a C-239/10, Claes e. a.,) en la que se llega a la conclusión de que la Directiva 98/50/CEE es aplicable al cese de las actividades de un establecimiento declarado por una decisión judicial que ordena la disolución y liquidación societaria por insolvencia, aun cuando la legislación nacional disponga la resolución inmediata de los contratos de trabajo de los trabajadores.

* SOBRE EL SUPUESTO DE HECHO ANALIZADO EN LA SENTENCIACOMENTADA (FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO):
 “2.-La sentencia recurrida no opone excepción alguna a la concurrencia de válida causa de disolución de la sociedad que considera concurrente y sobre cuya realidad y pertinencia no se discute. En efecto, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la extinción de la Sociedad Estatal RUMASA, S.A., la Junta General de Accionistas acordó: la disolución de la Sociedad; el nombramiento como liquidador social único a la empresa COFIVACASA SAU; añadir a la denominación social la expresión "en liquidación" y cesar a los administradores. La disolución de la sociedad se basó en el apartado b) del artículo 363.1 LSC que establece la obligación de disolverse la sociedad ("La sociedad de capital deberá disolverse") en el supuesto de "conclusión de la empresa que constituya su objeto". Estamos, por tanto, en presencia de una causa legal de disolución que opera por la desaparición del objeto social; en este caso concreto, porque la actividad que constituía aquél objeto había concluido en la medida en que habían finalizado todos los pleitos cuya gestión constituía el cometido principal de la sociedad y, con la liquidación, se iban a realizar los escasos bienes inmuebles y activos financieros que conservaba la entidad, cuya administración dejaba de tener sentido alguno. Ningún reproche, por tanto, cabe efectuar a la concurrencia de causa legal de disolución-que ni siquiera resulta cuestionada en la sentencia-, por lo que, en aplicación de nuestra propia doctrina habría que entender concurrente la causa”.

* SOBRE EL MARCO LEGAL REGULADOR DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO (FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO):
1.-La LSC dispone, entre otras precisiones, que "la disolución de la sociedad abre el período de liquidación", que "la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación»" (artículo 371 LSC). Igualmente prevé que "a los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad" (artículo 384 LSC). Y, también, que "a los liquidadores corresponde percibir los créditos sociales y pagar las deudas sociales" (artículo 385 LSC) y que "deberán enajenar los bienes sociales" (artículo 387 LSC). De tales preceptos y, en general de las previsiones de la LSC en punto a la disolución y liquidación de la sociedad se desprende que, existiendo causa legal de disolución, la sociedad debe extinguirse para lo que se deben realizar las operaciones necesarias en orden a su liquidación mediante la realización de créditos, el pago de las deudas, la realización del activo material mobiliario e inmobiliario y el reparto del sobrante entre los socios. En este marco, resulta evidente que la extinción de los contratos de los trabajadores de la empresa en liquidación y el abono de las correspondientes indemnizaciones y conceptos salariales que pudieran generarse constituyen unas operaciones intrínsecas a la de liquidación de la sociedad que, necesariamente, deberán ser llevadas a cabo por los liquidadores como parte de la obligación que la ley les impone.
 Consecuentemente, la argumentación según la que en los casos de liquidación de la sociedad, consiguiente a su disolución, la causa extintiva del artículo 49.1 g) ET consistente en la extinción de la personalidad de la contratante no opera si no se acredita el cese total de las actividades liquidatorias no resulta ajustada a derecho. En efecto, concurrente causa legal, la disolución de la sociedad deviene imperativa por ministerio de la ley (artículo 361 LSC) y, acordada la misma por el órgano competente (la Junta General de accionistas) con nombramiento de liquidadores, la sociedad carece de actividad entendida como cumplimiento de su objeto social-más aún en un supuesto como el de autos en el que la disolución se debe, precisamente, a la conclusión de la empresa que constituía su objeto-. Consecuentemente, concurre la causa extintiva del artículo 49.1.g) lo que determina que los liquidadores tengan la obligación-en cumplimiento de las exigencias establecidas por la LSC-de tramitar el correspondiente despido colectivo para hacer efectiva la causa extintiva de los contratos de trabajo que subsistan en la empresa. Por tanto, salvo supuestos de fraude-que no han sido alegados ni, tampoco, acreditados en el presente supuesto-la disolución de la sociedad llevada a cabo legalmente implica, de suyo, la concurrencia de la mencionada causa extintiva que, en principio, afecta a todos los contratos de trabajo que subsistan en el momento de la disolución.
La LSC no contempla en modo alguno que el liquidador continúe con la actividad de la empresa mientras realiza las actividades normativamente previstas a tal fin; antes bien al contrario, la liquidación es una actividad económica distinta de la que constituía la propia actividad económica de la empresa disuelta. Desde el punto y hora en que la sociedad deja de operar porque se ha acordado su disolución por finalización de las actividades que constituían su objeto social, se ha nombrado a los liquidadores y, por ministerio de la ley, se ha transformado en una sociedad en liquidación, hay que considerar concurrente la causa extintiva, cuya ejecución debe ser llevada a cabo por los liquidadores en el momento que estimen más oportuno para la mayor satisfacción de los intereses derivados de las operaciones liquidatorias que llevan a cabo”.

* VOTO PARTICULAR FORMULADO POR EL SEÑOR AGUSTÍ, AL QUE SE ADHIEREN LAS SEÑORAS SEGOVIANO Y VIROLÉS
2. Ya decía en el encabezamiento de esta tercera consideración que, en mi opinión, resulta carente de explicación lógica-y añadiré ahora que me causan perplejidad-los razonamientos de la mayoría de la Sala en el cuarto de los fundamentos jurídicos de su sentencia, que he trascrito en gran parte. Esta perplejidad deviene no sólo del distinto enfoque que se da a la cuestión controvertida-existencia o no de causa productiva que justifique el despido de los ocho trabajadores de la empresa RUMASA, invocada por ésta y negada en la sentencia recurrida-sino también a que el fundamento jurídico se construye sobre distintas consideraciones jurídicas acerca de como se afronta por la LSC la ,liquidación, de una sociedad, una vez acordada su disolución, y cuál es el papel o ,rol, de los liquidadores. Pues bien sobre todo ello nada han discutido las partes y ninguna referencia se efectúa a ello en toda la sentencia recurrida, salvo consignar en el hecho probado cuarto que la empresa COFIVACASA SAU fue nombrada liquidador social único, y constar en el hecho probado séptimo que dicha empresa estuvo en la primera reunión celebrada con la Comisión Representativa de los Trabajadores (CRT) haciendo entrega de la memoria explicativa y el resto de la documentación. Ninguna otra mención se efectúa en la sentencia a dicha empresa ni a cual haya sido el rol desempeñado en cuanto al proceso de liquidación de RUMASA, haciendo únicamente mención en el fundamente jurídico quinto de que no consta la finalización del proceso liquidador.
Nos dice la mayoría de la Sala que la ,LSC no contempla en modo alguno que el liquidador continúe con la actividad de la empresa mientras realiza las actividades normativamente previstas a tal fin; antes bien al contrario, la liquidación es una actividad económica distinta de la que constituía la propia actividad económica de la empresa disuelta,. Pues bien, naturalmente que ello es así y lo comparto. Pero ésta no es la cuestión objeto de controversia, y a la que da respuesta la sentencia de instancia, en función naturalmente de la causa productiva invocada por la empresa demandada para proceder al despido, y negada por los demandantes, los cuales en el escrito de demanda alegan que, a pesar de la disolución formal de la sociedad, no ha existido un cese de la actividad empresarial de RUMASA. Precisamente, porque ésta es la cuestión realmente controvertida y no la del proceso de liquidación, es por lo que la Sala de instancia, tras la valoración de la prueba practicada, sienta como hemos probados los que he destacado al inicio de este voto particular. Es en este sentido, que en la sentencia recurrida se afirma que RUMASA-y no COFIVASA como parece insinuar la postura mayoritaria, sin ninguna base fáctica-sigue gestionando la administración de los inmuebles y demás activos financieros que aún se mantienen en la actualidad, y esta actividad empresarial que se mantiene en la actualidad, la desarrollan los ocho trabajadores despedidos, llevando a cabo las funciones de director de ventas, un director de administración, dos documentalistas, un jefe de contabilidad y dos secretarias.

Estos hechos probados-que tienen su propio lenguaje-no pueden ser pasados por alto y enervados por las descritas disquisiciones jurídicas, que efectúa la posición mayoritaria en el fundamento de derecho cuarto de su sentencia, construyendo una tesis abstracta sin base fáctica alguna. Lo cierto es, que en paralelo a un proceso de liquidación-con respecto al cual únicamente sabemos que no ha finalizado, pero no como se ha desarrollado-RUMASA ha continuado con parte de su actividad empresarial, actividad-que podrá ser todo lo irregular que se quiera, pero que existe-y que llevan a cabo por cuenta y bajo las órdenes de dicha empresa los ocho trabajadores despedidos. De ahí, que como acertadamente señala la sentencia recurrida no concurra una causa productiva-alegada-de suficiente entidad como para despedir a la totalidad de la actual plantilla de la empresa integrada por los ocho trabajadores despedidos, decisión empresarial ésta que la Sala de instancia califica-en mi opinión acertadamente-de no proporcional ni razonable, por lo que declara no ajustado a derecho el despido colectivo